COMPROMISO electoral de EQUO VERDES – INICIATIVA ANDALUCÍA

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES ANDALUZAS 2018

El programa gira en torno a cinco ejes fundamentales: Trabajo, economía y medio ambiente; ecofeminismo; derechos; sociedad, cultura y solidaridad; y finalmente democracia, autonomía y federalismo. (Aquí puedes descargarte completo el programa electoral EQUO VERDES – INICIATIVA ANDALUCÍA)

Aquí te detallamos el quinto bloque sobre Derechos:

Bloque 5: Democracia, autonomía y federalismo.

- Capítulo 1: Una democracia de abajo a arriba: representación y participación.
- Capítulo 2: Transparencia y limpieza en la administración.
- Capítulo 3: Justicia.
- Capítulo 4: Laicidad y recuperación de los bienes públicos.
- Capítulo 5: Andalucía como la que más: mismo nivel competencial que las comunidades autónomas del 151.
- Capítulo 6: Nueva financiación autonómica.
- Capítulo 7: Por un modelo federal.

4.- SOCIEDAD, CULTURA Y SOLIDARIDAD.

Estamos viviendo un cambio de época, en el que las élites sociopolíticas y económicas se están posicionando para tomar el control del futuro. La democracia representativa no es suficiente y los partidos políticos mayoritarios no están dando soluciones a los retos de la sociedad andaluza del siglo XXI.

La corrupción y el poder de las grandes corporaciones y entidades financieras frente a la soberanía popular necesitan una respuesta masiva de la ciudadanía.

Por eso, además de democracia participativa, la estrategia política de la Coalición EQUO-INICIATIVA propone una democracia prospectiva, incorporando la necesidad de evaluar los cambios que están sucediendo en nuestra sociedad y de anticiparse a los que están por venir, para evitar que la ciudadanía quede excluida de la toma de decisiones que afectan a sus vidas y a las de sus descendientes. Una democracia que además tiene que ofrecer alternativas y soluciones a una sociedad cada vez más diversa y compleja.

Es necesaria una profunda reforma democrática de nuestras instituciones para establecer un estado republicano, federal y laico. La reforma que proponemos tiene como objetivo acercar la gestión y la Administración Pública andaluza a la ciudadanía, con propuestas de limpieza, transparencia y mecanismos que permitan y promuevan el ejercicio de la democracia participativa, es decir, más allá de la mera elección de representantes políticos.

El objetivo de la Administración Pública andaluza ha de ser la consecución de altos niveles de calidad de vida para la población, garantizando la ausencia de discriminación, marginación y exclusión social, proporcionando marcos legislativos, servicios y actuaciones culturales, educativas y socioeconómicas adecuadas a estos fines y promoviendo especialmente la igualdad entre hombres y mujeres, por ser la más extendida y persistente de las desigualdades sociales.

Estas políticas se desarrollarán atendiendo siempre al uso sostenible de los recursos naturales, a la preservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica y cultural, así como al reconocimiento y defensa de la dignidad animal.

Es prioritario frenar el despoblamiento de los municipios andaluces. Ofreciendo servicios, movilidad sostenible, innovación y oportunidades a la juventud andaluza podemos ofrecer calidad de vida al mismo tiempo que cuidamos el territorio.

Es fundamental reformar el marco normativo electoral para garantizar la proporcionalidad y equidad del voto, la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas, la mejora del vínculo entre votantes y cargos electos y para dar mayor capacidad a la ciudadanía.

Para todo ello, es necesario que la sociedad andaluza recupere su dinamismo y se empodere de nuevo para recuperar el peso que tuvo en el conjunto del Estado: el cambio en el Estado no es posible sin la participación activa del pueblo andaluz porque la realidad social nos empuja justamente en el sentido de la complementariedad: ni Andalucía puede salir de la crisis diferencial a la que nos han conducido el desarrollismo y la difuminación de nuestra identidad colectiva sin la transformación del Estado español, ni es posible el cambio que necesita el Estado español sin Andalucía como un potente sujeto político.

Queremos a Andalucía como la que más: Exigiremos el desarrollo completo del Estatuto en todas sus posibilidades, al mismo tiempo que denunciaremos toda discriminación en nuestro nivel competencial con respecto a las demás Comunidades Autónomas de la vía del 151.

Para una Autonomía real es necesario un nuevo sistema de financiación autonómico porque es el mecanismo más poderoso de transferencias de renta entre territorios. Una financiación autonómica justa debe estar basada, como criterio de reparto, en el principio de equidad (reparto de fondos en función del número de habitantes) y disponer de más recursos propios.

Mejores instituciones producen más justicia social y más justicia social generan mejores instituciones. La explicación es que la desigualdad no es producto de fallos técnicos sino de una determinada estructura de poder porque implica una asimetría en la distribución de los recursos: hay gente con privilegios que se beneficia de esta situación y gente discriminada que la sufre.

La defensa de los privilegios a pesar de los daños sociales que produzcan es una línea de continuidad en la historia de España. Y esa defensa es posible porque hay una conexión antidemocrática en el núcleo donde se toman las grandes decisiones entre las élites económicas y el partido que controla el gobierno central. Ese “fallo de sistema” origina la debilidad institucional y la desigualdad social. Hasta ahora, los que disfrutan de los privilegios de la desigualdad han logrado impedir que el pluralismo territorial llegue al Estado central que es donde se concentra realmente el poder.

España es un Estado federal incompleto. El Estado de las Autonomías, por su desarticulación federal, se ha convertido en el Estado de la autonomía del centralismo, provocando en vez de menos, más desigualdad.

La solución federal, que es de sentido común (si tenemos un sistema federal imperfecto, transformémoslo en un sistema federal completo), llevará el pluralismo al Estado central, fortalecerá la institucionalidad democrática y transformará también la planta y el poder judicial. La traslación del pluralismo político al Estado central impedirá la connivencia entre élites políticas reducidas y las élites económicas que basan su poder en las ventajas que obtienen de su influencia en las decisiones estratégicas del Estado y permitiría un mejor reparto del poder y por lo tanto de la riqueza. Este cambio no puede producirse sin la activación política de Andalucía.

Capítulo 1. UNA DEMOCRACIA DE ABAJO A ARRIBA: REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN

A) LA SITUACIÓN

La democracia es mucho más que una estructura política, es un sistema de valores para la convivencia que maximiza la estabilidad de las relaciones colaborativas porque se basa en la igualdad y en la distribución del poder.

Todas las manifestaciones de resistencia frente a la opresión y la explotación han tenido, a lo largo de la historia, un componente de valores democráticos que descansan en la libertad colectiva por encima de cualquier otro. Precisamente, el republicanismo es la elaboración política que se ha centrado en la aportación de los valores imprescindibles de libertad, igualdad, convivencia, solidaridad y virtudes cívicas necesarias para entender la democracia como fin en sí misma.

Por eso la democracia es, como sistema de valores, un fin en sí mismo que se despliega como medio en nuestra época a través del Estado democrático. La democracia, al ser un fin y al mismo tiempo un medio, adquiere una característica dinámica de tal forma que la democracia hay que entenderla como un proceso.

Los desequilibrios provocados por el modelo de globalización, la crisis ecológica y el aumento de la productividad por la revolución de la información y las comunicaciones ha provocado una situación de estancamiento económico global y de endeudamiento generalizado de empresas, familias y Estados. Las élites que dominan el poder económico no han sido capaces de articular una alternativa reformista, ni como respuesta a la crisis ni ahora.

