¿Qué ha sido de aquella idílica Unión Europea que se construyó a partir del Tratado de Maastricht? Nuestro compañero Pepe Criado (@pepecriado1) hace una profunda revisión de la evolución de la Unión Europea en estos 20 años.
La actual Unión Europea se configuró en 1992 con el llamado Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea. Constituyó un paso definitivo en el proceso de integración del espacio europeo, pues se acordó la común identidad política, además de la económica, con el fin de construir una Europa de los ciudadanos y ciudadanas. Una de las novedades más importantes del Tratado fue la consagración de la Europa de la ciudadanía, permitiendo la libre circulación y el derecho al sufragio y el fomento del progreso económico y social, estableciendo la unión económica y monetaria, con moneda única y un Banco Central Europeo.
Además, se incluyó en el Tratado el llamado Principio de Subsidiariedad, que implica que cualquier tipo de decisión se debe de tomar a un nivel que favorezca lo máximo posible a la ciudadanía. Se acordó que este Principio se aplicara tanto a todas las administraciones (europea, nacional, regional y local) como a las empresas. Quedó definido en el artículo 308 del Tratado: “En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá conforme al Principio de Subsidiariedad, solo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.”
El Tratado significó la culminación política de un conjunto normativo formado por unos tratados preexistentes, de carácter económico, a los que se añadieron otros de carácter político.
Como he señalado, se crearon nuevas instituciones para la gobernanza de la UE, entre ellas el Banco Central Europeo, como institución responsable de la política monetaria europea, con las siguientes responsabilidades con absoluta independencia: control sobre la emisión de moneda y preservación de la estabilidad de los precios, controlando la inflación.
Hasta aquí todo es bastante sugestivo, bastante interesante en el sentido de que significó un acuerdo definitivo de apoyo en el desarrollo de un montón de países que hasta hacía muy pocos años se dedicaron a guerrear entre ellos.
Pero desde 1992 hasta ahora, 20 años después, la situación que vivimos en los países de la UE no es tan de postal como se preveía. Las autoridades europeas y los gobiernos nacionales intentan convencernos de que no tenemos derecho a la educación ni a la cultura ni a la salud universal aduciendo que el sistema ha llegado a un límite insostenible que provoca una deuda pública que hace inviable la gestión social, entendida como un bien para la ciudadanía.
También quieren convencernos de que las personas normales y corrientes, es decir, la clase trabajadora, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Pero, ¿qué cara se nos quedaría si estos razonamientos fueran una pura mentira y el actual sistema de gobierno democrático un puro teatro?
De hecho ya podemos saber que los recortes en gasto social y en inversión pública sólo responden a idearios políticos que apuestan por la privatización en la gestión de las necesidades básicas personales con el único fin de acumular poder y dinero en grandes lobbies, que a su vez nutren a los partidos políticos que les apoyan.
La imposición de una política económica de este tipo es una monstruosidad porque destruye la capacidad de generar ingresos en la sociedad a la que se aplica, con la consecuencia directa sobre la población de aumento de la pobreza y fomento de la inseguridad social.
Ya sabemos que las causas de la deuda pública no son las que pregonan los gobiernos y jalean sus medios de comunicación, sino que la deuda pública se produce, fundamentalmente, porque los gobiernos están obligados a financiarse en la banca privada, ya que se prohíbe explícitamente que el Banco Central Europeo les asista. Así, la banca privada ha generado un sistema para ganar muchísimo dinero fácil especulando que consiste en desacreditar a la economía de cada país, a través de las agencias de calificación, que son suyas, para cobrar cada vez más intereses a los países que solicitan préstamos. Se calcula que en la UE los estados miembros pagan casi 400.000 millones anuales en intereses a la banca privada por esta forma de guiar la financiación pública, con lo que cada estado gasta en educación, cultura y salud resulta, en comparación, una cifra bastante ridícula.
Pero, ¿por qué el Banco Central Europeo no puede financiar a los gobiernos nacionales ni a ningún organismo público si se creó para eso? El BCE podría prestar dinero sin intereses y la banca privada cobra entre el 5 y el 17% anual. Pues resulta que el mismo Tratado de constitución de la Unión Europea lo prohíbe directamente. Es decir, que esta crisis, o cualquier otra que esté a la vuelta de la esquina, ya está prevista en la misma esencia de la legislación internacional, con el objetivo de acumular más capital en los grandes capitales y absolutamente en contra de los intereses vitales de la ciudadanía, de las familias, de la gente que trabaja.
La prohibición está muy clara en el Tratado de Maastricht, en el artículo 104: “Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros a favor de instituciones u organismos comunitarios, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales, u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales”.
Como el Banco Central Europeo no actúa como tal y la UE obliga a los estados a financiarse en la banca privada, las economías nacionales soportan un gasto ingente que intentan cubrir reduciendo o anulando el bienestar de la ciudadanía.
Solucionar esta situación de crisis financiera propiciada no pasa por confiar en que la resuelvan los partidos políticos que la han generado y la potencian, sino que es ya una cuestión de que los ciudadanos y ciudadanas tomemos nuestro propio poder, tal como está sucediendo en Islandia y como es probable que ocurra en Grecia.
Es urgente que toda la deuda pública quede cancelada, por inmoral e ilegal, ya que la clase política la ha generado para fomentar la especulación de los mercados financieros. Y también resulta de máxima transcendencia anular el Artículo 104 del Tratado de la UE y dar posibilidades al Banco Central Europeo para que financie sin intereses los gastos extraordinarios de los gobiernos.
Y también tenemos que incentivar y apoyar a fuerzas políticas que generan democracia económica, una economía transparente y basada en las finanzas reales, sin especulación, para desautorizar el teatro, puro teatro, tanto político como económico, con el que nos entretiene el bipartidismo canalla que desde hace más de 20 años asola Europa.
Pepe Criado.