EQUO Andalucía exige responsabilidades ante la brutal e injustificada respuesta policial a la manifestación en Sevilla

Tras los hechos acaecidos el pasado sábado 24 de noviembre en la calle Lumbreras y ante la gravedad de la represión de la Policía a la manifestación del derecho a la vivienda, EQUO ANDALUCÍA exige la dimisión de la delegada del gobierno, Carmen Crespo, como responsable de las agresiones represoras de la policía. Igualmente exigimos una investigación sobre la actuación policial y una depuración de responsabilidades así como una investigación sobre el procedimiento judicial emprendido toda vez que la juez ha tomado una grave decisión sin más pruebas que el testimonio policial.

Consideramos que estos violentos actos por parte del poder, suponen un grave recorte de derechos sociales y políticos y atentan contra la Constitución Española. Tanto la actuación de la Policía, como del Poder Ejecutivo y Judicial es extremadamente desproporcionado.

Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO ANDALUCÍA, presenció el acto y describe el acto como una concentración pacífica en la calle Lumbreras con una gran presencia policial que en primera instancia detienen sin ninguna justificación a la operadora de cámara de la Sexta, Ana García y de forma violenta. Seguidamente y sin mediar aviso, la Policía comenzó a golpear indiscriminadamente a los concentrados, aún cuando todos los asistentes, incluido el coportavoz de EQUO ANDALUCÍA, cuestionaban esos actos a los efectivos policiales. Tras ello, la Policía detiene de forma arbitraria a cuatro personas golpeadas y deja de agredir a los manifestantes.

EQUO ANDALUCÍA, denuncia esta actuación como digna de un estado no democrático y autoritario que no respeta a la ciudadanía. Incluso observamos con estupor que la juez impute a los detenidos de ocupación, atentando contra la autoridad, desobediencia civil, daños y lesiones.

Igualmente criticamos a algunos medios que aceptaron de forma acrítica la versión policial, por ello exigimos una rectificación por su falta de profesionalidad en el tratamiento de la noticia, contribuyendo a difundir la mentira policial sin contrastarla previamente.

Ante esto, pensamos que nos encontramos, como ciudadanos, ante un total desamparo pues el gobierno legisla en materia de vivienda, exclusivamente, para favorecer y priorizar los intereses de los bancos, entrando en colisión directa con su deber constitucional de defender el derecho a la vivienda.

Por otra parte ampara los desahucios provocados por la crisis financiera y legisla para que no sea posible la dación en pago, dejando de este modo a las familias en la calle y con deuda.

La policía actúa de brazo ejecutor de la represión, agrediendo indiscriminadamente a quienes tratan de evitar el desahucio. Miente al decir que la policía fue agredida: los testigos presenciales lo sabemos. No hubo agresión alguna. Por tanto la policía en lugar de proteger a los débiles y a quienes les defienden los agreden y mienten para justificar su agresión

Los jueces trabajan para los bancos tramitando los desahucios. Se quejan de ello y de que carecen de medios para atender todos los procesos de desahucios. Aceptan acríticamente y sin pruebas las demandas de la policía e imputan con cargos a ciudadanas y ciudadanos agredidos y que no han cometido ninguno de los hechos que se les imputan.

En resumen, nos encontramos ante una alianza entre en torno al poder económico-financiero del poder político, policial, judicial y de ciertos medios de información que no dudan en sustentar su represión sobre la mentira.

La ciudadanía está gravemente indefensa. Desde EQUO ANDALUCÍA denunciamos la actuación del poder, que rompe el marco constitucional.