El partido ecosocial ha valorado muy negativamente la actuación de Emacsa en el exterior del centro social ocupado, donde se ha abierto una zanja y procedido a cortar la tubería de suministro de agua. Resulta evidente para EQUO que la única explicación para esta actuación es pretender entorpecer las actividades solidarias que se realizan en el interior del antiguo colegio, como el comedor social, que atiende diariamente a un centenar de personas. EQUO reclama al Ayuntamiento una actitud constructiva y de dialogo con la Acampada Dignidad y las asociaciones del barrio para encontrar una salida negociada que preserve el uso social del edificio, cerrado desde hace un tiempo y destinado, originalmente, a ser derribado.
En palabras de Pepa Bonilla, coportavoz de EQUO Córdoba «En lugar de centrar su acción política en los muchos problemas sociales que soportan los cordobeses y cordobesas, el sr. Nieto continúa con la campaña de acoso y derribo contra una de las iniciativas más luminosas de los últimos tiempos por parte de los colectivos de la ciudad. No le basta con emprender acciones judiciales, sino que se empeña en dificultar que se ayude a los vecinos y vecinas que encuentran aquí un apoyo. El Ayuntamiento debería apoyar lo que se está haciendo con este centro, que estaba abandonado y deteriorándose y ahora se ha recuperado para el barrio y la ciudad. Es indignante que se ataque a iniciativas solidarias cuando más falta hacen, cuando la miseria crece y las diferentes administraciones no dejan de recortar en gasto social»
«Se echa en falta semejante diligencia por parte del Ayuntamiento a la hora de valorar la presencia de personas condenadas o sancionadas por diferentes delitos o faltas en Capitulares, entre otros asuntos. Como siempre, es mucho más fácil cebarse con los débiles y con quienes no se resignan.» ha concluido Bonilla.
La formación política valora muy positivamente la solidaridad y apoyo que el vecindario del Rey Heredia ha mostrado en todo momento hacía los activistas que ocuparon el antiguo colegio y entiende que eso supone un respaldo social que el Ayuntamiento no puede ignorar.