Un nuevo caso de presunta corrupción azota a la provincia y, lejos de ser algo aislado, vemos a diario cómo la putrefacción afecta a todas las instituciones del país. Desde la Casa Real a las administraciones locales, pasando por la general y las autonómicas. Nuestra respuesta como ciudadanos es la insensibilización porque, desgraciadamente, forma parte de nuestro devenir diario y, me atrevería a decir, que se convierte en “normalizado”: como si todos fuésemos potencialmente corruptos, pasando el espectro desde un parlamentario europeo hasta el presidente de nuestra comunidad de vecinos. Estamos educados a ver normal la falta de honestidad y no cómo un escándalo en el que hay que pedir responsabilidades.
El caso es que no parece que las instituciones que legislan quieran acabar con esta lacra. Si queremos cercar a la corrupción se tendrían que tomar medidas tales como un cambio en la Ley Financiación de Partidos, siguiendo las recomendaciones de la GRECO (Observatorio de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción) incrementando la transparencia de las cuentas, regulando los préstamos bancarios y reforzando la auditoria de los partidos. Modificando la injusta Ley Electoral contemplando, por ejemplo, las listas abiertas. Urge una Ley de Transparencia que garantice el buen ejercicio de los cargos públicos, haciendo accesibles las declaraciones de ingresos, diferenciando los que son públicos de los privados -incluyendo también a los altos cargos-, declaración del patrimonio personal y familiar, imposición de restricciones en la propiedad de acciones y empresas privadas. Endurecimiento del régimen de incompatibilidades para cargos electos y altos cargos de designación directa. Este régimen debe incluir la obligatoriedad de inhibirse en decisiones relacionadas con la actividad profesional de familiares o empresas participadas o administradas por familiares de hasta segundo grado, pero también otro régimen particular, de hasta tres años, tras abandonar el cargo para actividades profesionales y mercantiles que guarden relación directa con el ejercicio del cargo, así como el asesoramiento a empresas concesionarias o receptoras de ayudas del sector público.
Para EQUO se sale de la crisis con transparencia y democracia directa, empoderando cada vez más a la ciudadanía mediante la realización de auditorías ciudadanas, una banca pública, una reforma fiscal verde y progresiva, la generación de empleo en sectores sostenibles, reparto del trabajo, un nuevo modelo energético, garantía constitucional de los derechos básicos y apertura de las instituciones y partidos a la ciudadanía. Hay que volver a poner la palabra en su lugar: no para mentir continuamente ni usarla como intención de engaño. Hay que reiniciar para recuperar la confianza, la transparencia, la coherencia, la corresponsabilidad y el compromiso. ¿Reiniciamos?