Hay una reacción en la opinión pública contra el neoliberalismo y contra las élites a las que identifica con la clase política y a la que responsabiliza de no hacer nada contra el deterioro de las condiciones de vida.

Los partidos y los líderes de la derecha autoritaria y neo fascista están intentando capitalizar el descontento con propuestas demagógicas basadas en sentimientos de miedo e insolidaridad que ha triunfado en EE.UU., Reino Unido, Arabia Saudí, Filipinas, Turquía, Rusia, Hungría, Polonia o Chequia (estos últimos forman la alianza de Visegrado) y amenaza con llegar al poder en Brasil, entre otros.

Tenemos una responsabilidad histórica. Hay que ofrecer un cambio real y soluciones viables, sobre la base de la unidad, la defensa de la democracia federal y la eficacia de los poderes públicos para contrapesar el poder del capital financiero, en una perspectiva de transformación económica sostenible, y avanzar en la igualdad social, sobre la base de la solidaridad y los derechos.

Sin derechos sociales y económicos no hay verdadera democracia. El objetivo del Gobierno andaluz ha de ser la consecución de unos niveles de seguridad y calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas que minimicen y a largo plazo erradiquen la discriminación, la marginación y la exclusión social, y de esta manera, garantizar la igualdad y la libertad como aspiraciones democráticas irrenunciables.

La principal brecha en este ámbito de los derechos es la que aún se abre entre hombres y mujeres, la más extendida y persistente de las desigualdades sociales, que se añade a las demás, agravándolas. Es por ello que las medidas legislativas y ejecutivas que se desarrollen en los diferentes ámbitos de la acción social y económica, prestarán especial atención a la igualdad de género y promoverán el empoderamiento de ese más del 50% de la población andaluza que aún permanece, en gran medida, marginada de la toma de decisiones en la vida política y económica, e incluso en la vida social y familiar.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La coalición EQUO – INICIATIVA aboga por una profunda reforma de nuestras instituciones con el objetivo fundamental de alcanzar una realidad democrática, en la que la representatividad esté garantizada por el control y la participación permanentes de la ciudadanía.

Para ello se promoverán auténticos procesos de participación ciudadana, con metodologías rigurosas frente a las operaciones de “maquillaje” con las que el actual gobierno andaluz solo pretende “cubrir las apariencias”, sin una verdadera vocación de profundización democrática. Igualmente se acercará la gestión y la Administración Pública andaluza a la ciudadanía, con una política de “puertas y archivos abiertos” como garantía de limpieza y transparencia tanto en la toma de decisiones como en los procedimientos.

Pero además, una verdadera democracia debe anteponer el bien común de la generaciones presentes y futuras a los intereses particulares y cortoplacistas de las élites sociopolíticas y económicas Por eso, además de democracia participativa, la estrategia política de la coalición EQUO – INICIATIVA reclama democracia prospectiva, incorporando la necesidad de evaluar los cambios que están sucediendo en nuestra sociedad y de anticiparse a los que están por venir, para evitar que los ciudadanos y ciudadanas corrientes queden excluidos de la toma de decisiones que afectan a sus vidas y a las de sus descendientes.

El uso sostenible de los recursos naturales, la preservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica y cultural, serán imperativos transversales a todas las acciones legislativas y ejecutivas impulsadas o desarrolladas por el Gobierno andaluz, desde la convicción de que también son derechos esenciales de ciudadanía y de que tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras, en las mejores condiciones, el único planeta que tenemos y tendremos.

La creciente demanda ciudadana de derechos para los animales es el nuevo reto del siglo XXI que la coalición EQUO – INICIATIVA afronta en su programa. Nos respalda una parte importante de las ciudadanas y ciudadanos y la gran mayoría de la población joven, que rechazan el sufrimiento animal. Seguir permitiendo las prácticas que lo producen y no poner medidas para erradicarlas nos degrada individual y socialmente. Vamos a impulsar la democracia real, propiciando la verdadera participación ciudadana en el proyecto de transición ecológica de Andalucía, tanto a nivel autonómico como municipal. Este impulso precisa de una reforma de la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo y el parlamento represente proporcional y fielmente la voluntad de las andaluzas y andaluces.

Igualmente dotar de contenido y fuerza normativa al escaño 110 para que la ciudadanía pueda trasladar directamente sus propuestas al Parlamento, sin mediación de uno u otro partido político, como tienen que hacer las organizaciones y colectivos sociales.

Una nueva ley, más ambiciosa que la actual y con la dotación adecuada, será la base que articule de forma cotidiana la participación ciudadana de los andaluces en el día a día de la gestión de sus municipios y de las instituciones autonómicas.

C) MEDIDAS

Impulsar una Reforma del Marco Normativo Electoral para garantizar la proporcionalidad y equidad del voto, la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas, la mejora del vínculo entre votantes y cargos electos y para dar mayor capacidad a la ciudadanía.

Proponemos listas desbloqueadas, permitiendo votar abiertamente entre las diferentes candidaturas, con eliminación de la barrera electoral del 3% para entrar en el reparto de escaños. La proporcionalidad pura requiere una circunscripción única, que exigiría reformar la ley electoral del Estado. En el marco competencial andaluz, no podemos prescindir de la circunscripción provincial, pero sí podemos aplicar un sistema biproporcional, que reparte los escaños como si hubiera una circunscripción única andaluza y los distribuye por provincias. La base técnica de la propuesta ha sido desarrollada por el Grupo de Investigación en Metodologías Electorales (GIME) de la Universidad de Granada.

Activar el Escaño 110 y ampliar sus contenidos de manera que sirva no sólo para presentar Iniciativas Legislativas Populares, que puedan ser expuestas directamente en dicho escaño por sus promotores, sino para plantear preguntas de control de la actividad parlamentaria y del Gobierno y otras iniciativas parlamentarias no legislativas. Mucho más allá del escaño 110, la participación ciudadana ha de ser una realidad en todos los ámbitos de la vida política y de las administraciones públicas.

Impulsar otras reformas legales para el desarrollo de órganos y canales regulados de iniciativa, debate y toma de decisiones por parte de la ciudadanía: consejos ciudadanos por sorteo, participación y voto online, revocatoria de cargos electos, mejora de Iniciativas Legislativas Populares y referéndum, presupuestos participativos, entre otras.

Garantizar la apertura de los partidos políticos a la ciudadanía, su transparencia y su democracia interna vinculando su financiación pública al cumplimiento de dichos aspectos de su funcionamiento. Para ello, exigiremos que se incorpore la regulación efectiva de su financiación según las recomendaciones del observatorio GRECO (Observatorio de Estados del Consejo de Europa contra la corrupción). Concretamente aquellas que aún no se han incorporado de sus informes de 2009 y 2011, así como las de su informe específico sobre “España: Transparencia en la financiación de los partidos”, publicado el 11 de Julio de 2013. Entre ellas destacamos las medidas para:
- Evitar que las condonaciones de créditos y préstamos financieros acaben por ser un mecanismo para burlar las limitaciones de financiación privada.
- Incrementar la transparencia de ingresos y gastos de las ramas locales de los partidos y otras entidades (fundaciones, asociaciones…) directamente relacionadas con los partidos.
- Obligar el uso de un formato común a todos los partidos para la información contable.
- Endurecer las sanciones y extenderlas a los donantes, en caso de infracción en las limitaciones en las donaciones.
- Lograr mayor eficacia tanto en el tratamiento penal en los casos de “soborno o tráfico de influencias referidos a cargos,mediadores o magistrados de organismos internacionales “y a los supuestos de “cohecho pasivo respecto del sector privado”.
- Mejorar de las atribuciones y recursos del Tribunal de Cuentas.
- Aumentar el límite de gastos electorales y sustitución de parte de las subvenciones por la concesión proporcional de espacios públicos.

