La necesidad de un nuevo proceso constituyente y el papel de los partidos minoritarios como plataforma de integración, que facilite y apoye la participación de la ciudadanía en la puesta en marcha de un nuevo modelo de organización política, han sido dos de las principales propuestas de EQUO en la mesa redonda “Regeneración democrática: alternativas”, organizada por Izquierda Abierta, con motivo de su presentación en Málaga y que ha contado con la participación de otras fuerzas políticas y CCOO.
Las diversas organizaciones políticas y sindicales presentes coincidieron en el análisis de la situación, poniendo especial énfasis en recalcar que las deficiencias del modelo creado en la Transición, con enfoque bipartidista y que se ajustaba a un momento especial ya pasado, han agudizado más los problemas hasta llevarnos a una situación insostenible.
Raúl García, representante de Izquierda Abierta en la mesa, afirmó que era necesario volver a centrarse en valores como la solidaridad, la honradez o, la justicia social para una regeneración urgente. En su llamada a la acción, el también coportavoz del partido en Andalucía, aludió a la necesidad de la unión y el trabajo conjunto de la izquierda, en pie de igualdad y con generosidad, para articular una respuesta política a la situación que padecemos.
“La elaboración de nuevo proceso constituyente, con una amplia participación ciudadana, es una necesidad inaplazable. Es el momento de la ciudadanía” afirmó Carmen Molina, coportavoz de EQUO Málaga. Para ella, “no es que los partidos no sirvan ya, seguiremos siendo actores indispensables, pero nuestro papel en estos momentos debe ser colaborar para que la ciudadanía tome la palabra porque es su momento”.
La representante de EQUO aludió expresamente a la necesidad de que los consensos sean respaldados por amplias mayorías de ciudadanos y se conviertan en vinculantes para todos. En su propuesta de regeneración democrática, reclamó a todos los partidos un cambio radical en la forma de hacer política, introduciendo otras reglas que permitan más transparencia, equidad, redistribución de cargas, responsabilidades y derechos y, sobre todo, capacidad de participación de la ciudadanía en todas las decisiones que le atañen.