Cualquier persona no demasiado al tanto de la política internacional que oye una serie de siglas como TTIP, CETA o TISA, piensa en que se trata de algún tratado sectorial u organización europea o norteamericana. La sopa de siglas es tan ingente y la información tan sobreabundante que es, además, lógico.
Sin embargo estamos ante la negociación de una supraconstitución negociada en secreto, basada en la homologación de estándares comerciales, laborales, medioambientales y del conocimiento.
El TTIP Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones UE-EEUU (Transatlantic Trade and Investmente Parnertship) junto con el TISA acuerdo en Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement) y el CETA, Acuerdo integral de Economía y Comercio o Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) tratado de libre comercio entre Canada y la UE, son las tres patas de una nueva política internacional global que se impone a nuestras propias leyes soberanas.
En conjunto suponen un corpus ideológico globalizado que se basa en el libre comercio mundial, la armonización legislación social y medioambiental mundial, un campo libre de obstáculos a las grandes corporaciones, con un único objetivo: maximizar el lucro, el beneficio de las grandes corporaciones y expulsar dos trabas: la gente y el planeta. Se trata de la gran batalla que se está dando sigilosamente entre dos grandes concepciones del mundo: la democracia frente al capitalismo que se juega también en el terreno del clima y el medioambiente, como bien señalaba Naomi Klein en su última obra “El Capitalismo contra el Clima”.
El contexto político en el que se mueve en nuestro continente es el del austericidio promovido por BCE y FMI y en nuestro país, el proceso iniciado con la reforma urgente del artículo 135 de la Constitución dando prioridad a la deuda de los bancos o la Ley de Racionalización y Sostenibilidad que ahogaba a las administraciones locales especialmente. El TTIP, especialmente, es un paso en esa dirección.
Los objetivos claros de este tratado son eliminar impuestos y aranceles, eliminar barreras al comercio, armonizar regulaciones y estándares entre USA y UE, establecer normativas comunes de nuevo cuño, sociales y laborales, ambientales, como por ejemplo la normativa común sanitaria y fitosanitaria o la normativa armonizada de propiedad intelectual.
La idea básica es una mayor liberalización que llevaría a una hipotética mayor competitividad, más empleo a ambos lados del oceáno. Sus acuerdos serían un 20% arancelarios y un 80% normativos según el Centre for Economic Policy Research de Londres, que, sin embargo, no da datos de cómo llegan a esas conclusiones.
Dicho acuerdo se ha trabajado con un 88% de conversaciones con lobbies y un 9% con la sociedad civil según el Corporate Europe Observatory, y negociado en secreto entre EEUU y la UE, tanto que los parlamentarios europeos no podían tener copia ni hacer fotos y pasaban a una “Reading room” donde podían hojear los avances. Algunas fuentes oficiales son la web de la Comisión Europea, con un portal oficial, sin datos ni previsiones de efectos, o el Bureau of Publics Affairs (USA) con un memorando sobre liberalización multilateral (OMC). El Discurso del Estado de la Unión de Obama en 2013 lo sacó a la luz como objetivo antes de terminar el mandato. En definitiva, un auténtico golpe a la transparencia y a la capacidad de decidir de la ciudadanía.
En este tratado ganan más de 30.000 lobbistas del parlamento europeo, según The Guardian, que protegen las tarifas abusivas de móvil (hay 31.000 empleados de la UE), el lobby de la energía, preocupado por el apoyo UE a renovables o Facebook y Google, que quieren poder vender nuestra información personal, así como las grandes corporaciones, que desean eliminar cualquier barrera aduanera, laboral, o la defensa del pequeño comercio, ciudadanos o medioambiente.
Pierden los consumidores al desaparecer el principio de precaución, que regula la alimentación y derechos de consumo en UE; las pequeñas empresas locales, liberalizando compras, licitaciones, bienes y servicios de las Administraciónes locales (no podríamos defender nuestro comercio local frente a grandes superficies); la soberanía nacional y competencias de las administraciones (autonómicas y locales), con la cláusula ISDS (Investor to State Dispute Settlement) que se invoca cuando una normativa afecte a las expectativas de beneficio de las corporaciones; los trabajadores con la armonización de los derechos laborales y sindicales, salariales… hacia el modelo EEUU; los ayuntamientos, ya que el TTIP trata de privatizar los servicios públicos locales, eliminar sus competencias, limitar al máximo su autonomía y el control democrático; los servicios públicos, que quedarían en manos de transnacionales y corporaciones sin otro interés que el beneficio. Sanidad, Educación o Dependencia son objetivo del tratado; el medioambiente, con la armonización a favor de los EEUU, una legislación permisiva con fracking, emisiones de CO2, o alimentos alterardos genéticamente, entre otros; la cultura y el conocimiento, al evitar el acceso universal a la cultura y los derechos comunes de propiedad, favoreciendo el copyright, frente a los comunes creativos, permitiendo la privatización de nuestra información en Google o Facebook, y sobre todo, la democracia ya que el TTIP es una supraconstitución que prima el beneficio de las grandes corporaciones frente a las instituciones democráticas, no votada, en secreto. Los Estados pueden ser condenados a pagar a las multinacionales: una auténtico golpe de estado a la soberanía popular y a la capacidad de decidir nuestras políticas.
Sin embargo todo un movimiento internacional se ha puesto en marcha, Ciudades contra el TTIP y una auténtica marea internacional de partidos, movimientos, ecologistas, sindicatos… en USA y EU.
Es, sin más tapujos, una lucha global entre las dos maneras básicas de ver el mundo, la que pone en el centro el lucro, o la que pone el centro a las personas y el planeta.
Incluso, Jeremy Corbyn, lider laborista inglés en la Cámara de los Comunes, el 8 de junio de 2015 se hacía las siguientes preguntas, a pesar de que sus correligionarios españoles no han mostrado oposición a estos tratados: “por qué son secretas las negociaciones, por qué están llenas las salas de lobbistas de multinacionales? No deberíamos hacer más bien un tratado que acortara la diferencia entre ricos y pobres, que asegurara el avance de los servicios públicos como la Sanidad y la protección de nuestra alimentación, en lugar de fomentar lo peor de los dos lados del Atlántico?” He ahí la cuestión.
Alberto de los Ríos Sánchez. Miembro de EQUO y Concejal de Ganemos Córdoba.