Esta es la intervención que el representante de Córdoba Laica, y miembro de EQUO Córdoba, hizo el otro día en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba donde los votos del PP y UCOR, junto con la abstención del PSOE impidieron que el Ayuntamiento de Córdoba apoyase la titularidad pública y gestión compartida del principal monumento y atractivo turístico de la ciudad, además de templo católico.
Arthur Schopenhauer:
«Toda verdad pasa por tres fases. Primero se la ridiculiza. Segundo, genera una violenta oposición. Tercero, resulta aceptada como si fuera algo evidente».
“Todos sabemos desde siempre que la tierra es redonda y que gira alrededor del sol”, ¿o no?
La “verdad” que vengo a exponer en nombre de Córdoba Laica es que la titularidad de la Mezquita-Catedral corresponde a la ciudadanía de Córdoba.
Desde Córdoba Laica planteamos que existen dudas razonables sobre la “legitimidad” de la Iglesia católica para autoproclamarse dueña de la M-C, al entender que la legislación hipotecaria en materia de inmatriculación de bienes inmuebles eclesiásticos utilizada por dicho organismo va en contra de los principios constitucionales de igualdad ante la ley (Art. 14) y de la aconfesionalidad del Estado (Art. 16.3) que establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Se ha tratado de equiparar a la iglesia católica como “Entidad de Derecho Público” y a los obispos diocesanos con funcionarios públicos, pudiendo ser considerada, esta legislación hipotecaria, como un procedimiento anacrónico, resquicio de un modelo de relaciones Iglesia-Estado de corte confesional que fue superado por la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
Actualmente no cabe asimilar los fines religiosos con los públicos, ni a los miembros de una Confesión religiosa, por muy cualificada que sea su posición dentro de la misma, con los funcionarios públicos.
El CANONIGO ARCHIVERO DE LA CATEDRAL, al referirse a la propiedad de la Mezquita declara: «No hay que justificar lo evidente»
Tan evidente como que la tierra estaba quieta y era el sol el que giraba alrededor de ella.
Además, insta a la Junta a «no hacer el ridículo, porque en la UE se lleva poco un asalto a la propiedad privada».
Totalmente de acuerdo con este Sr. pues es evidente que lo que se lleva en la Unión Europea al igual que en nuestro país es “el asalto a lo público” en beneficio de algunos privilegiados, entre los que, como todos sabemos en nuestro país, se encuentran los bancos y la Iglesia Católica.
Por otro lado resulta paradójico que José Antonio Nieto, Alcalde de Córdoba, asuma la defensa de los privilegios del cabildo catedralicio por encima del interés común de la ciudadanía a la que representa.
Quiero recordarle al Sr. Alcalde que: “El indicador por antonomasia del buen hacer de un gobierno, y por extensión de un buen gobernante, es cómo atiende los intereses de su pueblo, en especial de los más débiles, y si es capaz de protegerlo sobre todo durante los tiempos difíciles y frente a los poderosos.”
Evidentemente nos encontramos ante un hecho histórico, dada la trascendencia que tendrá, independientemente del resultado final, por lo que el Sr. Alcalde podrá ser recordado como aquel que defendió jurídica, política y socialmente la pertenencia de la Mezquita-Catedral al pueblo de Córdoba o por el contrario quien dio la espalda a su pueblo para posicionarse del lado de la poderosa iglesia católica, cuya jerarquía, no olvidemos, obedece y depende de un jefe de estado extranjero.
En Córdoba tenemos el caso de un Alcalde, el Sr. Anguita, que en 1980 con el apoyo de los ciudadanos, las leyes y la negociación con sus propietarios, evitó el expolio al extranjero de los tesoros de otro monumento emblemático de nuestra ciudad, como es el Palacio de Viana.
Desde Europa Laica denunciamos la ilegitimidad y presunta inconstitucionalidad de esta absurda situación y exigimos responsabilidades a los poderes públicos que lo están permitiendo, requiriendo a los grupos políticos con representación parlamentaria que modifiquen con carácter retroactivo el articulo 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 de su Reglamento, adaptándola a la situación democrática y constitucional del momento.
Por otra parte hacemos un llamamiento a los ciudadanos cordobeses para que se movilicen en defensa de sus intereses, reclamando la devolución de la Mezquita-Catedral al Estado Español (no a ninguna secta, religión u organismo extranjero) quien mediante una Fundación o Patronato Público, del que formarían parte el Ayuntamiento de Córdoba, los Gobiernos regional y central, la Universidad y, en su caso, entidades privadas de carácter cultural o de investigación, y en la que se garantice la transparencia en todos los aspectos de su gestión, incluida la económica, y cuyos beneficios, si los hubiere, reviertan en Córdoba y los cordobeses.
