EQUO, como partido político ecologista, apoya la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) de la Junta de Andalucía contra las leyes y decretos del gobierno central que modifican el régimen de la generación de energías renovables.
EQUO ha venido denunciando desde la publicación de cada una de estas tres normativas (Ley 15/2012, Real Decreto-Ley 2/2013 y Real Decreto-Ley 29/2012), el grave deterioro que para el desarrollo de las energías renovables, en Andalucía y en el conjunto del Estado, suponía la puesta en marcha de esta legislación que, con la excusa de la contención del ficticio y especulativo déficit de tarifa, se ha ido perpetrando. Igualmente, EQUO ha denunciado la inseguridad jurídica que desde el año 2010 los diferentes Ministros de Energía de los partidos mayoritarios han generado, ahogando a un sector clave para el nuevo modelo económico y energético que tanto necesita nuestro país y en el que hemos sido pioneros.
Según Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO Andalucía, “si bien apoyamos la decisión de la Junta de llevar al TC estas normativas, esta decisión del Consejo de Gobierno andaluz nos parece tardía y partidista. Con el último Ministro de Energía del Partido Socialista, Miguel Sebastián, ya comenzaron los ataques y la desprotección al sector de las renovables. En concreto, se obligó al sector de la fotovoltaica a un recorte de un 35% en su rentabilidad, incluyendo la ahora tan denostada retroactividad.”
María Merello, coportavoz de la formación política ecologista, añade: “la democratización del sector energético sería clave en la resolución del permanente “problema energético”, que trae consigo que este negocio en nuestro país sea manejado por grandes corporaciones con la interesada complicidad de los partidos mayoritarios, lejos del interés general. Para ello, EQUO apuesta por permitir la autogeneración y la comercialización de la energía no consumida por los pequeños y medianos productores”.
EQUO continua defendiendo un cambio radical del actual panorama energético, que debe comenzar por la puesta en marcha de una auditoría externa y objetiva de las cifras que se añaden continuamente al llamado Déficit de Tarifa, verdadero cajón de sastre opaco, que un gobierno tras otro, usan al antojo de las grandes eléctricas englobadas en UNESA, para imponer cambios legislativos y subidas de precio que repercuten directamente en la factura de la luz que todos los ciudadanos pagamos, poniendo en riesgo, los gobiernos de uno u otro color, este sector que la Junta dice querer defender.