Conocí que abundaban por el Rastro de Madrid cuando yo era estudiante. Frecuentes en la calle Sierpes, al visitar a mis padrinos en Sevilla de mozalbete. Aunque ya los había visto de niño alguna vez en las ferias y verbenas de Córdoba y cerca de la Corredera. A los trileros, a pesar de estar prohibidos en la época franquista, se les dejaba hacer. Éstos, al detectar la llegada de los guardias, avistados por un socio, se marchaban y los ciudadanos podían pensar así que había protección contra los que engañaban. Generalmente estos timadores malabaristas, trabajaban con ayuda de un gancho (el tercer socio) que acertaba bajo qué cubilete estaba la bolita, para animar a la gente a jugar. También dejaban ganar, de vez en cuando, pequeñas cantidades a los incautos apostantes.
A diferencia de esta época que estamos viviendo de graves casos de corrupción, en la de Franco no se conocían grandes desfalcos a las arcas públicas. Y no es que no las hubiera, sino que el robo era sistemático y consustancial al sistema político, porque el poder del dictador era uno y trino. Sustentado por los tres principales ejes —el Movimiento Nacional en lo político y administrativo, el Sindicato en el del trabajo y el mundo de la gran empresa, y la Banca dirigida por familias afines al régimen—, el reparto del pastel de lo público, salvo pequeñas corruptelas descontroladas, estaba ya predeterminado. Esta situación se fue después mejorando algo, tanto por la mala reputación internacional del régimen como por las luchas reivindicativas de los ciudadanos en aras de nuestro Estado de Derecho democrático, que en mi opinión, tenemos que transformar por su actual deterioro.
Porque los nuevos trileros de hoy día son de alto nivel y engañan ahora a los ciudadanos a costa de lo público, para sustraer grandes cantidades de dinero y/o conseguir prebendas en su beneficio. Si analizamos lo que está pasando, podríamos reducir a dos los mecanismos por los que se llegan a burlar los controles que impedirían el fraude. Uno de ellos es para obtener contratos de obras y servicios, obviando la Ley General de Contratos del Estado y de las Administraciones Públicas (AA.PP), al manipular los concursos para sus adjudicaciones sin adecuarse a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. El segundo, el acceso a puestos de empleados públicos, eludiendo La Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de las AA.PP., sin cumplirse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como de la publicidad de la convocatoria.
En ambos casos, para completar la ilegal martingala se necesita la connivencia de tres entidades u órganos de control. En el primero, son la acción u omisión de los representantes políticos de la decisión, los funcionarios que tienen que vigilar la legalidad en el trámite del procedimiento y las Intervenciones Generales de las distintas AA.PP., los que permiten que se cometan las irregularidades. En el segundo caso, además de los citados órganos políticos y funcionarial se necesita, cuando menos, la anuencia de los sindicatos con poder de control en la administración respectiva. Son cada vez más reiteradas las injusticias en estos procedimientos, que se van conociendo directamente por los ciudadanos o salen a la luz por la prensa. Se trata de empresas a las que se les prima en las adjudicaciones a cambio del pago de comisiones de los beneficios a obtener, o personas a las que se integran al trabajo en las AA.PP. por afinidad familiar, política o sindical. De ahí el aumento de la desconfianza en el sistema, sobre todo entre los jóvenes a los que intentamos educar en sus ventajas, muy grave en una situación económica y social desesperada. Pero estas criminales actuaciones parece que no se quiere o no interesa desenmascarar.
En el sucio asunto destapado que afecta al Partido Popular, sobre los dineros descubiertos en Suiza al señor Bárcenas, es kafkiano comprobar cómo la crítica de la oposición solo pone el índice en la anomalía de la regularización de parte de ellos a través de la amnistía fiscal. Creo que la cuestión fundamental es cómo y para qué disponía el señor Bárcenas de esas grandes cantidades y otras más, ya repartidas (aunque podemos intuirlo y él avisa con desvelarlo); y sobre todo, quiénes se lo han suministrado. Cualquier reforma del sistema tiene que venir previa a la aplicación de la justicia. Algo huele a podrido. Como en la famosa novela de Graham Greene, aquí falta el Tercer Hombre.
Nicolás Puerto Barrios, miembro de EQUO Córdoba