Hoy nos hemos despertado con la concreción del acuerdo entre los gobiernos español y norteamericano para la presencia en Rota de cuatro destructores del escudo antimisiles. Los dos primeros llegarán entre 2013 y 2014, y los dos últimos entre 2014 y 2015. Nada nuevo y nada sorprendente. Después del anuncio efectuado por el expresidente Zapatero de que España formaría parte del escudo, nadie dudaba de que el gobierno del PP abrazaría con entusiasmo el proyecto. Una cuestión más en la que los dos grandes partidos se muestran de acuerdo sin demasiados matices. Poco importa que la población española sea claramente antimilitarista. Poco importa tampoco que la decisión conculque, una vez más, la letra y el espíritu del referéndum de 1986. Si los ciudadanos no son consultados para una reforma constitucional difícilmente se esperará que lo sean para un tema de esta importancia. Una pena que esta vez no puedan culpar a los mercados.
Si no podemos sorprendernos por lo menos debemos indignarnos. El escudo no tendrá ninguna de las consecuencias positivas que se nos venden con desvergüenza. No generará empleo, como no lo ha hecho la Base de Rota más que de forma marginal. No nos protegerá contra Irán y Corea del Norte por la simple razón de que estos países no tienen capacidad para alcanzar Europa con sus misiles. Nos pone en el punto de mira de Rusia y China, que sí se sienten amenazados, y así lo han declarado, ante la puesta en marcha del escudo. No es un mecanismo defensivo. Por el contrario, obligará a Rusia y a China a renovar su capacidad militar incrementando la carrera armamentística en todo el mundo. Esto no sólo nos conducirá de vuelta a lógicas anteriores a 1989 sino que es indefendible en un contexto de crisis.
Una democracia no puede aceptar una decisión de este calibre sin discutirla en profundidad. Tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición estarán muy felices si consiguen hurtarnos este debate. De nosotros depende evitarlo. Especialmente en Andalucía y en periodo electoral tenemos la responsabilidad de exigir explicaciones y responsabilidades.
David Soto, miembro de la Mesa de Coordinación Equo Sevilla