Por Mar Oliver Mogaburo
Maestra y coportavoz EQUO Sevilla
Concluye el mes de marzo, en el que las familias han debido cumplimentar el papeleo pertinente para que sus hijos e hijas ejerzan su derecho a una EDUCACIÓN, que, según la legislación vigente española, es obligatoria hasta los 16 años. La mamá de Sara también lo ha hecho.
La Ley de Educación en Andalucía (LEA) – de muy recomendable lectura por su trascendencia social y política y, por qué negarlo, por su “belleza” en ideales y compromisos – hace referencia en diferentes títulos a la obligatoriedad de la enseñanza y a la necesidad de atender a la diversidad del alumnado. Ya en el Título Preliminar, en su Artículo 4, se expresan los “principios” que rigen esta ley muy autocomplaciente desde su exposición de motivos. Merece la pena detenernos en algunos de ellos:
Artículo 4. Principios del sistema educativo andaluz.
“a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía…
b) Equidad del sistema educativo…
d) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses…
f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado…”
Bellas palabras destacadas en negrita; bellos principios para acometer el reto de construir una sociedad justa y equitativa.
Bien, la ciudadanía cumple, como casi siempre, su parte de la tarea; durante el mes de marzo nos hemos apresurado a matricular a nuestros niños y niñas en los centros educativos andaluces, bajo el convencimiento de que la educación es un derecho inalienable y que nuestros hijos/as, todos/as, recibirán la atención que por ley se les otorga.
Pero queda la otra parte del acuerdo – el de las instituciones públicas, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (CEJA), en primer lugar, el Ministerio de Educación y los propios ayuntamientos, todos ellos concernidos en la tarea de cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y órdenes que ellos mismos han dictado- . ¿Se apresuran estos del mismo modo que la ciudadanía?
Veámoslo con un caso hipotético, no real, pero mil veces repetido en nuestras escuelas:
Sara es una niña de 8 años. Es inteligente, risueña, sociable y con un instinto especial para detectar el sentir ajeno (y propio). Le encanta jugar en el parque por las tardes, tomar el sol y reír con las bromas de sus amigos/as. Lo que más le gusta del cole es el recreo y lo que menos, las mates.
A veces se le hace cuesta arriba ir al cole, porque tarda mucho en arreglarse y su cuerpo no siempre responde a sus ganas de jugar y aprender. Su mamá se levanta dos horas antes para atenderla adecuadamente: aspirar y vigilar que el respirador funciona correctamente, que la batería de la silla de ruedas está cargada, que la sonda naso gástrica no está obstruida, y por supuesto lavarla, vestirla y peinarla con las coletas que Sara odia llevar.
Otras veces, cuando todo está listo para salir, se pone a llover, y la madre de Sara, si puede pagarlo ese mes, llama a un taxi adaptado para llevarla al colegio; cuando no puede, tiene que quedarse en casa, viendo llover y mirando la tele… con lo guapa que estaba ese día con el pelo suelto…
Cuando Sara se matriculó por primera vez en el cole, lo primero que hicieron fue elaborar un diagnóstico, es decir, buscaron en el catálogo de “discapacidades” cuál era la suya. Una vez encontrada la etiqueta (alumna “DIS”, con NEAE –Necesidades Específicas de Atención Educativa-), su cole puso en marcha todos los recursos que tenía disponibles; “integración” en un aula ordinaria, con 24 alumnos más de 3 años y una tutora para todxs ellxs; salir de clase una hora diaria con la especialista de Pedagogía Terapéutica, y tres niños más con diferentes “discapacidades” (otros 3 DIS); salir de clase dos veces por semana con el logopeda; y, gracias al ayuntamiento de su pueblo, salir todos los días a las 12:00 para que la monitora escolar le cambie el pañal.
Sara quiere quedarse en su clase, con sus amigas/os. Ella sabe que la quieren por ser quien es, por su risa y su torpe manera de hacer cortes de manga; odia pensar que la aprecian porque no puede andar con sus pies o porque escribe como si estuviera borracha.
Le encanta cuando su maestra se sienta en el suelo a contarles un cuento, pero eso ocurre muy pocas veces, porque casi siempre anda corriendo de aquí para allá, ayudando a unos, riñendo a otros, buscando papeles, corrigiendo fichas, vigilando su cánula, curando chichones…Eso sí, siempre saca tiempo para los besos.
- Volviendo a la LEA, y según los principios destacados en negrita, Sara tiene derecho a:
- No ser segregada o apartada de su grupo.
- Recibir en su clase la ayuda de la especialista de Pedagogía Terapéutica.
- Una ratio más reducida; 18 niños y niñas en la clase.
- Que su maestra no esté sola en el aula, y comparta tareas con otro-a maestro-a, para poder dedicar más a tiempo a atender a todos/as, a los besos, a contar cuentos…
- Que su madre reciba las ayudas necesarias para que ir al cole sea un derecho, no una obligación que le cuesta el renunciar a su propia vida.
- Que su colegio y su barrio sean completamente accesibles, para ella y para sus amigos/as.
- …
La legislación educativa andaluza hace tiempo que cambió el término “integración” por el de “inclusión”, que lleva implícito, además de los derechos arriba enunciados, considerar los derechos de Sara, de Pepe, de Cristina, Tomás, Javier, Nicolás, Mª Carmen…implica atender a la diversidad de todas y cada una de las personas que acuden al centro escolar para ejercer su derecho a la educación, a la convivencia y a la libertad de una vida plena e independiente.
Por lo tanto, niñas y niños han de ser atendidos en su diversidad sin necesidad de ser etiquetados previamente. Han de ser considerados por todo lo que pueden hacer y ser; no por lo que no pueden o no saben. Una miopatía degenerativa no es más “especial” que vivir en una chabola, o que escribir con la izquierda o que necesitar más abrazos de lo habitual. Ni siquiera las necesidades individuales son siempre las mismas. Todos y todas tenemos Necesidades Específicas de Atención Educativa (y vital), y las bien intencionadas y supuestamente progresistas leyes educativas andaluzas han de responder no sólo con palabras, sino con presupuestos coherentes y justos.
Necesitamos centros mejor dotados, más profesorado y mejor preparado, mayor implicación de las familias y una visión de la inclusión social alejada de los cánones de éxito que el sistema neoliberal impone sobre el educativo.
La política de recortes (los ha habido en la CEJA desde el 2008) no atiende a diversidad, atiende a los mandatos de la Troika y del casino financiero global. La escasez de profesorado, entre otros déficits, es la causa de que Sara no sea tratada en equidad, ni ella ni todos/as los/as que conviven con ella.
Me dirijo ahora a las familias que andáis ultimando el papeleo de la matriculación: tenemos un enorme poder más allá de las urnas; tenemos la fuerza del amor para exigir cada día que se cumpla la ley. Si la educación es obligatoria, ha de ser igualmente obligatoria la atención a la diversidad real de nuestros hijos e hijas.
Recomendamos conocer los detalles en el B.O.J.A.
