El último informe publicado en Marzo 2013 de UNICEF Report Card nº11: “Bienestar infantil en los países ricos”, que mide la situación de la infancia de acuerdo con cinco dimensiones clave en la vida de los niños: bienestar material, salud y seguridad, educación, conductas y riesgos, y vivienda y medio ambiente, dice que: “En España, en torno al 20% de los niños viven en hogares con unos ingresos un 50% por debajo de la renta media, que son unos 14.000 euros anuales para una familia de 4 miembros. Somos tren de cola en Educación. En Andalucía, se agrava la situación siendo 3 de cada 100 niños los que viven en pobreza extrema. La conclusión principal del estudio, es que la pobreza infantil no es inevitable, sino que es sensible a las políticas sociales y la distribución de los ingresos. Juan Sebastián Fernández Prados, coportavoz de EQUO Almería y profesor de la Universidad de Almería dice: “La apuesta de los gobiernos en políticas sociales no son un gasto, son una inversión en el futuro, y se hace más clara en la infancia, porque a la larga, supondrá un ahorro al poder prevenir otros problemas sociales mayores”; ¿qué estamos haciendo para proteger a nuestros menores?
Desde 1987, cuando una familia no tiene los recursos necesarios para cuidarlos, la responsabilidad de declarar el desamparo dejó de estar en manos de los jueces, y son los técnicos (psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales,…) quienes “evalúan, juzgan y sentencian”. El sistema de protección a los menores no tiene garantías jurídicas para los afectados: se invierten los recursos en intentar separar a los niños de sus padres gastándonos el dinero en los centros de protección al menor. Se paga a los acogedores y no a las familias. Es un hecho, que el bienestar de los menores no está entre las prioridades de las políticas sociales, ni del Gobierno Español ni Andaluz. La Marea Naranja informa que el Consejo General del Trabajo Social, exige al Gobierno de España la retirada del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local entre otras, porque deja sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad (menores, mayores en situación de dependencia, personas en desempleo y sin recursos, etc.).
Y en Andalucía, en los Centros de Menores, desde el mes de marzo han entrado las nuevas directrices de la Consejería de Bienestar Social en materia de gestión, introduciendo severos recortes en los recursos (humanos, materiales y de cualificación técnica) con los que venían contando estos centros del sistema de protección a la infancia en Andalucía. La Plataforma “Protección de Menores” en Almería, ya viene alertando de los casos de explotación de trabajadores y de la escasa calidad en atención a los menores. Las medidas de recorte de la Junta de Andalucía afectarán al cien por cien de la provincia, donde se va a abandonar el modelo seudofamiliar que atiende a cinco o seis menores para pasar a tener 10 ó 12. Se ha pasado de invertir, por niño y día, de 84 euros a 60, buscando la rentabilidad en vez de mejorar el servicio a los menores.
“Los que nos roban el pan de la mesa predican austeridad. Aquellos que se apropian de todo lo que estaba pensado para todos exigen sacrificios. Los atiborrados consuelan al pueblo hambriento: Vendrán tiempos maravillosos. Más adelante”, decía el poeta alemán Berlolt Brecht (1898-1956).