Impulso de un Referéndum sobre la naturaleza de la jefatura del Estado: monarquía o república.

Limitación a ocho años el máximo para ejercer la presidencia del gobierno. 673. Eliminación de los aforamientos.

La Decisión del Parlamento cuando haya una reprobación de una persona que ocupe un cargo político será vinculante para la persona que ejerza la presidencia del gobierno.

Reformas legislativas para impedir la corrupción. Crear la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Prohibir las puertas giratorias, regular los lobbies y aprobar una Ley para la protección del denunciante de prácticas corruptas.

Garantizar la transparencia; reformar la Ley de Transparencia. Adoptar medidas para mejorar la transparencia en la contratación de empresas y servicios públicos.

Crear la oficina de Conflicto de Intereses de Andalucía para impedir las puertas giratorias y el fraude en la financiación de los partidos.

Capítulo 2. TRANSPARENCIA Y LIMPIEZA EN LA ADMINISTRACIÓN

A) LA SITUACIÓN

La administración de la Junta de Andalucía vive tal vez su peor momento, tras la confusión creada por la “reforma de la administración andaluza” que provocó el rechazo de la práctica totalidad de los empleados públicos de la administración autonómica y cuya esencia consistía en sistematizar mediante la creación de Agencias la huida del derecho administrativo, es decir: trasladar la mayor parte de la actividad administrativa de un régimen jurídico público a un régimen jurídico privado.

Esta “reforma” venía a darle soporte legal a la práctica de creación de una administración paralela compuesta por empresas públicas, consorcios, fundaciones, etc., en las que no ha existido ningún control público riguroso ni en materia de contratación de personal ni de gasto, ya que carecían de una regulación específica de carácter integral.

La falta de un modelo eficaz y garantista tiene a la Administración Autonómica sumida en un letargo, con una estructura obsoleta dividida en Consejerías que se comportan como administraciones independientes, sin un sistema tecnológico integrado y sobre todo sin una orientación hacia un proyecto que dé respuesta a los retos que tiene la administración autonómica en el siglo XXI. Así, en vez de fortalecer la herramienta más poderosa de que disponemos, la Junta de Andalucía está debilitada tanto desde el punto de vista funcional como político.

Una de las consecuencias de este descontrol ha sido la corrupción en la gestión de los ERES que tiene sentado en el banquillo a dos ex presidentes y a la plana mayor de muchas Consejerías. Sin embargo no ha habido una reflexión sobre las causas estructurales que han permitido este escándalo y se oculta a la sociedad andaluza un debate imprescindible sobre nuestra función pública y de las funciones que tiene que cumplir la Administración autonómica después de más de treinta y cinco años de Autonomía.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La Coalición EQUO – INICIATIVA propone un Plan de Gobierno Abierto que haga realidad una nueva cultura política y administrativa en la que la ciudadanía esté en el centro y sea sujeto activo de la gestión pública.

El Gobierno Abierto entabla una constante conversación con la ciudadanía, facilitando el debate en su seno, haciendo posible que la gestión de lo colectivo sea compartida entre la ciudadanía y haciendo posible la colaboración entre la sociedad civil y los funcionarios, cargos electos y el conjunto de los trabajadores del sector público en el desarrollo de los servicios que prestan así como en lo referente a los cambios legislativos y la acción de gobierno.

C) MEDIDAS

Nueva ley de la función pública andaluza ampliamente consensuada con sus trabajadores y trabajadoras, que modernice la administración, la blinde contra la corrupción, garantice la carrera profesional de los empleados públicos y la convierta en un instrumento eficaz para la transformación de Andalucía.

Nueva ley que integre a todas las administraciones andaluzas territoriales en un sistema coherente y complementario.

Implementar la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, para que pueda cumplir los objetivos regeneración democrática que le dan sentido. Modificar su contenido con ese fin y realizar su desarrollo normativo aún pendiente. Esta ley ha tenido escasos resultados en los mencionados objetivos por una evidente falta de voluntad política.

Promover que la Administración electrónica y el acceso “on line” a la documentación de todos los procesos administrativos sean una realidad generalizada, frente a la hipocresía del actual gobierno andaluz, que solo pretende mantener su forma de gobierno opaca y clientelar, bajo una falsa apariencia de transparencia y participación ciudadana. Se garantizará el acceso a la información y la transparencia de la Administración a toda la ciudadanía con independencia de su condición cognitiva. Y se garantizará la lectura fácil en todos los documentos públicos. Toda la documentación de los procedimientos administrativos ha de estar accesible directamente “on line” y en formatos abiertos, algo que es perfectamente viable garantizando al tiempo el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales. Ésta no puede seguir siendo la excusa para eludir facilitar el acceso directo y abierto a una información que es pública.

Establecimiento generalizado de identificación con DNI electrónico en la Administración Pública autonómica – y en la municipal en el ámbito andaluz- para fomentar un mayor control y participación ciudadana, amén de facilitar todas las tramitaciones administrativas. Esta medida irá acompañada de potentes programas de formación y fomento del uso, tanto para las empleadas y empleados públicos como para los sectores sociales más ajenos al uso de las nuevas tecnologías.

Ley que regule la relación entre los lobbies o grupos de interés y presión y las instituciones públicas, dando transparencia a su actividad para garantizar la igualdad de oportunidades a los potenciales afectados por una decisión pública. Dicha ley debe establecer las condiciones en las que distintas personas o grupos podrán promover, defender o representar distintos intereses y objetivos legítimos de manera tendente a influir en las decisiones que deben tomar los representantes políticos y el conjunto de administraciones públicas. Para ello se establecerá un registro de dichos grupos de interés o lobbies y la obligación de elaborar informes que den transparencia a su actividad. Se regulará la relación de los cargos públicos con dichos grupos durante y después del ejercicio del cargo. Esta norma ha de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los potenciales afectados por una decisión pública y la necesaria información que permita un control tanto de la actividad legislativa como administrativa que pueda ser objeto de presión por dichos afectados.

Plan de vigilancia y lucha contra la corrupción en el sector público. En primer lugar, establecer un régimen de incompatibilidades más severo que el actual, incluyendo:

Obligatoriedad de inhibirse en decisiones relacionadas con la actividad profesional de familiares o empresas participadas o administradas por familiares de hasta 2º grado.

Ampliación hasta 3 años el periodo, tras el abandono de cargo o empleo público, en el que no se podrán desarrollar actividades profesionales y mercantiles que guarden relación directa con el ejercicio del cargo así como el asesoramiento a empresas concesionarias o receptoras de ayudas del sector público.

Capítulo 3. JUSTICIA

A) LA SITUACIÓN

No por muy repetido deja de ser cierto que donde la administración de justicia llega tarde, o solo se la pueden permitir quienes tienen recursos económicos suficientes, no hay Justicia.

