María Teresa García García. Secretaría de Mujer de CCOO.
Las consecuencias sociales generadas por las políticas con que se está queriendo hacer frente a la crisis económica y, más concretamente, aquellas que a partir de 2010 se han consolidado en forma de “políticas de austeridad”, están profundizando en la situación de desigualdad que aqueja al conjunto de nuestra sociedad, y muy significativamente, al camino que se venía recorriendo de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que había sido objeto de una sensible mejora a partir de la universalización de determinados derechos, como la salud, la educación y las pensiones, así como en virtud de legislaciones específicas y de nuevas orientaciones de políticas.
De entre las legislaciones específicas, es especialmente importante señalar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.
No obstante, su complejidad, unida a su eminente vinculación con otras normas, políticas y medidas, así como el hecho de que su andadura coincidiera con el inicio de la crisis, han menoscabado seriamente todo su potencial.
En cuanto a las nuevas orientaciones de políticas convencionales, es especialmente importante referir aquí todo lo relativo a la inclusión de los derechos reproductivos y sexuales que han tenido una de sus más importante plasmaciones en la legislación que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo, hoy en serio peligro; pero también son significativas la progresiva extensión de la escolarización temprana así como la legislación que establece la atención a las personas en situación de dependencia como un derecho enmarcado en el modelo de Estado del Bienestar.
Sin embargo el modo en que se ha afrontado la crisis y las políticas que se han articulado para ello, que han ido sumergiéndose más y más en el pensamiento ultraliberal en lo económico y ultraconservador en lo ideológico, no han hecho sino poner en cuestión tanto implícita como explícitamente estos logros, situando en un primer plano el incremento de la desigualdad en nuestro país, así como la dejación en la materialización de medidas específicas orientadas a combatir la discriminación y revertir sus efectos.
Estas políticas y la ideología que las sustenta nos remiten a los procesos sociales, económicos y productivos (y también al sistema de valores en el que se articulan) por los cuales gran parte de la población se ve sistemáticamente empobrecida, dominada y excluida en un contexto general en el que una minoría incrementa su situación de poder y ve reforzadas (y legitimadas) sus estrategias de enriquecimiento y apropiación de todo tipo de recursos.
De este modo, para dar cuenta del impacto de la crisis en términos de género es preciso abordar no sólo sus consecuencias laborales, económicas y sociales sino, más profundamente, en el papel que ha jugado (y juega actualmente) el Estado social, en tanto que institución socialmente construida, y las políticas puestas en marcha en España, como elementos que influyen y legitiman los procesos de desigualdad entre hombres y mujeres, y de discriminación hacia éstas, así como de los cambios que está experimentando el modelo de sociedad, a la luz de las políticas de austeridad y recortes, que suponen una involución social sin precedentes y con ello la pérdida efectiva de derechos para las mujeres que han sido muy arduamente conquistados.
En definitiva, es necesario abordar la cuestión de la igualdad/desigualdad entre hombres y mujeres no sólo en términos descriptivos y desencarnados del contexto económico, social, político e ideológico sobre el que ésta se verifica, sino por el contrario, intentando establecer su vínculo con lo que debe ser el elemento central de toda acción de cambio y transformación social: la necesidad de repolitizar y regenerizar la cuestión social y (paradójicamente) las propias políticas públicas, que han sido sustancialmente vaciadas de todo contenido político de redistribución, equidad y justicia, con consecuencias letales para una parte cada vez más importante de la sociedad y específicamente para las mujeres.
Un contexto que, no lo olvidemos, pese a los indudables logros conseguidos en un periodo relativamente corto de tiempo, continúa articulado (y siendo deudor) en parámetros androcéntricos, heteronormativos y familiaristas (y, por descontado, clasistas, xenófobos y católicos), dando lugar a unas nada disimuladas tensiones estructurales entre capital y trabajo y, por ende, en función del sexo, del género, de la edad, del origen, de la etnia…
Así, algunos enfoques realizados desde un planteamiento menos convencional que aquél que nos propone el pensamiento economicista han señalado que el análisis de la crisis no puede reducirse al colapso financiero y su posterior impacto en la economía mercantil. Se plantea en cambio que estamos en medio de una crisis acumulada y multidimensional, en la que además de los aspectos abordados desde la economía convencional inciden otras crisis estructurales que mostraban ya desde hace tiempo un estado grave, como la crisis ecológica y la crisis de cuidados. Una crisis por tanto que afecta a todas las esferas de la vida y que se ha llegado a calificar incluso como una crisis de civilización.
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