Hace unos días se denunciaba en un blog ciudadano (con sus correspondientes aclaraciones posteriores) la destrucción de los restos arqueológicos de una supuesta almunia califal situada junto al Hospital Reina Sofía. Posteriormente, el diario Córdoba se hacía eco de la misma noticia en un artículo en el que se indicaba, además, que ninguna de las dos Consejerías implicadas (Salud y Cultura) parecía tener noticias al respecto.
Sólo a raíz de estas denuncias, la Delegación de Cultura anunció una visita técnica a la obra con el fin de valorar los supuestos daños. Tras la misma, se ha desmentido que se hayan producido daños o la destrucción de más restos de los que se habían previsto, conservándose supuestamente los de mayor valor, cosa que no es evidente, según otras denuncias. Equo Córdoba agradece en primer lugar la vigilancia y atención por parte de la ciudadanía sobre su patrimonio y confía que esta polémica sirva para poner de relieve la importancia del mismo y su conservación, así como la miope política seguida en general hasta el momento. Más allá de la necesidad de conservar parte de los restos hallados, que actualmente se hace sólo de forma parcial e incorrecta, el rico patrimonio arqueológico de córdoba necesita ser visitable, que se le incluya de forma decidida dentro de la oferta cultural de la ciudad y deje de ser acumulaciones de piedras que quedan arrumbadas bajo edificios de nueva construcción o en rotondas inaccesibles.
Equo Córdoba recuerda que en esta ciudad se ha cometido una sistemática destrucción de los restos arqueológicos que han ido apareciendo al hilo del crecimiento urbanístico (Cercadilla, arrabal de poniente, etc.) y quiere manifestar públicamente su convencimiento de que apostar por la cultura como motor de desarrollo de la ciudad exige extremar la protección de los restos y su puesta en valor como uno de los atractivos fundamentales de una ciudad con un pasado tan rico como el de Córdoba. Por estas razones, exigimos de las administraciones públicas el cumplimiento estricto de los deberes de protección que la ley les encomienda, no amparándose en la difícil coyuntura económica para permitir, por falta de voluntad política, que continúe esta situación de destrucción continua.