Los escándalos en torno a sentencias como la de la manada, la imputación por el delito de rebelión y el encarcelamiento preventivo a políticos soberanistas catalanes durante más de un año o la actuación del Tribunal Supremo ante la sentencia del impuesto sobre hipotecas no dejan lugar a dudas de que la justicia necesita una reforma en profundidad para adecuarla a las demandas de la sociedad española del siglo XXI.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La Coalición EQUO – INICIATIVA defenderá el derecho constitucional a la “justicia gratuita”, esencial en una sociedad que se pretende igualitaria y socialmente justa, dotando de los recursos necesarios al Turno de Oficio. Las máximas de nuestro programa de Administración de Justicia en Andalucía, serán: Agilidad, eficiencia, transparencia y cercanía a la ciudadanía, haciéndole más fácil las complejidades y dificultades de un proceso judicial, para aportarle confianza en la justicia.

C) MEDIDAS

Reforma de la justicia según el modelo federal.

Reforma del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Reforma del sistema de selección de jueces, fiscales y magistrados. Ingreso en la carrera judicial tomando como referencia el modelo federal alemán.

Recuperación de la figura de los Juzgados de distrito, enfocados como Juzgados de proximidad y de la figura del juez de paz para darles atribuciones de mediación y arbitraje en demandas civiles de cuantía inferior a 3.000 euros y en determinadas faltas.

Mayor nivel de exigencia en la adjudicación de plazas para los operadores judiciales y plan de formación continúa para los mismos y el conjunto de cuerpos y personal al servicio de la Administración de Justicia.

Reestructuración territorial de las sedes judiciales tendente a una concentración acorde a la carga de trabajo existente en cada territorio, potenciando la proximidad al ciudadano y la escalabilidad de los medios. Incrementar la dotación presupuestaria para acercar el sistema judicial a las medias europeas: 21,6 jueces por 100.000 habitantes (la ratio de jueces en Andalucía, es de 10,5 para esa misma población), incremento proporcional de fiscales y 42,6 euros por habitante -2,2% del PIB, aportando los recursos suficientes para aligerar la carga de los juzgados poder abordar las reformas necesarias.

Plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías: Intercomunicación de bases de datos judiciales, mecanismos de comunicación efectiva entre juzgados de diferentes CCAA y de estos con Policía Nacional y Guardia Civil, sistemas de alerta en materias sensibles, etc.

Puesta en marcha de las Oficinas judiciales en Andalucía para abreviar trámites a la ciudadanía y ayudarla en sus relaciones con la administración de justicia, manteniendo en todo momento la seguridad jurídica, las garantías y la titularidad pública de los servicios.

Residenciar el recurso de amparo en una sala especial del tribunal Supremo para evitar el colapso del tribunal constitucional mediante la reforma del artículo 167 de la CE.
Aumentar el número de jueces/zas. 698. Independencia del ministerio fiscal.
Por una policía judicial que dependa de los jueces/zas y no del Mº fiscal. 700. Supresión de la Audiencia Nacional.
Elección independiente de los jueces que representan a España en los tribunales europeos.

Capítulo 4. LAICIDAD Y RECUPERACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS

A) LA SITUACIÓN

La situación actual en España muestra claros incumplimientos y carencias en la legislación, normas y comportamientos por parte de las instituciones, funcionarios y cargos públicos respecto a los principios mencionados y al mandato constitucional del Artículo 16 CE “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, siendo necesario acometer cambios reales en favor de la laicidad de la res-publica y por una democracia plena.

Resolver estos incumplimientos depende en mucho del contenido de la legislación existente a nivel general, si bien también a nivel autonómico y municipal existe un importante y amplio margen de actuación dentro de su propio marco competencial, para alcanzar dicho objetivo, con la importancia añadida que ello tiene por su proximidad con la ciudadanía; más aún cuando llevarlo a cabo solo depende en muchos casos de la voluntad política por no existir legislación alguna que lo impida.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La Coalición EQUO – INICIATIVA tiene entre sus principios fundacionales y estatutarios la defensa de la laicidad del Estado y las administraciones públicas.

La laicidad es una seña de identidad consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia. Cada persona es titular del derecho a la libertad ideológica y a sus propias convicciones y creencias. Por ello el ejercicio de la libertad de pensamiento y de conciencia tiene una enorme trascendencia pública. Ello exige una política que proporcione garantías y regule su ejercicio de forma constitucionalmente adecuada, dentro de la neutralidad que al Estado y a sus Instituciones se le debe exigir.

El laicismo es una propuesta filosófico-política hija de la Ilustración y consustancial al régimen de derechos fundamentales y de libertades públicas de los Estados democráticos actuales. Consiste en organizar la sociedad aconfesionalmente, independiente de cualquier confesión religiosa. No tiene ningún sentido contrario a la religión, lo que permite que haya muchos creyentes de diferentes confesiones defensores del laicismo. No equivale en absoluto al ateísmo ni tampoco al anticlericalismo.

La laicidad es un ideal de concordia, de fraternidad, que pretende superar los diferentes particularismos culturales o religiosos y hacerlos compatibles sin perder las referencias ético-políticas que nos unen. Se basa en el respeto de los derechos humanos y en la confianza en que es posible establecer unas bases éticas comunes sobre las que cimentar la paz, la justicia y la ausencia de todo tipo de discriminación.

La laicidad del Estado no es un acuerdo entre partes, es un acto de constitución originario de la esfera pública en el Estado democrático. Es la condición que posibilita que todas las personas puedan vivir sobre la base de unos principios éticos compartidos sin tener que renunciar a sus creencias particulares. Y por ello, la única base posible, con visos de universalidad, de un proyecto ético común.

La laicidad es un régimen social de convivencia fundamentado en tres pilares:

La libertad de conciencia, que significa que la religión es libre pero solo compromete a los creyentes, y que el ateísmo es libre pero solo compromete a los ateos.
La igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión o del ateísmo.
La universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo.
El laicismo compromete a todas las personas que integran una comunidad, ya sean creyentes de una u otra religión, agnósticas o ateas.

C) MEDIDAS

Promover una Andalucía laica diferenciando claramente el apoyo público a las tradiciones culturales de Andalucía del uso partidista, desde las instituciones, de las creencias, ritos y manifestaciones religiosas como estrategia de política clientelar y electoralista.

Garantizar la neutralidad religiosa de las administraciones públicas en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía. Se suprimirá todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de aquella, así como en todas las áreas públicas de aquellos edificios o espacios privados en los que se presten servicios concertados con financiación de la Comunidad Autónoma, tales como centros educativos, sanitarios, asistenciales u otros. Igualmente en los edificios y espacios de dominio público o de titularidad de cualquier administración pública en el ámbito territorial andaluz. Ninguna autoridad pública o personal funcionario de la Junta de Andalucía participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa, ni siquiera cuando sean actos de Estado, denunciando con ello que éstos han de ser siempre laicos. Se suprimirán las ceremonias religiosas en cualquier tipo de celebración conmemoración organizada por instituciones públicas dependientes de la Junta de Andalucía.

Se donarán o cederán bienes inmuebles del patrimonio público ni se concederá financiación pública o exenciones fiscales para la instalación de infraestructuras o realización de actividades confesionales a ninguna confesión o institución religiosa. Las ayudas a municipios o entidades privadas para actividades culturales relacionadas con tradiciones de carácter religioso no podrán destinarse a los ritos o celebraciones de carácter propiamente religioso. La Administración Autonómica no promoverá, en ningún caso, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo.

