Esteban de Manuel, candidato de EQUO al Parlamento de Andalucía, ha calificado de “limbo jurídico” la situación en la que ahora se encuentran miles de personas que fueron contratadas por la Administración Pública.
La Ley de reordenación del sector público andaluz aprobada el pasado año ha provocado un estado de inseguridad tanto entre los funcionarios de la administración como entre el personal externo. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se están conociendo, anulan las fusiones creadas a raíz de dicha ley y se posicionan a favor de las demandas presentadas por los funcionarios. Atendiendo a dichas sentencias, estos trabajadores no pueden pertenecer a las agencias creadas tras la aprobación de la restructuración, ya que no pueden ser reconocidos en ningún caso como empleados públicos por no haber sido elegidos a través de pruebas que garanticen el mérito, la capacidad y la publicidad.
Para De Manuel, la ley de reordenación es una “chapuza” ya que confunde el servicio público, que sí puede realizar personal externo, con las potestades administrativas, que sólo pueden ser desempeñadas por funcionarios. Según explicó, genera no sólo inseguridad entre los empleados y funcionarios afectados, sino también en la ciudadanía que ve peligrar la independencia que tiene que hacer valer a la administración pública.
Desde EQUO exigen que el gobierno autonómico acabe con esta situación y de una solución antes de las elecciones del próximo 25 de marzo, ya que si según los tribunales la ley no es válida “el gobierno tiene que plantear una solución al problema y no esconder la cabeza”.
Como portavoz de EQUO, Esteban de Manuel, exigirá la derogación de la ley si llega al Parlamento autonómico y planteará una restructuración de la administración que busque la conservación de todos los puestos de trabajo. Asegura además, que “existen intereses ocultos por mantener a toda una serie de gente afín al partido socialista en puestos de la administración, al ver peligrar la permanencia de su partido después de las próximas elecciones”. Critica que esa estrategia haya supuesto que miles de empleados hayan sido tachados de “enchufados”, afectando incluso a la dignidad de las personas que en una amplia mayoría han sido seleccionadas por méritos propios para sus puestos de trabajo.