El partido ecosocial entiende que la publicación de la multa de 18.000 euros al alcalde por su participación en la quiebra de Cajasur debe tener consecuencias políticas y no sólo judiciales. EQUO entiende como nefasto para la democracia y la valoración de los políticos por la ciudadanía que escándalos, imputaciones y condenas no tengan mayores consecuencias que las legales, por lo que reclama la dimisión del político popular.
En palabras de Pepa Bonilla, coportavoz de la formación verde, «Ahora ya tenemos condenados al alcalde y al jefe de la oposición. ¿Qué mensaje manda esto a la ciudadanía? ¿Es que no es posible estar en política sin problemas con la justicia? Desde EQUO creemos que, más allá del funcionamiento de la justicia, los representantes públicos deben ser ejemplares, ser un ejemplo para la sociedad. Creemos que contar con un constructor corrupto y con un alcalde condenado por una falta muy grave sólo añade desprestigio y hastío a la valoración social de la política. En EQUO nos tomamos muy en serio este tema y apostamos por introducir en la legislación medidas de control ciudadano directo sobre sus representantes, como la posibilidad de revocar a un cargo por parte de sus electores, sin esperar a finalizar el mandato. Ante la certeza de que los dos principales partidos del Ayuntamiento están liderados por personas con condenas firmes, entendemos que es más necesario que nunca que Ganemos Córdoba ofrezca una alternativa limpia y transformadora a la ciudadanía, porque no podemos seguir otros cuatro años así».
Por su parte, Diego Rodríguez, coportavoz de EQUO Córdoba, se ha centrado en el objeto de la sanción «Nieto, junto con el resto de condenados, y con alguna que otra complicidad no reconocida, es responsable de que el principal instrumento financiero de la provincia fuera a la quiebra y tuviera que ser malvendida a la BBK, desposeyendo a la sociedad cordobesa de una herramienta de desarrollo y resistencia contra la crisis fundamental. Fue a la vez una demostración de incompetencia colectiva y de ceguera basada en prejuicios ideológicos, una vez que se prefirió una caja «antes rota que roja», impidiendo la solución de Unicaja, que hubiera salvado, al menos, numerosos puestos de trabajo y pasandonos al conjunto de contribuyentes una factura de 392 millones de euros. Personalmente, me parece que semejante desprecio por el interés general hubiera merecido un castigo bastante más duro que esta multa».
EQUO apuesta por una mayor transparencia y medidas que impidan a condenados por delitos relacionados con la vida pública ostentar cargos de representación. Igualmente, la formación ecosocial entiende necesario que los partidos que se ven sacudidos por estos escándalos establezcan verdaderos sistemas de control y disciplina y que antepongan la ética y la decencia democrática a la fidelidad a los lideres o al partido.