Desde hace unos días se encuentra sometida a información pública la revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA), que viene a definir el modelo en materia de infraestructuras y movilidad que se desarrollará en Andalucía durante los próximos años.
Un modelo que, tal y como ya recordó nuestra diputada Carmen Molina, que forma parte del grupo parlamentario andaluz de Podemos, en el debate sobre las alegaciones que se presentaron al proyecto, sigue basándose “en los beneficios de las grandes constructoras, y no en los problemas reales de movilidad de las personas y las mercancías”.
“Hay una tremenda carencia de planificación en materia de transporte para el interés común y para promover una movilidad sostenible, y una ausencia clamorosa de políticas de gestión de la demanda. Casi no hay presupuesto para mantenimiento: la red 
ferroviaria convencional está anémica de inversiones y el transporte ferroviario de mercancías languidece”, asegura nuestra coportavoz, que no duda a la hora de afirmar que dicho modelo “ejemplifica lo peor de las políticas de infraestructuras y es inasumible”, tal y como ya corroboró un informe de la Cámara de Cuentas.
Para nuestra diputada es especialmente destacable el hecho de que “en este sentido, el PSOE y el Partido Popular defienden lo mismo”. De hecho, el Partido Popular presentó al pleno de la Cámara andaluza una moción con el único objetivo de reactivar buena parte de las infraestructuras que se planteaban en el Plan Pista, “un listado de obras inconclusas de infraestructuras, vías de gran capacidad y AVE fundamentalmente, que se pararon con la crisis”. Mientras los socialistas votaron a favor, “las enmiendas que presentamos desde nuestro grupo parlamentario, que pretendían la supresión de estas grandes obras faraónicas que cuestan mucho y luego caen en desuso, no me las aceptaron, lo que demuestra que sus propuestas políticas son las mismas”, ha señalado Carmen Molina.
Lo que sí logro la diputada de EQUO es que se aceptara su enmienda sobre la adición de cláusulas sociales a los pliegos de contratación, que “hasta el momento se centran fundamentalmente en el criterio del precio más bajo, cuando éste ni siquiera es real, pues luego siempre se pagan sobrecostes”. En este sentido, desde EQUO se ha logrado que se incorporen estas cláusulas que “deben perseguir que la obra pública contratada genere beneficios sociales en el entorno, primando el tejido productivo local, ese que no tiene filiales en paraísos fiscales”.
“No se nos puede olvidar que el transporte en España es el principal emisor de gases de efecto invernadero. El incremento desmesurado de las grandes infraestructuras de transporte ha venido provocando una gran fragmentación del territorio, una merma de la biodiversidad, la ocupación de una gran cantidad de suelo fértil, ha dañado nuestros espacios naturales, ha generado más consumo energético, más contaminación del aire, más ruido…”, ha enumerado nuestra diputada, que insiste en la necesidad de plantear un modelo de transporte y movilidad sostenible, “que ponga en el centro a las personas y a sus necesidades reales”, fomentando unas infraestructuras “que dejen atrás esos ejemplos de aeropuertos sin aviones y trenes de alta velocidad sin pasajeros”.