Desde EQUO Andalucía Hemos denunciado ante la Comisión Europea el continuo incumplimiento de la normativa comunitaria y estatal sobre evaluación ambiental en planes y programas urbanísticos y hemos reclamado conocer los medios de la Comisión para impedir graves riesgos ambientales en pueblos y ciudades.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella por incumplir la Directiva Europea de evaluación ambiental de planes y programas, nos hemos dirigido a la Comisión Europea para preguntar si ésta conoce el continuo incumplimiento de la normativa europea y estatal en esta materia por parte de la Junta de Andalucía desde el año 2006. De igual manera, hemos planteado a la Comisión Europea que comunique con qué mecanismos cuenta para evitar que la planificación urbanística de los pueblos y ciudades de Andalucía suponga un grave peligro ambiental, y perpetúe un modelo de desarrollo basado en la especulación y el crecimiento injustificado que, como se ha demostrado, mantiene a nuestra Comunidad con las más altas cifras de paro, precariedad y pobreza de la Unión Europea.
En este sentido, denunciamos que durante más de una década, los instrumentos de planeamiento aprobados no han sido evaluados en el plano ambiental como exigía la normativa comunitaria y las propias leyes estatales que han emanado de ésta, y que por tanto decenas de planes urbanísticos se encuentran en la misma situación que el anulado PGOU de Marbella, generándose una inseguridad jurídica manifiesta ante la posibilidad de impugnación de dichos planes avalada por la jurisprudencia más reciente.
Para EQUO, esta sentencia evidencia que en relación con la ordenación del territorio, la intención de la Junta de Andalucía nunca ha sido realizar una verdadera evaluación de las necesidades de crecimiento planteadas por los Ayuntamientos de todo color político, sino que ha sido cómplice y corresponsable del reforzamiento de un modelo insostenible y depredador de los recursos, e injusto socialmente por cuanto favorecía únicamente los intereses de unos pocos sin tener en cuenta las necesidades de la mayoría de la ciudadanía. Amén de ser un modelo que ha propiciado la sistematización de la corrupción como ha podido constatarse en numerosas localidades de Andalucía, siendo precisamente el de Marbella el caso más representativo.
Es de destacar que la sentencia del Supremo también pone en tela de juicio la propia política de hechos consumados que viene perpetrando la Junta en materia urbanística, al rechazar la pretensión de legalizar miles de viviendas construidas sobre suelo no urbanizable de manera ilegal mediante su regularización en los planes urbanísticos.
Así, consideramos que ha llegado el momento de dejar atrás estas prácticas y apostar por un nuevo modelo de pueblos y ciudades equilibradas, sostenibles y habitables, cuyo crecimiento sea planificado con la participación de sus vecinos y vecinas, y responda a las necesidades reales de la población.