Concha San Martín (Mesa de Coordinación Equo Sevilla)
La proclamación de la Segunda República española, el 14 de abril de 1931, es un ejemplo de cómo la voluntad de una amplia mayoría social provoca el cambio necesario de un sistema político, que no era capaz de resolver los graves problemas políticos, económicos y sociales del país. En el contexto de la crisis general que recorre Europa y el mundo desde el final de la Primera Guerra Mundial, el régimen político bipartidista comienza a agonizar y se muestra incapaz de resolver, por vía reformista, las profundas contradicciones sociales. Por el contrario, la monarquía opta por una sucesión de períodos dictatoriales que acabaron con las “veleidades reformistas” precedentes.
Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se transformaron, por la acción política popular, organizada en diversos partidos republicanos, de derecha y de izquierda, en un auténtico plebiscito sobre la continuidad de la Monarquía, en el que triunfaron los representantes de las opciones republicanas en 41 capitales de provincia, mientras que en otras 8 y en gran parte del mundo rural –feudo del caciquismo de la oligarquía agraria- fueron mayoría los concejales monárquicos.
Ni entonces ni ahora la cuestión Monarquía o República es una mera formalidad que afecta simplemente a la Jefatura del Estado, sino que es algo mucho mas profundo: la confrontación entre dos concepciones diametralmente opuestas sobre las bases del pacto social que sustenta un régimen político. Los valores republicanos conformados a lo largo del siglo XIX son un conjunto de principios radicales que, hasta la fecha, ninguna monarquía ha asumido de forma auténtica y completa. Me refiero a la igualdad jurídica y política de todos los ciudadanos sin excepciones –gracias a los cuales ahora podemos decir ciudadanos y ciudadanas- ; la laicidad del Estado y su igualdad de trato con todas las comunidades religiosas; la libertad de la ciudadanía que solo puede ser efectiva cunado alcanza una mínima seguridad de sus condiciones vitales y una educación pública universal y de calidad; y de ahí los derechos universales a la vivienda, el trabajo, la salud y la educación que recogen las modernas constituciones y que son esencialmente valores republicanos; la independencia de los tres poderes básicos del Estado supeditados todos ellos, no lo olvidemos, a la consecución y primacía del interés general y el bien común sobre los intereses particulares o corporativos.
Por tanto la banalización que hacen en sus declaraciones destacados representantes de la vida política e intelectual de la cuestión Monarquía – República, con opiniones tales como “es más caro un presidente que un rey” “ un rey es un profesional que ha sido educado desde pequeño para ese puesto” “la monarquía hereditaria aporta mayor estabilidad política a un Estado” son una forma más de engañar y confundir para que se siga aceptando este régimen monárquico impuesto desde una dictadura y desde un pacto democrático que llevó implícito no hacerle “la pregunta del millón” al pueblo español; aquella por la que tendría que haber empezado realmente una democracia, la del plebiscito previo a cualquier parlamento constituyente y que expresa el primer artículo de la Carta Magna. Tampoco se le había plateado esta cuestión a los votantes del 12 de abril de 1931 y, sin embargo, respondieron con tanta claridad, que dos días después se proclamó la República y el monarca marchó al exilio.
Desde el primer momento las fuerzas políticas y económicas derrotadas en esas elecciones conspiraron contra el nuevo orden republicano, precisamente porque la aplicación de los valores republicanos que he mencionado suponía claramente la ruptura del orden impuesto por las clases privilegiadas para perpetuar su poder político y económico. Todo el descrédito que le ha llovido a la Segunda República Española desde su trágico final -a manos de esas fuerzas que se alzaron contra ella- hasta ahora, no es más que la historia oficial de los vencedores de una contienda planificada alevosamente para erradicar de la conciencia colectiva los valores republicanos, mediante la criminalización – y eliminación física en amplia proporción-de quienes apoyaron e hicieron posible el nuevo orden político, social y económico republicano. La correspondencia epistolar entre los artífices del Golpe Militar de 1936 y sus primeras declaraciones en medios de comunicación son buena prueba de ello.
No permitamos que las mentiras oficiales de la Dictadura franquista sobre lo que fue la Segunda República, esa “historia de los vencedores”, siga impregnando la Historia que se enseña en nuestras escuelas y universidades. Celebremos que el 14 de abril, los ciudadanos que habían votado a los partidos republicanos y las ciudadanas que lo hubieran echo de haber podido, tomaron la calle para imponer el cambio que exigía la voluntad popular expresada pacífica y democráticamente.
Y celebremos que gracias ellos, nuestro país experimentó uno de los períodos más brillantes en la implantación de políticas públicas orientadas al triunfo de la igualdad, la justicia social, los derechos civiles y la libertad. Este último era el concepto más apreciado por quienes protagonizaron ese maravilloso proceso con tan triste final; la bella palabra que resumía todo el ideal republicano. Calles, plazas y niñas llevaron orgullosamente su nombre: Libertad. Y también el de República. Celebremos el aniversario de su proclamación como referente del pasado al que vincular nuestra aspiración colectiva de regeneración democrática. Sacar la tricolor a la calle es rendir homenaje a ese legado que por tantos años nos ha sido negado.
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