EQUO reclama al Ayuntamiento que atienda las demandas vecinales y ceda el colegio Rey Heredia como centro social

El partido EQUO entiende que el Ayuntamiento de Córdoba, propietario del colegio Rey Heredia, ocupado por miembros de diversos colectivos y vecinos del barrio, debe dialogar con el vecindario, que lo ha solicitado en numerosas ocasiones como centro social. Para la formación ecosocial, se debe priorizar el atender a las necesidades del barrio sobre la reorganización meramente estética que está planificada, con la construcción de una plaza.

Foto: www.orillaizquierda.org

EQUO entiende que la situación económica del Ayuntamiento no permite la construcción de unas instalaciones nuevas para dar servicio al barrio, y apuesta por la utilización, en toda la ciudad, de edificios y solares vacíos, fruto del fin de la burbuja de la construcción y la agresiva política de recortes económicos de las administraciones.

En palabras de Pepa Bonilla, coportavoz de EQUO en Córdoba: «La Junta y el Ayuntamiento deben reunirse con las asociaciones de vecinos y los coléctivos sociales para evitar que esta escuela se convierta en otro edificio fantasma, sin uso ni utilidad. La tendencia a convertir los espacios urbanos en decorados para turistas, especialmente en el entorno de los centros históricos, acaba perjudicando al vecindario, que debería ser el centro de la acción política. Esta iniciativa social está al servicio de los vecinos del Campo de la Verdad y de todo el Sector Sur, y tiene el potencial de convertirse en un motor de desarrollo para su entorno».

Diego Rodríguez, coportavoz provincial de EQUO, añade: «Esta crisis está sirviendo para que se implanten, de forma interesada, políticas neoliberales de desmantelamiento de servicios y derechos para el conjunto de la sociedad, aumentando de manera drástica la desigualdad en ámbitos tan sensibles como la educación o la sanidad. Frente a esta agresión, la sociedad está reaccionando, entre otras formas, por medio de iniciativas de autogestión como la ocupación de edificios abandonados para darles un uso social. Exigimos de las administraciones que, al menos, no desoigan estas demandas cívicas y faciliten su desarrollo.»

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