Garantizar la libertad la neutralidad religiosa de los espacios y servicios públicos, adoptando medidas legales y administrativas para suprimir de los centros públicos sanitarios, educativos, asistenciales, judiciales o de cualquier otra naturaleza o finalidad, toda simbología religiosa, salvo los obligados por la legislación del patrimonio histórico. Igualmente la figura institucional de clérigos de cualquier confesión religiosa como parte de los servicios que se prestan a usuarios y usuarias.

La asistencia religiosa a dichos usuarios y usarías deberá contar con autorización válida en derecho de éstos o de sus tutores legales. Igualmente en dichos centros no podrán destinarse espacios a la función ritual de ninguna confesión religiosa, debiendo suprimirse las actuales capillas.

En el territorio andaluz, para la instalación de colegios electorales, las administraciones públicas facilitarán locales libres de simbología religiosa o de otra naturaleza ideológica, garantizando su neutralidad en el ejercicio democrático de votar.

Los tanatorios públicos o de concesión administrativa por parte de los municipios andaluces, deberán sustituir las actuales capillas por espacios de ceremonias neutros, sin simbología religiosa permanente, pudiendo ésta disponerse durante la celebración de los ritos. Los tanatorios privados estarán obligados a disponer de un espacio con iguales características, sin perjuicio de que dispongan de capillas católicas o espacios ceremoniales de otras confesiones religiosas.

Velar en el ámbito escolar para que se respete la libertad de conciencia del alumnado y profesorado, así como de sus familias. Para ello, en cumplimiento del 16.3 de la Constitución, no se les obligará a declarar sobre ideología, religión o creencia.

El gobierno andaluz defenderá ante el Estado que la enseñanza de la doctrina religiosa de cualquier confesión quede fuera de la escuela pública y concertada. Por tanto, que se elimine de forma absoluta la asignatura de religión del curriculum escolar. Por otro lado, perseguirá la publicidad engañosa de ciertos centros educativos privados, que se presentan como laicos, sin serlo realmente.

Se suprimirán en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía cualesquiera honores civiles u homenajes de los poderes públicos (condecoraciones, votos o nombramientos civiles) a imágenes, advocaciones, santos o símbolos religiosos.

Se incorporarán referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial y a la denominación de centros públicos.

Se realizará una investigación oficial de la Junta de Andalucía sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica al amparo de una ley franquista hipotecaria – ley hipotecaria de 1944- y de la reforma hecha por el gobierno del PP en 1998. Se reclamará al Estado la derogación de dicha legislación y las medidas necesarias para recuperar todos aquellos inmuebles inmatriculados desde 1944 para los que la Iglesia no pueda demostrar su propiedad anterior o adquisición legal.

La iglesia católica, como cualquier otro particular, cumplirá con su obligación legal de conservar y restaurar con fondos propios el patrimonio histórico y cultural de su titularidad y no disfrutará de privilegios en la percepción de ayudas públicas para ese fin.

Capítulo 5. ANDALUCÍA COMO LA QUE MÁS: MISMO NIVEL COMPETENCIAL QUE LAS CC.AA. DEL 151

A) LA SITUACIÓN

El Estado de las Autonomías está viviendo la crisis más profunda desde su instauración. El conflicto con los soberanistas catalanes ha roto el consenso territorial y abre una perspectiva de incertidumbre sobre el nuevo reparto del poder territorial.

El consenso territorial descansa sobre tres elementos fundamentales: la igualdad en la distribución de recursos entre las CC.AA., el reconocimiento de las identidades colectivas y una construcción institucional que dé respuesta a los dos elementos anteriores, aunque los tres están muy conectados.

Los Estatutos de Autonomías han sido las piezas básicas para desarrollar el modelo territorial, aún con las limitaciones del no reconocimiento de su naturaleza plenamente constitucional, y en ellos cada Comunidad se ha ido definiendo como región o nacionalidad pero sin que ello suponga una diferencia cualitativa entre territorios, a excepción de los territorios forales del País Vasco y Navarra que gozan de un régimen de financiación especial.

El conflicto identitario no puede ocultar el elemento material en la distribución territorial del poder. Un modelo de Estado descentralizado, es decir con múltiples centros de poder, tiene como finalidad material activar las potencialidades de cada territorio al mismo tiempo que establecer los mecanismos de solidaridad necesarios para una mejor distribución de los recursos y por lo tanto para la convergencia territorial y social.

Sin embargo, el actual modelo territorial español no está acercando los niveles de renta y riqueza de los territorios sino por el contrario se está acentuando la divergencia. Basta con ver los últimos resultados estadísticos ya sea de la Encuesta de Población Activa (EPA) o de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), en las que se constata cómo se ha ido escindiendo el territorio entre una parte rica que está muy por encima de la media (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja o Aragón) y una parte empobrecida (Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia, Castilla – La Mancha) que continúa siendo un área marginal en la inversión pública y privada, con un bajo nivel de industrialización e innovación.

Andalucía, como como sujeto político constitucional, debe contrapesar la posible deriva de que España se divida entre un sistema confederal y una recentralización en el resto del Estado, volviéndose a una situación anterior al 28 de febrero, cuando Andalucía conquistó su autonomía e hizo posible una dinámica federalista que se vio paralizada por la defensa del statu quo en los sucesivos gobiernos en el Estado y en la Junta de Andalucía.

Andalucía fue determinante, durante la transición democrática, para hacer evolucionar al Estado hacia un modelo multilateral aunque, tras la dimisión de Rafael Escuredo, los distintos gobiernos de la Junta han optado por mantener el statu quo y neutralizar cualquier reivindicación de más autogobierno y de avanzar hacia un modelo plenamente federal, posición que ha llegado a su extremo con el actual gobierno en la Junta.

La ausencia política de Andalucía en el debate territorial supone un factor de desequilibrio porque somos el territorio donde la defensa del federalismo ha sido más importante ya que ha supuesto la conexión histórica entre los sentimientos andalucistas y la cultura de izquierda.

Esta ausencia es aún más incongruente dado que somos uno de los territorios que más sufrimos la desigualdad y que por lo tanto más motivos tenemos para reivindicar un cambio en la organización territorial del Estado que aumente tanto nuestros niveles de autogobierno como establezca mecanismos efectivos de redistribución de los recursos.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Es necesario, y pronto será imprescindible, que la sociedad andaluza recupere su dinamismo y se empodere de nuevo para recuperar el peso que tuvo en el conjunto del Estado: el cambio en el Estado no es posible sin la participación activa del pueblo andaluz porque la realidad social nos empuja justamente en el sentido de la complementariedad: ni Andalucía puede salir de la crisis diferencial a la que nos han conducido el desarrollismo y la difuminación de nuestra identidad colectiva sin la transformación del Estado español, ni es posible el cambio que necesita el Estado español sin Andalucía como un potente sujeto político.

Andalucía debe impulsar una reforma constitucional que garantice un modelo federal, cooperativo y plurinacional, en el que todos los poderes estén distribuidos, limitados y sometidos a la Constitución y los Estatutos, bajo el principio de distribución competencia y no en el de jerarquía. Defendemos la separación de los conceptos de Estado y nación y la soberanía compartida entre los distintos entes con capacidad legislativa propia (Unión Europea, Estado central y Comunidades Autónomas). Reivindicamos el autogobierno real para las Comunidades en un plano de igualdad y el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con el Estado y la Unión Europea.

