El partido verde comparte las críticas del movimiento ciudadano y las AAVV respecto a una fiesta que tiene un fuerte impacto en quienes residen en el Casco Histórico
La formación ecologista EQUO entiende que un cambio tan significativo en la ocupación y usos del espacio público durante diez días requieren un proceso abierto y amplio de participación ciudadana, que recoja el sentir de quienes más se ven afectados por los festejos religiosos. En palabras del coportavoz de EQUO Córdoba, Salustiano Luque, «Si no había tiempo de realizar dicho proceso este año, no entendemos la necesidad de realizar dichos cambios con urgencia en lugar de hacerlo bien. Una ciudad más democrática se hace respetando los ritmos necesarios para hacer las cosas adecuadamente. Igual que sería inconcebible emprender una obra sin una serie de trámites, un proceso amplio de participación y debate es imprescindible.»
«Desde EQUO no entramos a valorar la voluntad de las cofradías de modificar sus recorridos procesionales, siempre que se ponga en primer lugar la seguridad y los derechos de las personas afectadas. Es el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno quienes tienen la obligación de velar por los intereses comunes»
Igualmente, el partido verde ha criticado la posibilidad de que una parte del recorrido procesional, la carrera oficial, quede reservado a quienes dispongan de recursos para adquirir palcos o sillas, excluyendo a las personas, creyentes o no, que no dispongan de recursos suficientes. «Toda actividad realizada en la vía pública, debe poder ser disfrutada en igualdad de condiciones por el conjunto de la población. Nos parece otro paso más en la tendencia creciente a privatizar los espacios públicos que hace cada día más difícil simplemente estar y disfrutar en los mismos» ha aportado por su parte Ana María Carnero, coportavoz provincial de EQUO.
EQUO invita a todos los actores implicados, empezando por las administraciones públicas responsables, a minimizar los impactos en la vida diaria de los vecinos y vecinas afectadas, a no restringir el acceso a la carrera oficial y a realizar el necesario proceso participativo de cara al año 2018, de forma que se hagan los cambios convenientes desde el mayor consenso posible.