El PP ha dado una nueva vuelta de tuerca más al desmantelamiento de lo público a favor de intereses privados, con una nueva modalidad: los bienes y servicios públicos han pasado de venderse a regalarse. Lo que recientemente ha denunciado un médico del Hospital Público Gregorio Marañón, en donde una trama corrupta -pero que operaba a plena luz y sin disimulo- practicaba pruebas médicas gratuitas para clínicas privadas a costa del muy recortado presupuesto público de la sanidad madrileña, no dista mucho de lo que acaba de aprobar el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). Al fin y al cabo, en ambos casos se regalan a entidades privadas recursos públicos sostenidos con nuestros impuestos e inversiones realizadas gracias a la deuda pública que ahora nos asfixia.
A lo largo de una década se han invertido en este Hamman Almohade, el mayor de Al-Ándalus, 1,3 millones de euros de dinero público, porque los propietarios no cumplían con su obligación legal de conservar este Bien de Interés Cultural, tal y como establecen las leyes de Patrimonio Histórico de España y Andalucía. Esto ha justificado un proceso de expropiación que ha costado esfuerzos administrativos y más dinero público. Al cederse ahora a una de las entidades propietarias expropiadas, -seamos claros- se está burlando la ley. Ya cuesta trabajo creer que, a tan solo 9 meses de culminarse dicha expropiación, hayan cambiado sustancialmente las circunstancias que motivaron la misma, en función del interés general, pero es que de haber sido así – cosa que es evidente que no ha ocurrido- el procedimiento correcto sería la reversión de lo expropiado con la devolución por parte de los antiguos propietarios del justiprecio cobrado – 380.000 euros- y de las sumas invertidas por la administración pública que ejecutó subsidiariamente las obras de rehabilitación que el inmueble requería, tras años de falta de mantenimiento y cuidados, para evitar su ruina.
En lugar de proceder de este modo o de rentabilizar social y económicamente esa inversión mediante la gestión directa del ICAS o de una concesión de explotación, compatible con su preservación, se cede a la Hermandad de la Vera Cruz, una de las dos entidades anteriormente propietarias, sin ningún canon a cambio y, con ello, se le hace un regalo de más de un 1’5 millones de euros en especie a una entidad privada. Si no ha podido mantener el edificio ¿Cómo puede la ciudadanía sevillana confiar en que lo vaya hacer a partir de ahora? ¿Qué garantías hay de ello? ¿Y aunque las hubiera, como se pude premiar de esa forma el incumplimiento continuado de las obligaciones legales que tienen los propietarios de los Bienes de Interés Cultural?
El supuesto beneficio público que se argumenta para justificar esta cesión de uso privativo es de un cinismo esperpéntico. Un edificio de la categoría y significación que tienen los Baños de la Reina Mora, debería estar abierto regularmente al público e incorporarse a la oferta turística de la ciudad, al tiempo que ser espacio para la realización de actividades musicales, teatrales, de danza, artes plásticas u otras que enriquecieran la vida y la oferta cultural de Sevilla. Para éstas sí que podría ser cedido puntual o temporalmente a asociaciones o industrias culturales, apoyando al tejido asociativo y empresarial de la cultura sevillana. Y sin embargo, la Hermandad de la Vera Cruz, a cambio de este presente que le hace Zoido, con el dinero de nuestros bolsillos, lo va a dedicar actividades culturales, sociales y de “caridad” que no se han concretado. Como es de esperar, de una entidad religiosa, serán incompatibles con el carácter laico que deberían tener todas las actividades y servicios de interés general que justifiquen una cesión de patrimonio de las administraciones públicas.
Los Baños de la Reina Mora era uno de las once sedes incluidas en el proyecto del gobierno municipal del PP de Museo de la Ciudad disperso. Al reciente cierre del Antiquarium, por un accidente que podría haberle costado la vida a una persona, se añade ahora esta escandalosa cesión. Una vez más, Zoido incumple lo que promete y juega a favor de los intereses privados en perjuicio de lo público.