VERDES EQUO indica que la recogida separada de residuos orgánicos es obligatoria desde el 1 de julio y que la ley refleja sanciones para los que no cumplan
El partido verde ya lo adelantó el pasado pleno de diciembre, junto a otras medidas para reducir la tasa de basura y devolver al usuario el coste pagado por envases
Verdes EQUO intervino en el pleno de diciembre pasado alertando, a pesar de ser tildados siempre de alarmistas, que la subida de precios energéticos por escasez de suministros fósiles, encarecerían la luz, el gas, las gasolinas y en más del triple la distribución de contenedores de origen Asia, cuando aún no se podía echar la culpa a Putin y la guerra de Ucrania estaba a dos meses de comenzar.
Los verdes no tenemos una bola de cristal, pero desde los informes científicos y el sentido común, no solemos fallar en nuestras apreciaciones.
Por eso y por la inminente aprobación de la ley de residuos, instábamos a acelerar el proceso de cambio en la gestión de nuestras basuras para convertirlas en recursos, premiando a quienes cumplan y separen correctamente sus residuos con la puesta en marcha del quinto contenedor marrón de compostaje orgánico con descuento en la tasa de basuras, el pago de dicha tasa por generación de residuo y no por el valor de la vivienda, la inmediata instalación de máquinas de retorno de envases que devuelvan el coste del recipiente a los consumidores, la creación de puntos limpios móviles que acerquen a la ciudadanía la posibilidad de separar correctamente sin grandes desplazamientos el resto de residuos que pueden convertirse en recursos, promover la minería urbana como medio de vida, impulsando desde el Ayuntamiento condiciones fiscales ventajosas para iniciar el emprendimiento de esta actividad de futuro, y el apoyo a las tiendas de reparación de bienes de consumo como electrodomésticos o pequeños aparatos electrónicos, evitando así la compra de aparatos nuevos.
Pasados 6 meses de la intervención en el pleno del partido verde, se incumple la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Desde Verdes EQUO indican que «desde el pasado 1 de julio el Ayuntamiento ya debería haber tenido implantada la totalidad del sistema, ya que la mencionada ley ponía el 30 de junio como fecha límite para hacerlo. Es síntoma de falta de planificación, ya que esto se conocía desde hace meses cuando Verdes EQUO lo anunció el pleno de diciembre.
Pintar de marrón el contenedor gris es una burla a la ciudadanía y se incumple la normativa, además al no tener ningún sistema de control y sin las necesarias campañas de sensibilización que deben hacerse, provoca que el contenedor marrón se convierta en un contenedor gris más, con un porcentaje de impropios que hace inútil su implantación.»
Es importante señalar que la nueva ley de residuos impone obligatoriamente el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, con un importe de 40 € o 30 € por tonelada, en función de si se trata respectivamente de residuos directamente vertidos o con un tratamiento previo de separación. Esto para Rota puede suponer sobrecostes anuales cercanos al millón de euros.
Además, los municipios tienen que fijar por ley, un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas, aparte de los *biorresiduos: textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. Llevar los residuos sin tratamiento previo a su depósito en vertedero queda completamente prohibido desde ahora.
Finalmente la nueva ley obliga a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada en el plazo de un año a todos los municipios.
Sumar a los nuevos costes por tonelada a vertedero, las sanciones de la Unión Europea por no alcanzar el 50 % de recuperación de los residuos que exige Bruselas desde 2020 y, de seguir así, mayores multas al no conseguir tampoco en 2025 el reciclado del 55% ni del 60 % en 2030, como exige la Ley.
*Biorresiduo (definición de la nueva Ley de Residuos): residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y del sector servicios, así como residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, entre otros, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.