El trabajo y la vivienda hacen posible que las personas sean autónomas económicamente e independiente residencialmente. Más allá de medios para alcanzar la adultez social, un medio de vida y un techo constituyen los pilares esenciales para la dignidad de todos los seres humanos, lo que ha llevado a nuestra Constitución a considerarlos derechos (artículos 35 y 47 respectivamente). Pero trabajo y vivienda están unidos para bien o para mal. La construcción facilitó el acceso al mercado laboral a mucha gente, aunque todo el mundo viene a coincidir que la crisis se ha visto acrecentada en España por la burbuja inmobiliaria, una codicia infinita de unos pocos y una gestión o modelo de desarrollo equivocado que ha provocado las tasas de paro más altas de la historia comparable.
Concretamente en nuestra provincia y en relación con la vivienda estamos desayunando con titulares tales como “Almería posee un stock de vivienda que alcanza las 24.000 unidades de nueva construcción sin vender” que vienen a engrosar una indeterminada y abultada cifra de viviendas vacías. Más recientemente el subdelegado del gobierno señala que ha aumentado la infravivienda “Níjar y El Ejido, zonas de Almería con mayor concentración de asentamientos chabolistas”. Vecinos del casco histórico, de la calle Clarín, están difundiendo un video-denuncia sobre el estado de su entorno, de sus viviendas y sobretodo de las instalaciones de servicios básicos de agua y luz.
Finalmente, otro dato descorazonador que ha denunciado la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Almería apunta, según información del CGPJ, que entre los cuatro últimos años de la crisis (2008-2011) se han llevado a cabo 11.213 ejecuciones hipotecarias y que el ritmo en el primer trimestre del 2012 asciende a más de diez diarias.
El problema de la vivienda en España y Almería resulta complejo y con un diagnóstico reservado, mercado inmobiliario paralizado, la infravivienda en aumento, el deterioro de los cascos históricos y los inmuebles antiguos, casas deshabitadas y familias desahuciadas etc. En resumen y tal como rezaba el cartel colocado en un piso desalojado “gente sin casa y casas sin gente”.
La necesidad de acciones urgentes para frenar este sin sentido, chocan con determinadas políticas que Equo-Almería viene a denunciar así como a poner sobre la mesa alternativas sostenibles y viables. Ante leyes de la vivienda que nacen muertas u otras que regularizan ilegalidades, a los que se añaden planes de vivienda timoratos de una intervención pública escasa o nula; se debe recuperar un mayor protagonismo por parte de las administración con viviendas sociales y de protección oficial, que ayudará sin duda a que el sector de la construcción no padezca altibajos de ciclos económicos. Si a esto sumáramos una política de rehabilitación de vivienda decidida con las ayudas y soporte económico suficiente, resolveríamos dos problemas, los cascos históricos deteriorados y un sector económico en recesión.
Abordar los asentamientos y la infravivienda sólo desde la perspectiva de la salud pública y la seguridad ciudadana no resuelve el problema de raíz, de otra manera, la coordinación entre las administraciones públicas, recuperar los alojamientos para temporeros que los ayuntamientos de la provincia renunciaron y rescatar las viviendas de protección oficial que particulares y especialmente bancos tienen cerradas, resultan alternativas al alcance de la mano.
Ante los desahucios no cabe más dilación a la dación en pago, opciones como los alquileres y rentas sociales y un control público mayor sobre las actuaciones de la banca para que los afectados por las hipotecas dejen de ser considerados asuntos individuales o familiares sino que se consideren una realidad social y colectiva que necesita una respuesta social y política.
En definitiva, recuperar la idea constitucional de que la vivienda digna es la base para la dignidad de las personas. Artículo 47. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
