El partido EQUO considera que, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha rebajado a 20,08 millones de euros la sanción de 24,6 millones impuesta por el Ayuntamiento de Córdoba a Rafael Gómez por la construcción ilegal de cuatro hectáreas de naves ilegales en la antigua fábrica de Colecor y en las inmediaciones de Medina Azahara, es urgente explorar todos los cauces legales para hacer efectivo el cobro de la multa a la vez que se inician los trámites para la demolición de la totalidad de las naves.
Según Diego Rodríguez, coportavoz de EQUO Córdoba “la sentencia es tajante al señalar la ilegalidad de la construcción de las naves y que Gómez mantuvo una actitud intencional, indisimulada y manifiestamente contraria a la normativa urbanística». Además, Rodríguez estima que «fue un grave error aprobar el Plan Especial de la Carretera de Palma dando cobertura a las naves ilegales construidas en la antigua Colecor y permitiendo la legalización del 65% de las cuatro hectáreas edificadas, que ya veremos qué consecuencias tiene si Rafael Gómez recurre la sentencia».
“En cualquier caso”, precisa Rodríguez, “nadie se cree que Rafael Gómez no tenga dinero. Hay que hacer lo imposible por cobrar la multa y comenzar así un cambio de dinámica en la política urbanística de esta ciudad, dejando de agravar los problemas de Córdoba defendiendo unos intereses que, ni son los de la mayoría de la población, ni coinciden con el interés general que debe perseguir nuestro Gobierno Municipal”.
La coportavoz de la formación ecosocial, Pepa Bonilla, afirma que “desde EQUO no entenderíamos y nos opondríamos a que el Consistorio se quedara con las naves y las sacara a subasta para poder así cobrar algo del dinero que le debe la empresa del concejal Rafael Gómez, dando así cierto respaldo a la ilegalidad cometida e incapacitando a la administración a la restitución del daño paisajístico y patrimonial causado».
Bonilla añade que «en total, Arenal 2000 tiene 16 multas impagadas e impuestas por el Ayuntamiento, lo que unido a la condena de Gómez por el caso Malaya, hace aún más insostenible su presencia en el Consistorio como concejal, debe dimitir».
Para EQUO, las actuaciones en materia urbanística deben planificarse con una visión a largo plazo, estableciendo claramente límites para proteger el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio, además de promover unos valores de respeto a la legalidad vigente y el bien común, así como un urbanismo compacto y sostenible. Por ello, EQUO vuelve a reiterar su exigencia de que sean revisadas las conclusiones del Plan Especial de la Carretera de Palma con el fin de alcanzar la restitución de la realidad preexistente, concluyendo con la demolición del 100% de lo construido.