El problema de Andalucía es paradójicamente su enorme potencial de producir cambios. La dinámica del 28F era hacer posible un Estado federal. Por eso han logrado desactivarnos políticamente, evitando la solución federal que es la que identifica políticamente a Andalucía. Frente a una dinámica de nacionalismos excluyentes, que tensa el conflicto territorial pero que no pone en cuestión la autonomía del poder central, Andalucía era la fuerza transformadora, la que logra imprimirle a la estructura territorial del Estado una dinámica federal y puede cambiar la estructura de poder en España. Por eso decimos que la transformación de Andalucía y la transformación del Estado es una dinámica dialéctica, lo uno es condición sine qua non de lo otro.

Impulsaremos el desarrollo completo del Estatuto en todas sus posibilidades, al mismo tiempo que denunciaremos toda discriminación en nuestro nivel competencial con respecto a las demás Comunidades Autónomas de la vía del 151, proponiendo las reformas estatutarias pertinentes. Queremos que se aborden de inmediato los traspasos de efectivos y medios para la creación de la Policía Autonómica, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Inspección de Trabajo y los Trenes de Cercanía.

Proponemos un programa de comarcalización de Andalucía. Entendemos que la comarca debe ser la unidad administrativa intermedia entre la comunidad autónoma andaluza y sus municipios, para permitir la racionalización de los bienes y servicios. Esto supone la progresiva desaparición de las diputaciones y de las unidades provinciales a favor de la comarcalización.

La autonomía real que defendemos implica el desmantelamiento de las bases militares extranjeras de Rota, Morón y Gibraltar y la consideración de Andalucía como frontera sur de Europa.

Andalucía también necesita más autogobierno incluso como exigencia legal para el desarrollo completo del Estatuto de 2007 que apenas ha tenido virtualidad para ampliar nuestras competencias.

C) MEDIDAS

Desarrollo completo de las competencias que contempla el Estatuto de Autonomía (planificación y gestión energética, puertos y aeropuertos, formación sanitaria especializada, inspección de trabajo, ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo; mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, salvamento marítimo, política de aguas, policía autonómica, red de trenes de cercanías, etc.)

Devolución de las competencias sobre el Guadalquivir, vía artículo 150.2. De la CE.

Reivindicar para Andalucía la gestión autónoma de sus recursos naturales (montes, espacios naturales protegidos, cuencas hidrográficas, etc), dentro de un modelo de descentralización y responsabilidad coordinada, así como de co- gestión de aquellos recursos naturales que abarquen dos o más CCAA, en proporción a la relevancia de cada comunidad sobre el recurso. El que proponemos es el de una estrategia de coordinación multinivel entre la UE, la administración central y las CCAA: las CCAA deben ser las titulares de la gestión de los recursos naturales y el Estado central y al UE del establecimiento de las restricciones normativas en la gestión del mismo.

Elaborar una propuesta para Comarcalizar Andalucía. Entendemos que la comarca debe ser la unidad administrativa intermedia de la Comunidad Autónoma, para permitir la racionalización de los bienes y servicios, en base a parámetros objetivos y modelos de gestión mancomunada. Esto supone la progresiva desaparición de las diputaciones y de las unidades provinciales a favor de la comarcalización.

Traspaso de competencias, efectivos y recursos para la creación de la Policía Autonómica.

Reforma de las Diputaciones para adecuarlas a un modelo federal.

Desistimiento por parte del Estado de los recursos interpuestos contra las CC.AA. ante el Tribunal Supremo.

Derogación de la Ley de Unidad de Mercado y de todas aquellas restrictivas con el autogobierno de las CC.AA.

Un nuevo modelo de presupuesto. Es necesario aumentar el volumen de ingresos propios de la Comunidad; reordenar y eliminar al máximo los fondos discrecionales; incorporar al modelo las aportaciones estatales para la financiación de la Ley de Dependencia; reordenar y eliminar en lo posible los procesos de negociaciones bilaterales que se producen en las revisiones de competencias no homogéneas; y garantizar el cumplimiento estricto del principio de adicionalidad de los fondos europeos, así como de los compromisos de inversión pública derivados del Estatuto de Autonomía, entre otros.

Consideramos inaplazable la participación de la Administración andaluza en los órganos y empresas de titularidad estatal que afectan a nuestra tierra tal como el Banco de España, la Agencia Estatal Tributaria, AENA,

Activar la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado – Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 184, con funciones tan relevantes como estudiar las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ha celebrado solo seis reuniones y que desde 2011 no ha vuelto a reunirse. Es decir hace cerca de 7 años que no te reúne.

Reivindicamos que se convocase la conferencia de presidentes autonómicos ya que es el órgano multilateral más importante que existe junto con la Comisión General para las CCAA del Senado.

Activación de la Comisión para la Reforma Constitucional.

Marco especial de relaciones con el Gobierno de Gibraltar priorizando la colaboración y cooperación en la comarca.

Derogación de la ley de reforma local.

Incorporación plena de los municipios a la Comunidad Autónoma.

Capítulo 6. NUEVA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

A) LA SITUACIÓN

El actual modelo presenta problemas que además se han agravado en el contexto de crisis y de reducción importante de ingresos, no garantizando la suficiencia de recursos a las Comunidades Autónomas, de forma que la dotación financiera del Estado y el gasto que efectúan las comunidades han disminuido desde 2009.

La cuestión que resulta más dañina son las profundas desigualdades de autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal que genera, ya que ceder idénticos porcentajes de impuestos a todas las Comunidades Autónomas implica un distinto grado de autonomía financiera debido a la mayor capacidad de recaudación de las que cuentan con un mayor nivel de renta.

El nuevo sistema de financiación autonómica lleva tres años de retraso. El actual modelo lejos de garantizar la equidad ha generado una mayor desigualdad entre territorios, agravado en el contexto de crisis y de reducción importante de ingresos, y no garantiza la suficiencia de recursos a las Comunidades Autónomas.

Andalucía tiene un nivel de renta 25 puntos inferior a la media (hay Comunidades como el País Vasco y Navarra que duplican nuestra renta) y tenemos una tasa de paro 10 puntos superior a la media. Somos la segunda comunidad por la cola en PIB por habitante por lo que la administración andaluza es la segunda que menos fondos públicos recibe por habitante.

Somos deficitarios en los servicios públicos fundamentales, cuya nivelación debe garantizar el sistema (sanidad, educación y asistencia social) y necesitamos inversión pública para transformar el sistema productivo y crear empleo. si recibimos menos recursos por habitante que el resto, estamos condenados al paro y a la desigualdad.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El sistema de financiación autonómica es el mecanismo más poderoso de transferencias de renta entre territorios. Una financiación autonómica justa debe estar basada, como criterio de reparto, en el principio de equidad (reparto de fondos en función del número de habitantes) y no en el principio de ordinalidad como sucede con este sistema de financiación (reparto de fondos por contribución por habitante), porque de lo contrario lo que se provoca es el aumento de las desigualdades.

Nueva financiación autonómica en base a los principios de suficiencia, autonomía, población y cohesión territorial frente a la desigualdad, financiación por habitante ajustado y no discriminación en la distribución de los fondos de convergencia.

Afrontar las necesidades de la población ante los efectos de la crisis y de las políticas neoliberales, requiere de una intervención pública con un sistema fiscal equitativo, que garantice la protección social y, sobre todo, el acceso a los bienes y servicios básicos en Andalucía en términos de igualdad. Para ello es necesario disponer de más recursos propios, siendo imprescindible reclamar un modelo de financiación autonómica más justo y equitativo.

