La actividad política inspira sentimientos negativos de desconfianza o irritación a tres de cada cuatro andaluces y se ha convertido, en opinión de la ciudadanía, en el tercer problema de nuestra comunidad autónoma, por delante incluso de la situación económica. Son datos del último Estudio General de Opinión Pública Andaluza que periódicamente publica la Universidad de Granada y que evidencian el enorme desapego que experimentamos hacia unas instituciones que cada vez percibimos más alejadas de nuestras preocupaciones e intereses, más distantes, más gobernadas por una lógica egocéntrica que nada tiene que ver con la mayor parte de nuestra sociedad.
Lo estamos viendo estos días con el penoso espectáculo del proceso sucesorio en la propia Presidencia de la Junta de Andalucía, el máximo órgano de gobierno y representación de nuestra Comunidad, que ha sido decidido y ejecutado según la voluntad de la persona que ha venido ocupando el puesto, tras un simulacro de primarias dentro de su propio partido. Es el modelo autocrático de funcionamiento en el que se han instalado los partidos políticos tradicionales, constituidos en grupos cerrados cuya maquinaria está al servicio del mantenimiento del control del poder. En estas organizaciones la democracia interna y la transparencia brillan por su ausencia; las bases se limitan a ratificar las decisiones adoptadas por la cúpula dirigente, frecuentemente enquistada y perpetuada a lo largo de los años. De esta manera, nos hemos habituado a ver con naturalidad cómo traspasan el poder para que nada se escape. En Andalucía vimos cómo Arenas se largaba a Madrid designando como presidente regional a Zoido. Luego hemos presenciado un proceso similar en IU con la designación de Maíllo como único candidato para sustituir a Valderas.
Lo peor es que tienen tan interiorizados esos hábitos que los trasladan miméticamente a las instituciones públicas donde gobiernan, como si los cargos que ostentan perteneciesen a su patrimonio personal, obviando cualquier explicación o rendición de cuentas a la ciudadanía que los ha colocado ahí para que trabajen al servicio del conjunto de la sociedad y no de su organización política. Van cundiendo por toda la geografía del estado español los ejemplos de alcaldes y presidentes de comunidades autónomas que llegan al puesto por designación sucesoria sin haber concurrido como cabeza de listas electorales. Así tenemos en Madrid a la alcaldesa y al presidente de la Comunidad. En la Presidencia de la Junta de Andalucía ya va convirtiéndose en tradición. Por eso no extraña que el porcentaje de población andaluza insatisfecha con el funcionamiento del sistema democrático haya superado ya al 80 por ciento, según el citado estudio de Opinión Pública Andaluza, en una tendencia creciente a lo largo de los últimos años.
No caben más dilaciones ni medidas de parcheo. El modelo de partidos y el sistema institucional exigen una renovación radical y urgente si queremos que la ciudadanía vuelva a identificarse con ellos, a sentirse representada y defendida, a participar en una democracia viva y cercana a las personas. Es precisa una nueva regulación de la financiación de los partidos que evite la corrupción mediante estrictos procedimientos de auditoría y sanciones, transparencia de las cuentas, limitaciones en créditos y donaciones, austeridad en los gastos electorales y corresponsabilidad penal de las organizaciones políticas en los delitos de sus cargos públicos. Son necesarias medidas legislativas en materia electoral y órganos de representación para garantizar que todos los votos valen lo mismo, que las personas elegidas trasladan a las instituciones la voz de la ciudadanía y rinden cuentas de su desempeño. Es imprescindible una ley de participación ciudadana que reconozca el plebiscito vinculante y promueva fórmulas de participación directa de las personas en los asuntos públicos. Y, desde luego, hay que aprovechar las tecnologías de la información para que la gestión de los ayuntamientos, parlamentos y gobiernos sea realmente transparente.
Si, por el contrario, siguen empeñados en dar la espalda a la ciudadanía, sólo estarán animándonos a que les demos un buen puntapié en el trasero.
Diego Rodríguez y Pepa Bonilla, coportavoces provinciales de EQUO Córdoba