Tras conocer que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha premiado con una plaza en la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba a Rafael Álvarez Giménez, excomisario de Aguas del organismo, estando imputado en dos procesos judiciales, EQUO Córdoba reclama explicaciones a la CHG y a la Subdelegación del Gobierno.
Tal y como publica El Confidencial, la primera imputación del excomisario es por prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por los vertidos de Albolote (Granada) y la presunta emisión de aguas fecales de la cárcel granadina a un barranco y arroyo de la zona. En su segunda imputación, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla le acusa de un delito de estafa procesal en grado de tentativa como cooperador necesario por haber intentado beneficiar a la empresa de dos socios de Agustín Pastor Turullols, exjefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y exjefe de servicio de Inspección de Presas de la confederación con el que podían reclamar 15 millones de euros en un pleito contra la Administración. También hay que recordar que Álvarez Giménez estaba siendo investigado además por inflar las obras de la limpieza del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, unos hechos sobre los que EQUO Córdoba ya se pronunció reclamando una transparencia que no se ha dado.
Ana María Carnero, coportavoz del partido ecologista, afirma que «estos hechos parecen responder a un presunto trato de favor que nos preocupa muchísimo y vienen a agravar la negra etapa de Manuel Romero Ortiz al frente de la CHG, como queda cada vez más patente, sobre todo tras la auditoría de la Intervención General del Estado que desvelaba importantes irregularidades».
Salustiano Luque, coportavoz provincial de EQUO en Córdoba, explica que «si Álvarez Giménez ha conseguido esta plaza a pesar de que no es funcionario de la Administración General del Estado, sino de la Junta de Andalucía en comisión de servicio, en vez de procederse a la suspensión provisional de sus funciones hasta que se cierren todos los procedimientos judiciales abiertos en los que está imputado, la CHG y la Subdelegación tienen que proporcionar muchas explicaciones».
Finalmente, EQUO vuelve a insistir a Ayuntamiento de Córdoba y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su propuesta de publicación de todos los documentos del proceso de adjudicación de los trabajos de limpieza en el Guadalquivir a su paso por Córdoba para intentar dar respuesta a por qué no se adjudicaron estos trabajos a la empresa pública Tragsa, cuyas tarifas aparentemente podrían haber salido más económicas.