Antonio Pintor Álvarez
Miembro de EQUO y Córdoba Laica
5 ideas sobre “Titularidad de la Mezquita-Catedral”
Buenas tardes Ramón,
Valorar cómo y cuándo se produjo la separación Iglesia-Estado es algo que sinceramente se escapa de mi capacidad, estoy contigo en que, «en teoría», España es un estado laico desde 1978, comparto el matiz entrecomillado, pero es que (y esto si es una valoración personal), extraer las creencias, sentimientos u opiniones (religiosas o morales) de las personas de lo que son las reglas de juego sociales es una utopía, tendríamos que extraer a las personas de la fórmula… me explico, no creer en Dios es tener una creencia en sí misma, es creer que no existe, es un posicionamiento, que incluso ni siquiera implica no vivir conforme a la fe cristiana.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en que las cosas se podían hacer mejor en colaboración con un patronato, incluso con el propio Ayuntamiento (qué mejor representación social), buscar el consenso y maximizar el rendimiento social, pero ese gran planteamiento que propones creo que no es lo que han puesto sobre la mesa.
Y con esto volvemos a lo de siempre, los unos por los otros y la casa sin barrer.
Saludos.
Buenas tardes,
Sin entrar en polémicas, permítanme exponer un punto de vista más amplio del asunto, con la tranquilidad de que es algo que me es indiferente, y dejando de lado cualquier valoración personal-moral-filosófica.
Atendiendo exclusívamente a la Historia (no la promulgada por la Iglesia) de la actual Catedral de la Asunción de Nuestra Señora (antigua Mezquita), esta encuentra su origen en la Basílica de San Vicente Mártir, un templo Cristiano.
Analizando su evolución histórica, es evidente que siempre ha sido un templo de carácter religioso, tanto Cristiano como Musulmán, nunca un inmueble de titularidad pública, aunque si de uso y disfrute público (que creo que es lo que genera confusión).
Reclamar la titularidad estatal de este bien, cuando nunca ha sido público, considero que es, al menos, ilógico, además de peligroso, porque estaríamos en un supuesto de expropiación, lo que se puede entender como «persecución» religiosa.
Entiendo que se me clame a la aconfesionalidad del Estado, pero creo que se han mezclado churras con merinas, esta disputa atiende a quién compete la titularidad y gestión de un determinado inmueble, creo que nadie debe argumentar temas éticos en este asunto porque sería absurdo.
Pienso que los partidos políticos han llegado a un callejón sin salida, a la siguiente cuestión: ¿cómo expropiar un inmueble cuya titularidad nunca ha sido pública sin que pueda ser entendido como persecución religiosa? El detalle de que siempre ha sido un inmueble religioso.
Saludos a todos
En primer lugar, agradecerle su comentario, alejado de sectarismos. En segundo, decirle que establecer una continuidad entre el actual edificio y la Iglesia de San Vicente nos parece ilegítimo e interesado (por parte de la Iglesia), ya que previamente a la iglesia existieron otras edificaciones y no se sacan a colación. Todas las edificaciones previas, incluidas dicha iglesia, fueron compradas y derribadas para construir un edificio nuevo de carácter religioso, en concreto, una mezquita. Edificio que se amplió y posteriormente se convirtió en una catedral. El problema surge porque tanto en época islámica como cristiana medieval, no existía el concepto de Iglesia-propietario como algo distinto del concepto de conjunto de los creyentes de la ciudad-propietario. Es decir, era de la iglesia o sea, de los cordobeses. Pero la identificación iglesia-conjunto de la sociedad dejó de operar, en teoría, a partir de 1978. Además, se suma que el edificio en cuestión es Patrimonio de la Humanidad y uno de los motores económicos de la ciudad, con lo que no se puede decir que su gestión sea algo que sólo compete a la iglesia católica. Quizás una posibilidad fuera reconocer la titularidad de la iglesia, pero encomendando la gestión del mismo a un patronato que velara porque, ademas de su uso religioso, se cuidaran el resto de valores asociados al edificio, punto este que no se está dando actualmente.
Muy buena intervención Antonio.
Es indignante ver cómo el PSOE se olvida de lo que significan sus siglas y no se manifiesta ante algo tan importante como es recuperar un monumento público.
Gracias por tus palabras y por tu dedicación Antonio.
Una vez más has estado brillante y has sabido pornerle los puntos sobre las «is» a esa chusma que es la Iglesia y todos los que la defienden.
Vaya representantes ciudadanos tenemos en el ayuntamiento de Córdoba!!!
Expliquénme, por favor, los que lo sepan la abstención del PSOE en este tema candente porque yo no lo entiendo por más vueltas que le doy.
1) ¿Acaso resulta indiferente para ese vacilante partido que la Iglesia Católica (IC) haya inmatriculado por su cuenta a su nombre una joya arquitectónica e histórica que es patrimonio de todos los españoles o incluso de todos los ciudadanos del mundo?
2) ¿Le es indiferente al PSOE que la IC inmatricule a su nombre cuanto bien mostrenco (sin dueño aparente) o público o común se encuentre?
3) ¿Acaso el PSOE no quiere incomodar a la prepotente IC?
4) ¿Qué valor tiene para el PSOE la aconfesionalidad del Estado establecida en la Constitución vigente? ¿Por qué no la defiende con tanto empeño, pongamos por caso, como la prioridad del pago del saldo de la ilegítima deuda de Estado insertada en la misma Norma por acuerdo PSOE-PP sin consulta al Pueblo?