Así, el elemento clave que garantiza la equidad y la suficiencia en el modelo es un reparto en relación al número de habitantes con correctores sociodemográficos (no es lo mismo garantizar servicios públicos en Andalucía con 87.000 kilómetros cuadrados y 8,5 millones de habitantes que en Madrid con 8.000 kilómetros y 6,5 millones de habitantes). Necesitamos una nueva financiación autonómica en base a los principios de suficiencia, autonomía, población y cohesión territorial frente a la desigualdad, financiación por habitante ajustado y no discriminación en la distribución de los fondos de convergencia.

C) MEDIDAS

Distribución de las inversiones del estado en proporción inversa a nuestra renta.

El FCI debe dotarse en la cuantía suficiente para cumplir con su función constitucional en la perspectiva de la compensación de la disminución de los fondos estructurales europeos.

La distribución del déficit debe cuantificarse en función de la población y no del PIB así como tener en cuenta los niveles de endeudamiento existentes de forma que asuman un menor nivel de déficit quien más deuda tenga.

Cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. Reconocimiento de la deuda histórica del Estado con las AA.

Medidas para solucionar el déficit estructural de financiación del sistema público de salud, de las políticas sociales y de la ley de la dependencia.

Financiación de las políticas activas de empleo en función del número de desempleados y desempleadas.

Atender a las reclamaciones judiciales interpuestas por Andalucía (10.000m) contra la liquidación del modelo de financiación 2008 – 2013.

Atender a las reclamaciones judiciales por los costes efectivos de los traspasos del Guadalquivir y del hospital militar san Carlos de San Fernando.

Condonación del FLA.

Descentralización del 0,7% del IRPF para fines sociales.

Incorporación de la Ley de Dependencia en el sistema de financiación. Que el Estado cubra el 50% de esta atención, frente a la situación actual, que «vulnera la ley» y en la que Andalucía afronta el 80% de la prestación y la Administración General del Estado (AGE) lo hace con el 20% restante.

Necesidad de medidas tendentes a la armonización fiscal para que no haya dumping fiscal ni entre Estados ni entre CC.AA.

Exclusión de las inversiones productivas del cómputo del déficit público.
Nueva financiación local.

Capítulo 7. POR UN MODELO FEDERAL

A) LA SITUACIÓN

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El programa de transición socio-ecológica que la Coalición EQUO – INICIATIVA propone, como salida a la actual crisis sistémica, el federalismo como forma política y administrativa más idónea. Profundizar en la descentralización significa promover alternativas endógenas y más democráticas para superar esta crisis económica de la que aún no hemos salido y desarrollar estrategias resilientes, que nos permitan afrontar las graves consecuencias de la crisis ecológica en la que ya estamos inmersos así como de las nuevas crisis del capitalismo financiero-especulativo que muy probablemente volverán golpearnos en un futuro próximo.

La solución a las tensiones territoriales solo puede venir del avance hacia un modelo federal que de satisfacción a los diversos sentimientos nacionales, establezca autogobiernos efectivos con capacidad de activar las potencialidades de cada territorio y construya una institucionalidad central que sea respetuosa con los Estados federados pero que tenga capacidad de redistribuir los recursos mediante la participación en sus decisiones estratégicas de los Estados federados. Además el principio federal debe ser el principio que oriente y de coherencia la posición de España en la Unión Europea.

La solución federal, que es de sentido común (si tenemos un sistema federal imperfecto, transformémoslo en un sistema federal completo), llevará el pluralismo al Estado central, fortalecerá la institucionalidad democrática y transformará también la planta y el poder judicial. La traslación del pluralismo político al Estado central impedirá la connivencia entre élites políticas reducidas y las elites económicas que basan su poder en las ventajas que obtienen de su influencia en las decisiones estratégicas del Estado y permitiría un mejor reparto del poder y por lo tanto de la riqueza. Sin Andalucía no hay cambio federal.

Este cambio no puede producirse sin la activación política de Andalucía, por eso Andalucía debe incorporarse como actor relevante en el diálogo territorial para impedir que se imponga la dinámica de bilateralidad frente a la dinámica federal.

C) MEDIDAS

Reforma federal de la Constitución.

Reforma federal del Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación, cooperación y participación territoria.

Por una estructura territorial federal y cooperativa: reconocimiento de la naturaleza plurinacional de España, soberanía compartida entre los distintos entes con capacidad legislativa propia (Unión Europea, estado central y estados federados).

Naturaleza constitucional de los Estatutos de Autonomía.

Federalización de los organismos centrales incluido el Tribunal Constitucional.

Distribución competencial clara entre las entidades locales, estados federados, estado central y Unión Europea bajo el principio de administración única.

Supresión de la provincia como demarcación obligatoria.

Adelgazamiento de la estructura de la administración estatal para evitar duplicidades.

Establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con el Estado y la Unión Europea.

Supresión de la paralización automática de las normas de las AA. cuando son recurridas ante el TC por el Estado.

Constitucionalización de la Conferencia de Presidentes autonómicos.

Resumen del COMPROMISO de EQUO VERDES – INICIATIVA ANDALUCÍA para cuidar nuestra tierra y cuidarnos entre todos:

Andalucía tiene el potencial necesario para emprender un ambicioso proyecto de transición ecológica que genere empleo transformando nuestra tierra en una comunidad verde y solidaria, inclusiva y equitativa, de raíces profundamente democráticas. Tenemos sol y viento para generar nuestra propia energía limpia, mover nuestros transportes públicos y alimentar nuestros hogares y fábricas. Tenemos suelo fértil y una sabia y rica tradición agrícola que son la garantía de nuestro sustento. Podemos fabricar y producir en nuestra tierra la mayor parte de lo que necesitamos, con industrias limpias. Tenemos una cultura mediterránea del buen vivir, acogedora y solidaria, creativa y emprendedora.

Necesitamos un proyecto que nos movilice, empezando por nuestra juventud, que merece tener un futuro en nuestra tierra, trabajando para ello y encontrando una vivienda asequible dónde fundar su vida.

Para hacer todo esto posible, la cooperación es el camino. La cooperación entre todas las sensibilidades políticas. No podemos permitirnos que la mayor parte de nuestras discusiones se malgasten en enfrentamientos estériles. Necesitamos una política del bien común con amplio consenso social. Cooperar en torno a objetivos compartidos ampliamente por la sociedad. El papel de la política, y eso es lo que nos anima a trabajar, es dar el impulso necesario para hacer posibles los principales anhelos de la sociedad. Ayudar a señalar el camino que merece la pena ser caminado, haciendo camino al andar. Caminos que ya están andando tantas y tantos andaluces.

El programa que proponemos a la sociedad andaluza descansa en:

Doce grandes líneas de acción:

1
Impulsar la TRANSICIÓN ENERGÉTICA para lograr producir el 100% de la misma de forma limpia, con nuestro sol, nuestro viento y nuestros saltos de agua. Esta transición tiene que ser impulsada por la Junta de Andalucía, promoviendo una cooperativa de servicios públicos propia, en colaboración con diputaciones y municipios y con las empresas cooperativas energéticas andaluzas. Tenemos los centros de investigación y las tecnologías necesarias para ello, y tenemos el tejido empresarial de base que necesitamos y que es preciso impulsar. La energía es la base de la economía y la energía renovable es la única con futuro.

