La diputada de EQUO en el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Carmen Molina, ha presentado una Proposición No de Ley en representación de la Plataforma ‘Acuíferos Vivos’, que aglutina a todas las plataformas comarcales en defensa del agua en Almería. La propuesta exige que se regeneren las masas de agua subterránea declaradas en mal estado y ante las que “la Junta de Andalucía no está cumpliendo con su papel de gestión y planificación”.
Una Proposición No de Ley (PNL) que proteja y garantice la regeneración de las masas de agua subterránea declaradas en mal estado en Almería, no permitiendo que los derechos de los propietarios de concesiones provoquen la pérdida del derecho al agua de los habitantes de la zona. Esa ha sido la propuesta que ha llevado esta semana a la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la diputada de EQUO en el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Carmen Molina, que ha recogido de esta manera la inquietud de la Plataforma ‘Acuíferos Vivos’, que aglutina a todas las plataformas comarcales en defensa del agua en Almería.
Una provincia que en los últimos tiempos, tal y como ha señalado durante su exposición de motivos Molina, viene padeciendo las consecuencias del cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación, que “han generado una grave situación de insostenibilidad que en la actualidad comienza a ser una amenaza, no sólo para el territorio sino también para la población que lo habita, que en algunos casos ha quedado desabastecida de agua y se ve obligada a hacer uso de camiones cisternas, con las limitaciones que esto presenta para el desarrollo de las actividades cotidianas”.
Ante esta penosa situación y la inacción del Gobierno andaluz, que pese a reconocer la problemática no está tomando las medidas necesarias para solucionarla, incumpliendo de este modo su papel de gestión y planificación en materia de agua, la parlamentaria de EQUO ha elevado esta propuesta para que se evalúe y clasifique adecuadamente el estado de las masas de agua subterránea, y “que se haga un uso racional y respetuoso con el medio ambiente, la reutilización de las aguas residuales y medidas que favorezcan la recarga de los acuíferos, que aseguren a largo plazo el suministro necesario de agua en buen estado, de acuerdo con el principio de prudencia y teniendo en cuenta los efectos de los ciclos de sequía y las previsiones sobre el cambio climático”.
Pese a que la propuesta ha contado con el apoyo del resto de grupos en estos aspectos, por lo que esta parte de la PNL ha salido adelante, la oposición de PSOE, PP y Ciudadanos ha impedido la aprobación del apartado en el que se solicitaba que no se otorguen nuevas concesiones de extracción y se adopten las medidas cautelares necesarias que permitan, temporalmente, limitar los derechos preexistentes del uso privativo del agua de los acuíferos declarados en mal estado, en volumen tal que se permita la adecuada recarga de los mismos, hasta que se defina el Plan Específico de Ordenación de los recursos hídricos de estas masas de agua.
“No se trata de confrontar los derechos de los agricultores con los derechos de los ciudadanos”, ha asegurado Carmen Molina, que ha lamentado que se haya esgrimido este argumento para impedir que salga adelante esta cuestión, con la que “garantizaríamos un uso adecuado del agua que es de todos”
Para la Plataforma ‘Acuíferos Vivos’ y EQUO Andalucía, la sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola superintensivo que está haciendo mella en la viabilidad a largo plazo especialmente en Almería, pero también en otros enclaves de nuestra geografía como la zona de la Axarquía o la Costa de Granada.
“Se trata de un modelo que no favorece la economía de los territorios y no ofrece ni empleo ni futuro, debido a la alta tasa de mecanización que presentan las explotaciones que se han instalado y a su insostenibilidad en el tiempo, al depender de recursos finitos de los que, además, están privando al conjunto de la ciudadanía”, ha explicado Molina, que ha abogado por el diseño y cumplimiento de “una necesaria Planificación y una Gestión Territorial que contemple la viabilidad de las actividades a largo plazo, no comprometiendo el futuro de los recursos hídricos y de las actividades que de estos dependan”.