El decreto 2/2012 aprobado por la Junta de Andalucía en enero, a pesar de reconocer el daño causado, se centra en regularizar y dotar de derechos a quienes han actuado al margen de la ley
Hoy se debate en el pleno del ayuntamiento de Puerto Real una propuesta de legalización, a la que EQUO se opone por tratarse de una “amnistía generalizada” que evita un estudio de cada caso y elude responsabilidades
El pasado 10 de enero, la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía presentó el Decreto que regula y clarifica la situación de viviendas construidas en suelo no urbanizable. Se trata de cerca de 300.000 viviendas en mil urbanizaciones ilegales, que responden a casuísticas muy diferentes (desde viviendas aisladas en el medio rural a urbanizaciones dominadas por la segunda vivienda o en zonas protegidas o de riesgo ante desastres naturales). Puerto Real es el primer municipio andaluz en el que se va a aplicar el decreto de regularización y por tanto va servir de referente para otros municipios.
“Esta forma de urbanizar al margen de ley ha creado un perjuicio medioambiental, patrimonial y social difícilmente reparable y ha creado una cultura de corrupción política con la que se debe tener tolerancia cero”, sentencia Esteban de Manuel, co-portavoz de EQUO-Andalucía. “Por ello, desde EQUO nos oponemos a amnistías generalizadas, como la que se debate hoy en el pleno de Puerto Real, en la que votaremos en contra”. Iván Canca, concejal de Equo en esta localidad gaditana, ha defendido la necesidad de realizar un estudio detallado de cada situación y que se dé una respuesta integral al problema.
EQUO-Andalucía reclama que se delimiten responsabilidades políticas y técnicas en una situación que genera un agravio comparativo con quienes actúan dentro de la legalidad y que, sin duda, recaen en la propia Junta de Andalucía -que tiene competencias urbanísticas y de ordenación del territorio desde 1984- y en los municipios donde se han consentido este tipo de edificaciones, lo que afecta a partidos políticos de todos los colores.
EQUO-Andalucía no entiende por qué la Junta no ha aplicado las herramientas legales de las que ella misma se ha dotado para hacer cumplir la ley, en una situación donde las responsabilidades no son solo políticas: estas urbanizaciones han tenido promotores que se han enriquecido con el consentimiento de la administración; ha habido consentimiento social, que ha visto una oportunidad de acceder más económicamente a una vivienda de segunda residencia en primera línea de playa o en medio de un parque natural de interior; también los propios notarios, registradores y jueces han sido colaboradores necesarios, por acción u omisión.
Desde EQUO-Andalucía entendemos la dificultad del acceso a la vivienda y la necesidad de resolver la situación de muchas personas propietarias históricas que llevan así mucho tiempo, además del valor que supone el arraigo a zonas agrícolas de muchas familias que llevan años trabajando la tierra y dinamizando así el mundo rural.
Pero esta suerte de amnistía casi generalizada que supone el Decreto de la Junta, puede provocar la normal indignación de quienes han comprado sus viviendas construidas legalmente y que ven cómo se abre la puerta a la legalización de quienes han adquirido viviendas más baratas, por haberse evitado los costes que supone la construcción legal.
EQUO-Andalucía pide que se imponga la justicia y la sostenibilidad y que no se caiga en el populismo y en la irresponsabilidad política de dejar como legado una ciudad que no se pueda gestionar por haber crecido sin ordenación. Porque el problema no reside solo en este primer conjunto de edificaciones ilegales regularizadas, sino en la sensación que se le queda a la ciudadanía cuando advierte que puede construir ilegalmente con tranquilidad que tarde o temprano lo legalizarán. “Desde las administraciones habría que construir un mensaje claro a la ciudadanía de que no se puede construir ilegalmente. Pero se está haciendo todo lo contrario”, concluye Esteban de Manuel.
Además, el Decreto 2/2012 de la Junta legitima que la edificación ilegal se convierta en una mercancía. Y desde EQUO-Andalucía tenemos muy claro que hay que diferenciar entre el derecho de uso y el derecho de propiedad. Es decir, una cosa es que no se derribe una casa para que una familia no se quede en la calle y otra bien distinta es construir ilegalmente y luego especular y hacer negocio con la edificación construida.
Para garantizar el acceso a la vivienda y no empujar a una parte de la ciudadanía al urbanismo ilegal, son necesarias políticas de las administraciones públicas –Ayuntamientos y Junta de Andalucía- que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna. Las viviendas que necesitamos para ello ya están construidas pero vacías. La política pública debe ponerlas en alquiler a precio social, llegando si es preciso a la expropiación de uso. Pero lo que no se debe hacer nunca optar por la permisividad ante las edificaciones ilegales, pues el desastre urbanístico está garantizado.