2
Impulsar la TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE NUESTRA AGRICULTURA Y GANADERÍA, para generar alimentos sanos y de alta calidad, generando empleo en nuestro campo y devolviéndole el papel que merece como sustento de la sociedad, apoyando a nuestras empresas agro-ganaderas transformadoras de alimentos, creando canales cortos de comercialización que incrementen su renta.

3
ARTICULAR ANDALUCÍA CON REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y BICICLETA, impulsando su electrificación. El modo más eficiente y económico de movernos, tanto entre ciudades como dentro de nuestras comarcas y áreas metropolitanas, tiene que ser el transporte público limpio. Tenemos que aprovechar los grandes avances que se están produciendo en movilidad y ser punta de lanza de los mismos. El tren y los autobuses eléctricos de alta capacidad están llamados a revolucionar la forma en que nos movemos, apoyados por una amplia red viaria de prioridad ciclista y coches eléctricos compartidos. El sector del transporte limpio está llamado a ser uno de los pilares de la política de empleo que Andalucía necesita.

4
Impulsar la TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA INDUSTRIA ANDALUZA, basada investigación y desarrollo para impulsar la economía circular de residuos cero. Nuestras universidades y centros de investigación están llamadas a impulsar, con la financiación adecuada, esta crucial tarea que puede hacer de Andalucía referente del sur de Europa de la nueva revolución industrial. Este programa de apoyo a la industrialización limpia de Andalucía tiene que estar equilibrado por nuestras provincias y comarcas, diversificándose para aprovechar los mejores recursos naturales y sociales de cada una de ellas.

5
Impulsar una RENTA BÁSICA INCONDICIONAL, como base para garantizar la autonomía y libertad de todas las personas y permitirles emprender con libertad su propio proyecto económico. El avance en la robótica ha abierto el debate sobre el futuro del empleo a nivel mundial y la Renta Básica emerge como mecanismo necesario para lograr la inclusión social y la propia base que sustente la economía. La Renta Básica Incondicional, ampliamente estudiada y desarrollada en el mundo académico será el pilar del nuevo contrato social. Con Renta Básica es posible redistribuir y reducir el tiempo de trabajo, algo que va ser imprescindible y que al mismo tiempo es una oportunidad para vivir mejor, haciendo que los avances tecnológicos en lugar de ser una amenaza se conviertan en fuente del buen vivir de la sociedad. Vamos a impulsar un amplio debate social sobre este elemento que consideramos clave para impulsar el proyecto de futuro que Andalucía necesita.

6
REFORMA VERDE Y REDISTRIBUTIVA DE LOS IMPUESTOS para impulsar la transición ecológica de la economía y avanzar en equidad social. La industria y medios de
transporte actuales, altamente contaminantes tienen que dejar paso y financiar una industria y transporte limpios. La parte andaluza de la declaración de la renta tiene que servir para poner en marcha un programa de ingresos mínimos y máximos cuyos objetivos sean resultado de un amplio debate y consenso social. La desigualdad extrema no sólo destruye la cohesión social, sino que afecta de forma negativa a la democracia, dando excesivo poder a quiénes disponen de recursos muy por encima de lo que en justicia les corresponde.

7
Impulso a la DEMOCRACIA REAL, PROPICIANDO LA VERDADERA PARTICIPACIÓN CIUDADANA en el proyecto de transición ecológica de Andalucía, tanto a nivel autonómico como municipal. Este impulso precisa de una reforma de la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo y el parlamento represente proporcional y fielmente la voluntad de las andaluzas y andaluces. La Universidad de Granada tiene elaborada una propuesta que EQUO Andalucía Verdes ha defendido en el parlamento y que lo permitiría. Es necesario, como también hemos defendido, dotar de contenido al escaño 110, convirtiéndolo en un escaño permanente desde el que la ciudadanía pueda trasladar directamente, sin mediación de partidos políticos, sus propuestas. La ley de participación ciudadana será la base que articule de forma cotidiana la participación día a día de los andaluces en la gestión de sus municipios y de la propia institución autonómica

8
Ley de ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN. El impulso de la transición ecológica de la economía necesita una ley que reconozca y apoye a las empresas que más contribuyen al bien común, tanto en la producción y distribución limpia, como en la retribución justa y equitativa de sus trabajadores y trabajadoras, por contar con programas de igualdad y de conciliación familiar y por estar dotadas de mecanismo de participación en el devenir de las empresas. Para eso es necesario un etiquetaje que haga reconocibles a aquellas empresas que realizan el balance del bien común y un programa de incentivos fiscales para las mismas.

9
Acometer una verdadera TRANSICIÓN ECO FEMINISTA DE LA VIDA EN ANDALUCÍA. El programa que presentamos, en su conjunto, evidencia que ninguna decisión o medida será efectivamente transformadora si no adoptamos una mirada global verde y violeta. La economía también de los cuidados – y su universalización-, la gestión participada de lo público, la inclusión de todas y cada una de las personas que hacemos Andalucía, así como la sostenibilidad del medio natural que nos da vida y cobijo, constituyen la perspectiva desde la que emprender la transición que nos hemos propuesto. Por esta razón, consideramos también imprescindible auditar, en primer lugar, el carácter y estructura de las instituciones públicas, valorando en su diagnóstico los elementos que en la actualidad no se corresponden con los principios de equidad, inclusión, cuidado y respeto por las personas y el planeta; claves del ecofeminismo, seña de identidad de EQUO ANDALUCÍA VERDES.

10
PACTO ANDALUZ POR LA EDUCACIÓN, fruto de un amplio debate en el que participe toda la comunidad educativa andaluza, para consensuar los valores, los conocimientos y las actitudes que precisamos para hacer frente a los grandes retos del presente y futuro inmediato. Una educación para toda la vida, en la que nuestros centros educativos cuenten con los recursos necesarios y estén abiertos a su entorno para ser agentes de cambio en los modos de vida, promoviendo la cultura de la igualdad, del cuidado y la responsabilidad, de la creatividad y de la fraternidad universal.

11
ESTATUTO VERDE DE LAS CIUDADES Y MUNICIPIOS. Corresponde a las ciudades y municipios ser los motores de la transición ecológica de Andalucía. Para ello es necesario dotarlos de un estatuto propio, fundado en el derecho a la ciudad, que permita a sus habitantes tomar parte activa de la transformación de nuestras ciudades en ciudades verdes, inclusivas, accesibles, sin malos humos, saludables, mitigadoras del cambio climático y adaptadas al mismo, con viviendas asequibles, un derecho reconocido en nuestra propia Constitución, y sistemas de transporte modernos y eficientes movidos por energía renovable. Nuestras ciudades pueden ser referentes en Europa por producir su propia energía en los techos de sus edificios, por mover con centrales eléctricas propias sus redes de transporte y por marcarse objetivos de residuos cero. Están llamadas a dinamizar la economía verde para auto-abastecerse con bienes de fabricación propia, empezando por los alimentos. Vamos a impulsar que todas nuestras ciudades tengan proyectos de transición ecológica siguiendo estos pilares, y siendo reconocidas por contar con anillos verdes y parques agrarios metropolitanos.

12
LEY DE BIENESTAR ANIMAL. Los animales tienen sentimientos, no son meras cosas al servicio de la producción como los trata habitualmente la industrialización. No pueden reclamar sus derechos, pero una humanidad buena puede otorgárselos, reconociéndoles el servicio que nos prestan y el cariño que nos aportan. Esta ley debe prohibir el maltrato animal y generar unas condiciones mínimas de vida digna y saludable para nuestra cabaña ganadera.

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