Carmen Molina: “necesitamos crear muchos más puestos de trabajo en empleo verde que nos garantice nuestra riqueza y la reparta”
La transición ecológica necesita reconocer a las empresas que más contribuyen, tanto en producción limpia como en retribución justa
Es necesario un etiquetaje que las haga reconocibles y un programa de incentivos fiscales para las mismas
La coalición formada por EQUO Andalucía Verdes e Iniciativa del pueblo Andaluz proponemos el desarrollo y puesta en práctica de una ley de economía del bien común. Ésta es una de las doce grandes líneas de acción en las que hemos trabajado en la candidatura ecofeminista al Parlamento de Andalucía y desde nuestro equipo afirmamos estar plenamente dispuestos a colaborar lo que haga falta para que dicho precepto vea la luz.
En esta línea se ha expresado la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Carmen Molina, que asegura que “necesitamos empezar a crear muchos puestos de trabajo en empleo verde, empleos que garanticen el mantenimiento de nuestro territorio y su riqueza apostando por el reciclaje, la movilidad sostenible, cooperativas de consumo y energéticas… repartiendo mucho más el trabajo, porque no hace falta trabajar tantas horas. Tenemos que trabajar para vivir, nunca al revés”.
En el mismo sentido se ha manifestado el candidato por Jaén, David Palomino: “Si seguimos apostando por las medidas de siempre seguiremos condenados a encabezar todas las estadísticas de paro y temporalidad. Debemos cambiar de modelo productivo y premiar y potenciar aquellos sectores que contribuyan al bien común y a crear puestos de trabajo que sumen en el proceso de crear y repartir nuestra riqueza entre toda la ciudadanía”
La propuesta se basa en el convencimiento de que “el impulso de la transición ecológica de la economía necesita una ley que reconozca y apoye a las empresas que más contribuyen al bien común, tanto en la producción y distribución limpia, como en la retribución justa y equitativa de sus trabajadores y trabajadoras”.
Esto último, es así gracias a que dichas entidades “cuentan con programas de igualdad y de conciliación familiar y están dotadas de mecanismos de participación en el devenir de su gestión”.
Para eso es necesario un etiquetaje que haga reconocibles a aquellas empresas que realizan el balance del bien común y un programa de incentivos fiscales para las mismas. En palabras de Magdalena Castellano, número 2 en la candidatura por Jaén, “debemos favorecer a estas empresas e implantar un sistema que obligue a que la contratación pública se haga en función de estos valores, impulsando así su extensión y el giro hacia una economía pensada para las personas”