En el Día Mundial de los Refugiados EQUO Almería denuncia que el reciente Decreto Ley sobre medidas de reforma del Sistema Sanitario perjudica notablemente a las personas refugiadas en nuestro país.
Por si no fuera suficiente sufrimiento el verse obligados a huir de sus países, vivir un sin fin de peligros para llegar a España (o morir en el intento), encontrarse unas condiciones de vivienda la mayoría de las veces infrahumanas (o ser detenidos, encarcelados y deportados), o trabajar en condiciones de esclavismo; ahora se les niega la atención sanitaria. Estas medidas sólo contribuirán a fomentar el rechazo de la población a las personas inmigrantes y refugiadas.
En palabras de Mar Verdejo, la coportavoz provincial de EQUO, “el incremento de los requisitos para obtener atención sanitaria a las personas de origen extranjero es una medida injustificada, ineficaz e insolidaria. Exigir acreditar, además del empadronamiento, un trabajo y la residencia fiscal, supone aumentar la desprotección de las personas más perjudicadas por la crisis económica y el desempleo. Dentro de este colectivo se encuentran muchas personas solicitantes de asilo que no obtuvieron protección en nuestro país y que verán acrecentado su riesgo de exclusión social”.
EQUO Almería afirma que el hecho de presentar a los inmigrantes como hiperdemandantes de Servicios Sanitarios, sin contribuir al sostenimiento de estos son falsos. Las estadísticas sobre el uso de los servicios públicos por parte de la población inmigrante muestran que son menores al realizado por los autóctonos españoles, especialmente en el ámbito de la salud. Las consultas en atención primaria y especializada están por debajo de la media de los españoles y la atención de urgencias es sólo levemente superior. Realizar afirmaciones sobre un supuesto abuso de los servicios sanitarios contribuye, irresponsablemente, a generalizar una imagen negativa de la inmigración y promover actitudes xenófobas y discriminatorias. Hay diferentes estudios que demuestran que los inmigrantes aportan más recursos (vía cotizaciones a la Seguridad Social y pago de impuestos directos e indirectos) que el “gasto” que suponen los recursos por ellos utilizados.
Desde la propia CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) se afirma que las restricciones al acceso a la sanidad vienen a sumarse a los graves recortes en los recursos destinados a la integración de las personas migrantes y refugiadas. Un contexto de recortes que supondrá un freno a los esfuerzos realizados por favorecer la convivencia intercultural en nuestro país y que aumentará los riesgos de exclusión social de los sectores inmigrantes más desprotegidos.
En este sentido, Juan Sebastián Fernández, coportavoz provincial, declara que “desde EQUO exigimos que se retiren estas medidas que dejan sin un Derecho Básico, la asistencia sanitaria, a refugiados e inmigrantes, y se adopten políticas que velen por la aplicación de los Derechos Humanos Universales. Suficiente sufrimiento supone ya ser Refugiado para que encima se les culpe de ser los responsables de la crisis de nuestro Sistema”.