Presunto culpable

En breves fechas se producirá, si no se remedia, el tan anunciado desalojo de los ocupantes del abandonado Colegio Rey Heredia, de Córdoba, hoy convertido, de hecho, en un Centro Social que intenta dar respuesta a las innumerables necesidades que padece el barrio donde se encuentra ubicado. Una labor que dichos ocupantes autogestionan, ofreciendo servicios de comedor, apoyo educativo, biblioteca, cultivo de propios productos en un pequeño huerto y demás iniciativas con las que pretenden dignificar su intento de limar las garras de ésta cruel crisis, cuyas uñas más afiladas vienen a clavarse siempre en los mismos: en los más vulnerables.

Sin embargo, el Ayuntamiento, con su Alcalde a la cabeza, parece entender que cualquier otra disposición de dicho edificio, incluido el derribo, será preferible a la que los vecinos del citado barrio se empeñan en darle. Y es que, ¡claro está!, uno no se puede tomar la solidaridad por su mano. Y yo, ¿qué quieren que les diga?, comprendo al Sr. Alcalde. Si ahora empezamos todos a reaccionar ante las acuciantes penurias que se están produciendo, organizándonos, colaborando entre sí, primando la cobertura de las necesidades más básicas, independientemente de quién las sufra, y optimizando los pocos recursos disponibles para abarcar al mayor número de personas, podríamos acabar haciéndonos subversivas preguntas: ¿para qué sirve entonces nuestra Administración Pública?, y, ¿qué sentido tiene sufragar los cuantiosos gastos que tenemos que afrontar para mantener a un Alcalde bien trajeado, con su séquito de concejales, asesores y técnicos, en edificios bien equipados con su kit de transporte, teléfonos y un largo etc., en el que se incluyen algunas tarjetas de crédito, si al final es el ciudadano de a pié el que tiene que encontrar la forma de lamerse sus propias heridas, y, cuando la encuentra, es el mismo Ayuntamiento al que paga y mantiene el que pone obstáculos para la autosanación?… Este es el tipo de preguntas que podrían ser calificadas de antipreguntas, de la misma manera que al que no está conforme con el papel de “patito feo” que le han adjudicado en éste sistema económico-social, lo denominan antisistema.

Y es que si un grupo de ciudadanos pueden demostrar, y demostrarse a sí mismos, que no hay mejor legislación que el conjunto de miradas concienciadas, sensibles tanto a su dolor como al que le rodea, y que no hay mejor remedio para el mismo que el intentar erradicarlo como si fuéramos un solo cuerpo, donde el dolor de un miembro afecta al bienestar del conjunto, tal vez estarían sentando las bases de un nuevo orden establecido donde los líderes de cartón-piedra, los legisladores de obediencia al partido, los ejecutivos (Presidentes, Ministros, Alcaldes…) del dogmatismo y el sillón adherido, así como los que descansan en la cúspide de los poderes fácticos, que son realmente quien gobiernan a los otros, no tendrían cabida.

No hace mucho leí en un periódico local que nuestro Alcalde declaraba, ante el intento de los ocupantes de reunirse con él, que no tenía nada que negociar con quienes se sitúan fuera de los márgenes legales. Y puede que tenga razón, que lo primero sea informar a dichos conciudadanos de cual es la legislación vigente, de lo que es legal y lo que no lo es. Y en mi humilde intento de arrojar luz sobre tal cuestión, me atrevo a exponer algunos ejemplos: es legal seguir ostentando cargos públicos al tiempo que, “presuntamente”, y mientras se eternizan los procedimientos judiciales, se violan los principios más básicos a los que, supuestamente, se deben dichos cargos, como el enriquecimiento personal, el tráfico de influencias, la fraudulenta financiación del partido político, el cobro de comisiones de todo tipo y de sobres que condimentan suculentos sueldos, la aceptación de regalos por las mismas empresas a las que luego se le conceden obesos contratos que engordan a costa del pienso que todos pagamos, así como un largo etc., que omito, por no subir más el nivel de bilirrubina de cualquier sana indignación. También es legal apartar de su puesto a cualquier Juez que no sepa interpretar, adecuadamente, el discreto encanto de la presunción de inocencia; sobre todo si no sabe distinguir quién tiene el salvoconducto que su pedigrí le otorga, para gozar eternamente de ella. También es legal que nuestros gobernantes contemplen los niveles de desesperación e indigencia que está padeciendo una buena parte de la población a la que sirven, mientras que algunos de los que han llevado a éste país a la ruina, en muchos casos puestos por ellos mismos (Sr. Rato, Sr. Blesa, etc.), siguen gozando de su posición privilegiada, como si estuviesen protegidos por el espíritu santo de la paloma (¿o era gaviota?). Y también es legal, ¡por supuesto!, que al respecto, nuestro Sr. Alcalde, dado que casi todos los modélicos “presuntos inocentes” orbitan en su propio partido, no tenga algo que decir. Tal vez, porque esté distraído mirando a cámara, o pendiente de los que realmente son una amenaza para la sociedad: aquellos que, como los ocupantes del Colegio Rey Heredia, se sitúan al margen de la ley, intentando achicar aguas como pueden, y sin ayuda institucional, de éste barco a la deriva que, eso sí, ha sido legalmente agujereado, mientras el capitán y los oficiales de alto rango ocupan, ¡claro está, legalmente!, los siempre reservados botes salvavidas. Legal es, igualmente, no sólo incumplir, sino engañar con los programas electorales sin que nadie responda por ello. Como también es legal la impostura, vanagloriar la pose, afilar eufemismos que hieren o rendir culto al cargo, como representación de poder y no de servicio. En definitiva, la propia inmoralidad, ¿cuántas veces se viste de legalidad?

Por eso, una vez analizado lo que es legal y lo que no lo es, no tengo más remedio que darle la razón a nuestro Alcalde cuando califica de “ilegal” los actos y acciones llevados a cabo por los ocupantes del Colegio. Es más, en éste caso, ni siquiera atenuaría dicha calificación concediéndoles su tan beatificada aureola de “presuntos”, que, en éste caso y a sus ojos, sin duda, serían, a lo sumo, “presuntos culpables”, ya que carecen del estatus y afiliación adecuada para merecer la presunción de inocencia. Presunción que, por otra parte, yo mismo no les reconozco, ya que creo que hay que considerarlos directamente culpables. Culpables de intentar defender, para sí mismos y su entorno, un lugar donde maquillar el rostro más decrépito de su dura realidad, y así poder mirarla a la cara sin que el miedo les atenace, con la esperanza de poder ofrecer, poco a poco, con su honesto esfuerzo y sin agachar la cabeza, algo de alivio, y recuperar una pizca de esa ilusión que, los “legalmente presuntos inocentes” y tantos “presuntos servidores del pueblo”, les han ido robando, eso sí, legalmente amparados tras la cara oculta del Código Civil

Sí, Sr. Alcalde, son culpables, directamente culpables. Y que conste que no digo “somos” porque en mi descargo tengo que alegar que yo no soy uno de los que están implicados, cada día, partiéndose el pecho por seguir adelante en ese Colegio (a pesar de los cortes de luz y agua con que, generosamente, les invita a la retirada), ofreciendo la otra mejilla para que se la abofeteen con la palma de su tan apreciada legalidad. Motivo por el que solicito para mí que, a causa de éste escrito, se me declare, a lo sumo, con la venia y en razón de justicia, como “presunto” culpable.

JOSÉ MORAL, simpatizante de EQUO