Ley de Dependencia: Asignatura pendiente para 2014

Para situarnos respecto a la Ley de Dependencia, hay que destacar que dicha Ley ha sufrido tres reformas, siendo la aprobada por el Partido Popular en Julio de 2013 mediante Real  Decreto  Ley 20/2012, la que se considera el desmantelamiento encubierto de los servicios que recogen esta ley.

Pasando por alto, que el Gobierno apruebe una vez más por decreto una Ley (tanto es así que esta reforma se conoce como “el decretazo”), respecto al Estado y a las Comunidades Autónomas hay un galimatías de datos, acusándose una administración respecto a la otra de quien tiene la culpa y de aprovechar tal desconcierto para dejar en “stand by” esos servicios, y decimos en “stand by” porque más allá de la moto que nos quieren vender nos sigue costando dinero a los ciudadanos y lo que es peor, nos está costando derechos mientras juegan a distraernos principalmente PP-PSOE dependiendo de cómo interese contar la película.

Para arrojar datos hay que recurrir a diversas fuentes para sacar conclusiones aproximadas. Así la “Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales”, resalta por ejemplo que la eliminación de los Niveles en los Grados del 1 al 3, supone que cuando sean revisados estos grados, se hará a la baja y por tanto los usuarios perderán derechos si les otorgan un grado inferior. Esta asociación alerta que exigirle a las personas dependientes que colaboren con un copago más alto, es una medida ineficaz ya que consideran imposible que se recaude más del 15% del coste total actual del sistema, por el bajo poder adquisitivo de los pensionistas. También esta asociación  en materia de financiación del sistema, nos indica que se reduce en más de un 13 por 100 las cuantías a entregar por parte de la Administración Central a las CCAA. (Fuente, http://www.inforesidencias.com)

Si seguimos buscando más información, el portal http://geriatricarea.com, se basa también en la “Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales”, la cual extrae del IMSERSO que los plazos se están dilatando hasta dos años y medio o que hay más de doscientas mil personas sin atender, aún teniendo derecho. Se estima en 158.830 cuidadores/as familiares que  han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Hay que señalar que  a 1 de enero de 2013 el número de personas dependientes con derecho a atención ascendía a 982.670 mientras que a 31 de julio de este año este número ya se reducía hasta las 950.452. Y en cuanto a las personas atendidas, a principios de año 751.551 personas recibían algún tipo de servicio o prestación, número que a 31 de julio ya se reducía a 744.378.

El www.diariodecadiz.es informa que la Junta de Andalucía, acabará 2013 con una deuda de dos millones de Euros en dependencia solo en este municipio, lo que nos muestra la gravedad y la falta de trasparencia, respecto a la administración del presupuesto con el que se cuenta para responder al acceso a estos servicios, que se constituyen en derechos en la Ley de Dependencia. Según la página web del Defensor del Pueblo Andaluz se recoge expresamente que “Se trata de una deuda no cuantificada actualmente,”  y también destaca que “Estos impagos están provocando graves perjuicios a dichas asociaciones y creando situaciones que podrían llegar a provocar la desaparición de los propios recursos. Así, los reiterados retrasos de la administración en el abono de ayudas previamente comprometidas con estas asociaciones obliga a las mismas a tener que recurrir al endeudamiento para poder afrontar los necesarios pagos ya sean de nóminas, seguros sociales o proveedores, deteriorándose así su situación económica hasta extremos tales que en algunos casos no han tenido más remedio que proceder al despido del personal y al cierre de los recursos”

En Andalucía, desde Enero de 2013 sindicatos y empresas mayoritarias del sector de Atención Residencial, sin dar voz a las pequeñas empresas, estaban negociando con la Junta de Andalucía la adaptación del Real  Decreto  Ley 20/2012 en nuestra comunidad, aunque en la actualidad esta mesa sectorial se ha roto y el desconcierto de cara a futuro es mayor. Algunos de los puntos que se estaban tratando antes de la ruptura del dialogo, eran la bajada del 10% del precio por plaza concertada a los Centros de Atención Residencial, bajada de los ratios de personal de un 5% (principalmente afectaría al personal considerado como “Equipo Técnico”) o bajar los salarios en un mismo porcentaje, así como eliminar el derecho de reserva de plaza concertada  para  camas sin ocupar que está estipulado en un 60% del precio público establecido.

En nuestra comunidad,  actualmente el pago de plazas oscila entre los 90 y 120 días en vez de los 30 establecidos. Lo que conlleva a los centros a pedir anticipos a las entidades bancarias de las facturas de la Junta de Andalucía, provocando intereses medios de un 4% y la suscripción a pólizas de crédito.

En Córdoba, el presidente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Córdoba, José María Romero, expresa que aunque la Administración tiene un plazo de 6 meses para otorgar una prestación, la media en resolver está entre nueve meses y un año,  incluso produciéndose situaciones que cuando la persona dependiente va a cobrar, el pago se puede retrasar hasta cuatro meses. O quedándose situaciones sin resolver, cuando el usuario ha fallecido y la familia pierde el derecho a cobrar esa retroactividad, por aquellas mensualidades que si le correspondía cobrar antes del fallecimiento.

En definitiva, hay un desmantelamiento por parte de Gobierno del Partido Popular de la Ley de Dependencia y falta de trasparencia de la Junta de Andalucía en la administración del presupuesto de esta partida, sin pronunciarse como ejecutará la reforma del Real  Decreto  Ley 20/2012, que lleva negociando desde Enero de 2013. Así como el PSOE-IU ante el retraso del pago de las facturas, está obligando a estas empresas que ejecutan servicios referidos a la Ley de Dependencia, al endeudamiento con entidades bancarias. Una vez más el  Gobierno de nuestra comunidad autónoma que enarbola la bandera de la lucha contra los recortes del PP, no están haciendo una apuesta por el empleo en un sector que produce tanta oferta y en niveles profesionales de distinta cualificación, desde la ayuda a domicilio a los centros de día o centros residenciales.. Y una vez más las políticas sociales de PSOE-IU  se quedan en marketing, dejando a personas dependientes sin la valoración o la otorgación de recursos, cuando existen plazas vacantes en centros de día o centros residenciales. Esta es la Europa del cambio por la que queremos apostar frente a los mercados, la maquinaria de PSOE e IU que nos vende su apuesta por las políticas sociales y realmente una vez más, ponen en entredicho la inteligencia de los ciudadanos e intentan engañarnos con falta de transparencia, participación y jugando al ya cansino e infantil juego de “y tu más” con el PP.