Alberto Pérez (Coportavoz de EQUO Sevilla).
Los responsable de esta Crisis económica = Fraude son las entidades financieras. Es algo que debemos repetir constantemente para que no se olvide y para poder analizar el origen de muchas de las medidas que los Gobiernos están tomando y así tener claro a quien beneficia.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, nos pretende hacer creer, que son los Ayuntamientos junto con las Comunidades Autónomas los que han contribuido a la generación de déficit público, y no la financiación pública de la deuda PRIVADA (el rescate de las entidades financieras que se ha convertido en deuda pública con el fin de garantizar el cobro a aquellas entidades financieras extranjeras (mayormente alemanas) que dieron crédito a los bancos españoles para la fiesta del crédito).
Es decir, el Ministro de Hacienda ha encontrado un nuevo chivo expiatorio: los Ayuntamientos y para hacerles pagar su parte alícuota de crisis ha elaborado el Anteproyecto de Ley de Reforma de las Haciendas Locales.
¿Cómo afecta esta Reforma de las Administraciones Locales a nuestro municipio?
Las competencias del Ayuntamiento se pueden ver seriamente mermadas. El Anteproyecto habla de la eliminación de duplicidades, cuando sería más propio hablar de competencias compartidas entre las Administraciones.
El objetivo que se pretende alcanzar es dejar a los Ayuntamientos reducidos a su mínima expresión, ser tutelados por las Administraciones del Estado superiores, -Comunidad Autónoma, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, siendo despreciados como parte integrante de la organización del Estado y obviando, muy intencionadamente, su igualdad con el resto de las Administraciones.
La supuesta racionalización de la estructura organizativa de los Ayuntamientos lo que plantea en suma es la privatización de los servicios públicos. La Reforma reconoce como uno de sus objetivos la promoción de la iniciativa económica privada al evitar intervenciones administrativas desmesuradas. Más mercado, ni más ni menos, para cubrir las necesidades sociales de la ciudadanía.
¿Como?: El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será el encargado de fijar un coste estándar para todos y cada uno de los servicios prestados. La fijación de este coste marcará que servicios puede prestar el Ayuntamiento y cuales no. Si el Ayuntamiento es capaz de realizarlos por debajo de ese coste continuará llevando a cabo esos servicios. En el caso de que su coste sea superior a esa media, los servicios serán prestados por la Comunidad Autónoma. Pero ¿Y si la Comunidad Autónoma no tiene financiación para asumir estos nuevos servicios? Es ahí donde entra el Gobierno Central y las Empresas Privadas.
Esto supone la creación de un gran negocio para las grandes empresas, que verán como se generan lotes de servicios a prestar en decenas de Ayuntamientos que serán objeto de contratación pública. No se puede olvidar que el ánimo de la empresa privada es el beneficio industrial y no la cobertura de necesidades y demandas de la población, ni la calidad del servicio prestado.
En resumen, se trata de debilitar la democracia local mediante la reducción de sus competencias a la mínima expresión, la anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualquier otra consideración en la gestión municipal y la privatización de los servicios públicos municipales.
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