El Congreso de los Diputados aprobó en el día de ayer, con el único voto a favor del PP, asestar el golpe definitivo al litoral español, ya moribundo, mediante la aprobación de la paradójicamente denominada “Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas”.
La nueva Ley nace con la oposición del resto de los grupos políticos (excepto CiU, que se abstuvo), los colectivos ecologistas y numerosas organizaciones de diversa índole, entre las que destaca por ejemplo el Colegio Oficial de Geógrafos. Este rechazo generalizado no ha sido impedimento para su aprobación, como viene siendo habitual en la acción de este Gobierno del rodillo parlamentario y el Decreto-Ley. Frente a esto, algunos grupos como PSOE e Izquierda Plural ya han anunciado su intención de recurrir la norma al Constitucional, dado el régimen de especial protección que nuestra carta magna otorga a la franja litoral. Consenso, negociación y debate son palabras que parecen desaparecidas de nuestras instituciones en los últimos tiempos.
El resumen del contenido de la Ley no puede ser más claro y desolador: privatización de facto del dominio público marítimo terrestre y regresión sin precedentes en la protección del espacio litoral. Todo ello amparado en argumentos que no se sostienen por si solos como la búsqueda de la seguridad jurídica o, irónicamente, propiciar el uso sostenible de estos espacios.
En estos meses de tramitación de la norma ha quedado claro que el Gobierno no tiene un plan para cambiar el modelo de desarrollo español que tan nefastos resultados ha acarreado para la economía y el empleo. Por eso trata desesperadamente, aún a la vista de esto resultados, de volver a la dinámica depredadora de la construcción desmedida y el pelotazo urbanístico, en una huida hacia delante que en este caso puede terminar de aniquilar nuestro vulnerable litoral. No sorprende en este aspecto que se haya tramitado esta reforma legislativa por el procedimiento de urgencia cuando la normativa en vigor no requería tal modificación y ni tan siquiera iba en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones generales. Por otra parte, esta estrategia responde claramente a la intención del Gobierno de favorecer los intereses económicos de personas y empresas del sector de la construcción del entorno del Partido Popular cuyos vínculos con dirigentes del partido están más que demostrados (ver informe Amnistía a la Destrucción, de Greenpeace).Una vez más, nos encontramos ante el expolio del patrimonio de todos para el beneficio de unos pocos.
Entre otras medidas, la Ley prevé una prórroga de hasta 75 años para la ocupación de viviendas construidas en DPMT, frente a los 30 años establecidos en la Ley de 1988. Esto supone de hecho una prolongación de más de tres generaciones de la ocupación privada de la costa, en contra de los principios constitucionales que hemos resaltado antes. Se calcula que pueden verse implicadas unas 24.000 edificaciones, pudiendo todas ellas además ser vendidas o legadas.
Además, se reduce la franja de protección del litoral de los 100 m actuales a tan sólo 20 m, por lo que todas las edificaciones existentes en la franja de 80 m liberados que cumplan unos mínimos requisitos podrán realizar obras que quedan supeditadas a la aprobación por parte de los Ayuntamientos y las CCAA. En este grupo podrían beneficiarse de le reforma hasta 125.00 edificaciones. Desgraciadamente los andaluces somos conocedores de primera mano de las consecuencias que tiene la presión urbanística sobre la gestión de los Ayuntamientos, que son beneficiarios directos de la especulación inmobiliaria, habiendo sufrido en nuestros municipios litorales algunos de los mayores casos de corrupción política de la historia de nuestro país por tales motivos.
Otro aspecto destacable de la Ley es su “retroactividad”; se contempla que los propietarios de viviendas que pasaron a formar parte del DPMT con la anterior Ley de Costas pueden reclamar de nuevo su propiedad en el plazo de dos años. Llama también la atención la amnistía de 12 aglomeraciones de viviendas en distintos puntos de España sin que se especifique el criterio técnico o legal para su selección. Esta arbitrariedad no puede sino traducirse en incertidumbre y reclamaciones jurídicas de aglomeraciones que se encuentren en situaciones similares.
Con el argumento del desarrollo económico y el mantenimiento del empleo, se introduce la modificación del régimen de las concesiones a chiringuitos, pasando estas a ser concedidas por 4 años en lugar de anualmente como hasta ahora. Esto no implica sino la pérdida del control de las administraciones de las actividades llevadas a cabo por estas instalaciones durante el período de tiempo de la concesión.
Por último, hay sobrados motivos científicos para rechazar la redacción de la Ley, por cuanto supone la exclusión del DPMT de ecosistemas tan importantes para el mantenimiento de los servicios ambientales y el equilibrio ecológico como las marismas, sistemas dunares, salinas y esteros, todos ellos con una importante presencia en Andalucía.
Aunque desde la Comisión Europea se han dado muestras del apoyo implícito a estas reformas legales, (lo cual no es sino la demostración de lo que desde dicha Comisión se quiere para el futuro de España), la repuesta desde el Europarlamento ha sido invitar a las organizaciones ecologistas a comparecer para dilucidar si el texto legal vulnera el derecho comunitario. Lo que sí vulnera sin duda es el sentido común, pues en una época de asfixia económica de las administraciones, desecha el deslinde realizado para el cumplimiento de la anterior norma (que supera el 96% de la franja litoral), el cual habrá que comenzar de nuevo, y obvia por completo los efectos que el cambio climático tendrá los próximos años sobre nuestras costas, permitiendo una urbanización aun más intensiva de las mismas sin reparar en las indemnizaciones a las que habrá que hacer frente en el caso de daños.
Para Andalucía su espacio litoral ha sido históricamente una de sus principales señas de identidad, además del soporte de importantes actividades culturales y económicas: no sólo el turismo cuyo peso en el desarrollo de la comunidad es indiscutible, sino también otras como la pesca o la acuicultura. El mantenimiento de estas actividades depende absolutamente de la preservación y recuperación de los ecosistemas litorales y costeros, por lo que la nueva Ley tal y como se plantea es no sólo un atentado contra una parte preciadísima del patrimonio natural andaluz, sino también un peligro para el sostenimiento de tradicionales sectores de la economía.
Por otro lado, su aplicación entra en conflicto directo con las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio, en cuya normativa de desarrollo hay disposiciones distintas a las contempladas en esta Ley, más aún después de la aprobación por parte del Gobierno andaluz del necesario aunque insuficiente Plan de Protección del Corredor Litoral. Es por tanto de esperar, en contra de lo pretendido, un aumento de la litigiosidad entre administraciones y de la inseguridad jurídica de los propietarios y concesionarios.
Desde EQUO rechazamos frontalmente esta reforma de la Ley de Costas, y no podemos sino exigir su retirada inmediata y reclamar lo que es de justicia: la protección de un espacio vital para el desarrollo sociocultural y económico como es el litoral, y la garantía del carácter público de un patrimonio que pertenece a la ciudadanía andaluza y española.
Sara Martínez Ballesteros
Licenciada en Ciencias del Mar
Coportavoz de EQUO Jaén
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