Para EQUO no estamos ante un caso de corrupción más, sino ante un
escándalo que implica al propio presidente del gobierno por lo que merece
una respuesta contundente
Para EQUO las informaciones que han aparecido hoy en las que se afirma que
el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibió durante 11 años 25.200
euros anuales en “negro”, provenientes en su mayoría de empresarios del
sector de la construcción, son de una enorme gravedad y suponen un duro
golpe para nuestra democracia y para la ciudadanía.
EQUO ha afirmado que, de confirmarse los hechos, no estaríamos ante un
caso de corrupción más sino ante un escándalo mayúsculo que implica a toda
la cúpula del PP y que por tanto invalidaría al actual Ejecutivo para
seguir gobernando.
Por ello, EQUO ha reclamado la intervención urgente de la Fiscalía
anticorrupción, con todos los medios que necesite, para que se pueda
investigar este grave asunto hasta el final y de forma urgente ya que no
es posible que un gobierno que cobra en “B” de empresarios corruptos, esté
al frente del país. Asimismo, ha recordado que se siguen sin tener
respuesta para los 22 millones de euros que Bárcenas tenía en Suiza.
En referencia a la rueda de prensa de la secretaria general del PP , María
Dolores de Cospedal, EQUO ha afirmado que utilizar una investigación
interna como solución a los escándalos, es algo que no tiene sentido en
estos momentos, ya que hay indicios de que toda la cúpula del partido está
implicada.
EQUO además ha expresado su preocupación por la situación de deterioro
democrático que vive nuestro país ante los numerosos casos de corrupción y
la falta real de compromiso de los partidos políticos ante un problema de
tal magnitud. En este sentido, para EQUO es vital que se apruebe un norma
que garantice una total transparencia en la Administración, y también en
los partidos políticos y sus fundaciones, que no pueden permanecer como
espacios “secretos” ajenos al control ciudadano.
Por ello, EQUO reclama que se ponga en marcha una ley de transparencia
que garantice el buen gobierno y el control ciudadano y se reforme la
financiación pública de los partidos políticos, siguiendo las
recomendaciones del observatorio europeo contra la corrupción (GRECO):
regulación de préstamos bancarios, transparencia de la información
financiera y contable, refuerzo de las auditorías y mejora de las
atribuciones y recursos del Tribunal de Cuentas, ampliando el sistema de
sanciones.