La democracia es cosa de todos y todas, y si no participamos más es porque no estamos aún educados para hacer democracia participativa activa. Tenemos derecho a saber y a solicitar información; pero ni sabemos cómo hacerla, ni conocemos ni entendemos los canales de participación. Históricamente no podemos decir que España haya sido un país transparente, más bien nos hemos situado entre los colores oscuros, y ahora el índice de Transparencia Internacional-2012 sitúa a España en el puesto 30, después de países como Chipre y Botsuana. Los últimos casos de corrupción no hacen otra cosa que dañar la llamada “marca España”; por ejemplo: ¿sabemos qué hacen nuestros diputados en el Parlamento?, ¿con quién se reúnen?, ¿con qué Lobbys?, ¿quién elabora los informes para elaborar las leyes? ¿Conocemos cómo son los trámites para hacer preguntas en los plenos de nuestros Ayuntamientos? Se hace necesaria, por tanto, la aprobación de una Ley de transparencia que garantice el derecho de la ciudadanía a la información y la lucha contra la corrupción. Establecer mecanismos que garanticen la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y ambientales. Hay que implicarse en política, porque no sólo con transparencia se combate la corrupción. Nuestra Constitución proclama en el artículo 6, que “los partidos políticos, son el principal medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida pública, deben funcionar de manera democrática.” Los partidos políticos son los cimientos en los que se ha construido nuestro sistema político, carentes de democracia interna, generando además: corrupción, clientelismo, corporativismo interior, etc. Ante este panorama hace falta con urgencia: una introducción de cambios profundos en el funcionamiento de los partidos para garantizar la democracia interna y la transparencia en su funcionamiento y sus cuentas. Decía Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”, y eso parece que sí lo llevamos muy bien a la práctica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948) entre los artículos 22 al 27, y la Constitución Española nos garantizan de manera efectiva los derechos básicos a la vivienda, un trabajo digno, a la educación y sanidad, de calidad, gratuitas y universales. Y ante la tragedia de los desahucios, la ciudadanía ha sido ejemplo y ha estado a la altura de las circunstancias presionando a nuestros políticos para que pongan solución a este drama. De una vez por todas, hay que buscar medidas para impedir que queden sin hogar quienes carecen de vivienda alternativa, como por ejemplo, con un parque de viviendas para el arrendamiento social, una regulación de dación en pago, el arrendamiento obligatorio para los titulares de hipotecas ejecutables de bancos rescatados, etc.
Es necesario abrir un amplio debate sobre el nuevo pacto social basado en la renta básica de ciudadanía como mecanismo redistributivo y base de la emancipación económica, social y política, y en la renta máxima, ambas medidas necesarias para el cambio de modo de vida hacia el buen vivir dentro de los límites ecológicos del Planeta. En palabras del economista Daniel Raventós: “La renta básica no solo es una medida contra la pobreza, lo interesante es que incrementa la libertad de la mayoría de la ciudadanía”, y con la redistribución del 2% de los recursos de los ricos se acabaría con la pobreza mundial, según explica el filósofo Thomas Pogge. En 2011, Global Footprint Network (GFN) advirtió que la Tierra entró en una «deuda ecológica» al haber consumido en lo que va de año su presupuesto de recursos naturales. La humanidad está agotando los suministros naturales, de tierra, árboles y mar, “consumiendo sus ahorros”. Es España consumimos tres veces lo que nos dan los recursos naturales. “Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”, A. Toffler. Hay alternativas: ¿Reiniciamos la democracia?
