Nos piden 7.000 euros de fianza para poder personarnos como acusación popular en el incendio de Doñana

Consideramos esta cantidad excesiva e injustificada y recurriremos la decisión. Queríamos haber estado presentes hoy con nuestro abogado en la declaración de los responsables de la carbonería, supuesto origen del incendio.

7.000 euros de fianza es lo que nos solicita el juzgado de instrucción nº2 de Moguer para poder personarnos como acusación popular en la instrucción judicial por el incendio de Doñana, una cantidad que consideramos excesiva e inasumible para una organización de nuestras características.

Así, pese a que llevamos varios días haciendo gestiones para poder participar del proceso y estaba previsto que nuestro abogado – David Sánchez Chaves, especializado en temas de medio ambiente y derechos de los animales- se desplazase este jueves hasta Moguer para intervenir en las declaraciones de los responsables de la carbonería, supuesto origen del incendio, finalmente hemos tenido que desistir y no participar en esta primera fase, tras imponer la jueza este miércoles una desorbitada fianza para el ejercicio de la acción penal de 7.000 euros.

Desde el juzgado se justifica esta cantidad en el hecho de que EQUO Andalucía “no resulta directamente ofendido por el delito que se está investigando, el de incendio forestal”, algo que rebatimos, al entender que la ciudadanía es también víctima de las graves consecuencias de este incendio, al verse afectado el patrimonio natural de todos y todas las andaluzas, y que es precisamente en los delitos contra el medio ambiente donde a la ciudadanía ha de facilitársele más si cabe el acceso a la justicia.

“La intervención de EQUO Andalucía en las diligencias judiciales está más que justificada puesto que esta organización tiene un interés legítimo en esta causa: porque cuenta con una diputada en el Parlamento de Andalucía, Carmen Molina, -integrante además de la Comisión de Medio Ambiente-, que no es más que una representante de la ciudadanía; y porque se trata de un partido ecologista”, ha explicado David Sánchez, que ha adelantado que recurriremos esta cantidad, “totalmente desproporcionada y que impide el acceso a la justicia, derecho que la Constitución reconoce a cualquier ciudadano”.

Valga a modo de ejemplo que al PP en el caso de los ERE de Andalucía se le solicitó una cantidad de 3.000 euros, lo mismo que a todas las acusaciones populares en el caso del 9N -el anterior referéndum de Cataluña-. Se trata de menos de la mitad de lo que se nos solicita a nosotros en este caso.