El pasado 18 de Julio, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en manos de José Manuel Soria, remitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la propuesta de Real Decreto por el que se debería establecer la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
Como desgraciadamente nos temíamos, ciudadanos y el sector de las energías renovables, este proyecto de Real Decreto nace para desincentivar esta modalidad de producción y consumo de energía y no al contrario como seria lo lógico en el marco de una política energética que promoviera la eficiencia energética y las posibilidades de ahorro que ofrece la generación distribuida.
La factura de la luz que pagamos por nuestras casas engloba ya incrementos de cerca del 63% desde el año 2003 al 2011, a lo que hemos de sumar el 8% que ha subido a lo largo del 2012. Ahora se anuncia una nueva subida para el mes próximo de entorno al 3,2%. Todo esto con la única intención de atajar el tan famoso déficit tarifario que lejos de reducirse, aumenta al mismo ritmo que el beneficio de las grandes empresas eléctricas españolas a las que supuestamente se les adeuda este déficit mencionado.
En el ámbito de la empresa tampoco andan contentos con lo que se paga al oligopolio eléctrico, pagando la industria española el séptimo precio mas caro de toda Europa, suponiendo el pago de esta factura un esfuerzo del 13% superior a la media europea, lastrando enormemente la competitividad de nuestros productos.
Ante este panorama que nos proporcionan los datos objetivos que se exponen, el autoconsumo eléctrico con balance neto se esperaba como una posibilidad real para que empresas y usuarios domésticos pudiéramos rebajar nuestro presupuesto anual en este concepto, simplemente con hacer una pequeña inversión en nuestras casas, comunidades o empresas, que con unas tasas de retorno de dicha inversión de entorno a los 7/8 años, harían posible un ahorro efectivo anual muy importante, ya que estas instalaciones conservan un rendimiento aceptable hasta llegado los 25 años desde su instalación. Por otro lado, ayudaría a que un sector, el renovable, que llegó a generar 115.000 empleos directos resurgiera, y volviera a contratar al personal cualificado despedido y que ya estuvo en sus plantillas, y finalmente, que las empresas españolas fueran capaces de ahorrar su factura energética y poder competir en igualdad de condiciones que el resto de países de su entorno.
Nada de esto tiene una perspectiva de que pueda ocurrir, para disgusto de esa gran mayoría que saldríamos netamente beneficiados, ya que la propuesta de Real Decreto que el ministerio acaba de mandar a la CNE, habla de un “peaje de respaldo” que no es otra cosa que una tasa o impuesto que los consumidores que elijan producir su propia electricidad, pagarán, usen o no, la red de la distribuidora que actualmente le lleva la energía a la puerta de su casa o industria. La tasa de respaldo, según dice UNEF (Unión Española Fotovoltaica) encarecerá un 27% la energía eléctrica que actualmente se compra de forma convencional. Descorazonador.
Existe amplia legislación europea que obliga a nuestro gobierno a tomar medidas en el sentido contrario al que este proyecto de Real Decreto nos dirige. Directivas europeas que instan a nuestro gobierno a promover la eficiencia energética, o a evitar los gastos de transporte de energía eléctrica con la generación distribuida. De hecho en Holanda o Alemania se incentiva el autoconsumo bonificando peajes, permitiendo a los consumidores verter su producción a la red y recuperarla cuando la necesiten o venderla a la compañía eléctrica. Aquí se pretende penalizar.
La Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Abril de 2009,establece la obligación de racionalizar y acelerar los procedimientos administrativos de autorización y conexión a redes de distribución y transporte de energía. Causa pavor la “rapidez” con la que desde el 2009, sendos Gobiernos de uno u otro color, se han tomado para cumplir con esta directiva, para acabar mandando este proyecto de Real Decreto en Julio de 2013.
El pasado 26 de Junio, 300 de los 323 diputados presentes en el Congreso, (son 350 los que deberían estar en su bancada ese día y todos los demás) votaron en contra de una propuesta de realizar una auditoria energética por parte de un organismo internacional e independiente. Una auditoria que sacara a la luz cuanta culpabilidad real tenemos los ciudadanos y las empresas de ese déficit por el cual nos sube y sube la luz y que en aras de que no siga creciendo nos impide a empresas y ciudadanos producir la electricidad que consumimos. 300 padres de la patria que la mayoría se sienten ofendidos cuando oyen aquello tan famoso de “que no nos representan” pero que sin embargo desaprovechan estas pequeñas ocasiones para demostrar lo contrario.
Desde el pasado día 18 de Julio, este proyecto de Real Decreto tiene su plazo abierto para alegaciones, el cual animamos a aprovechar como así lo harán colectivos sociales, partidos políticos, el sector industrial de las renovables, etc.
Los ciudadanos y nuestras empresas tenemos el derecho a ser legislados a favor de nuestros intereses, y no a favor de los intereses de un oligopolio eléctrico sumamente protegido, enriquecido e influyente en nuestros políticos, que ven en sus Consejos de Administración una salida del Parlamento a la vida privada con enormes beneficios particulares. Y eso lo pagamos todos y lo consiguen a nuestra costa.
Articulo de opinión de Juan Martinez Jimenez de los Galanes, Coportavoz de EQUO Cadiz y Portavoz de EQUO Algeciras, enviado a los medios provinciales el día 19 de Julio de 2013