Para EQUO Rota, esta ley está muy alejada del concepto de sociedad democrática a la que aspira y cree firmemente en una apuesta por la educación, la eliminación de las desigualdades sociales y en unas instituciones que trabajen en la prevención y no el castigo.
El Gobierno de la Nación ha aprobado en solitario, el pasado 11 de diciembre una ley de seguridad ciudadana en la que las infracciones tipificadas hasta ahora como faltas, pasarían a considerarse infracciones de carácter muy grave, grave o leve una ley que deja pequeña la aprobada en el 92, la ley Corcuera, que ya entonces costó el cargo al ministro del Interior.
La discrecionalidad que otorga a la Administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, hace que se la conozca ya y como la “Ley Mordaza”.
Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para vulnerar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales.
La norma pretende tipificar nuevas figuras delictivas como los escraches, las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada de fachadas oficiales. Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.
Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por la nueva ley, nos indica que este proyecto de “Ley Mordaza”, vuelve a situar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.
Y no solamente EQUO tiene esta opinión, sino que es el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto de los derechos humanos en el continente, quien ha calificado de “altamente problemática” la propuesta de ley y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación.
Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticas, que son encorsetadas en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.
En democracia, la seguridad ciudadana debe proteger y no cercenar las libertades públicas. El delito se combate de forma integral, con educación, promoviendo una vida digna, eliminando las diferencias sociales, aplicando políticas de reinserción, tofo ello contando con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo.
Por todo lo anterior, propondremos al Pleno del Ayto de Rota que muestre su rechazo a Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ya que mediante esta ley el Gobierno de España limitará derechos civiles y libertades básicas que se han ido ganando a través de los tiempos y no queremos una vuelta al pasado con limitaciones a la libertad de expresión, derecho fundamental de los ciudadanos, que supone un ataque al conjunto de la sociedad civil.
Más info en Rota al Día y Andalucía información
Para ver la intervención en el pleno de la coportavoz Rocío Estevez clikea en la imagen siguiente:
