Esteban de Manuel Jerez. Coportavoz de Equo Andalucía y profesor de la E.T.S. De Arquitectura.
El primer lunes de octubre se celebra cada año el día Mundial del Hábitat. La ONU instituyó este día en 1986 para llamar la atención de la opinión pública y de los responsables políticos sobre el hecho de que el derecho a vivir en un hábitat adecuado está lejos de ser alcanzado por una gran parte de la población mundial. Un hábitat adecuado comienza por el derecho a una vivienda apropiada integrada en un contexto en el que sean accesibles los medios para sustentar el buen vivir al que aspira todo ser humano. Es una celebración con un marcado sentido político: es una llamada a la atención sobre lo que nos falta para hacer efectivo el derecho a la vivienda, y para lograr ciudades y pueblos más habitables. Este concepto tiene connotaciones físicas o materiales, que se concretan en la disponibilidad suficiente de viviendas adecuadas y accesibles, pero tiene también otras vinculadas a las oportunidades para vivir que tiene ese entorno, empezando por medios y recursos para sustentar la vida. En Sevilla, Andalucía y España ya estábamos lejos de disponer de viviendas adecuadas y accesibles antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. En realidad lo que más nos alejaba de este objetivo era precisamente la burbuja inmobiliaria y la mala política de vivienda. La política de viviendas y ordenación del territorio contribuyó a inflar la burbuja inmobiliaria al tiempo que a hacer inaccesible la vivienda. Desde los años ochenta ha estado centrada en promover el mercado inmobiliario como motor de la economía. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y el desplome correspondiente del modelo productivo del “milagro español”, a la ausencia de viviendas adecuadas y accesibles mediante alquiler social se sumó la pérdida del empleo masivo. Al mismo tiempo quedó al descubierto el resultado de la mala política: 3.000.000 de viviendas vacías en España, 600.000 de ellas en Andalucía, buena parte de las mismas construidas en lugares inadecuadas para vivir.
El principal problema de hábitat al que nos enfrentamos hoy viene de la situación de emergencia habitacional provocada por el estallido de la crisis financiero-inmobiliaria. El drama de los desahucios amenaza potencialmente a la mayoría de la población española, bien por estar parada, bien por estar en riesgo de perder su empleo, bien porque la brusca caída de los salarios reales de quiénes trabajan, les hacen cada vez más difícil seguir asumiendo sus compromisos hipotecarios. Es una de las caras más expresiva de los efectos de la gestión antisocial de la crisis.
Y la ecuación que resuelva el sinsentido de casas vacías y gente sin casa no pasa por construir más viviendas, como plantean las mentes simples de los expertos y los políticos que nos llevaron a esta situación y que no han aprendido nada de ella. La solución al problema pasa por la gestión de la vivienda vacía, mayoritariamente en poder de los bancos que inflaron la burbuja inmobiliaria, y que fueron rescatados con dinero público y a costa de la pérdida de derechos económicos y sociales del conjunto de la ciudadanía. La solución pasa por generar una gran bolsa de vivienda en alquiler social, de gestión pública, social o privada, a partir de las viviendas vacías en poder de los bancos. Es una cuestión de justicia social. Para poner en marcha una política de vivienda centrada en hacer cumplir este derecho, tenemos dos herramientas constitucionales: el artículo 47 que consagra el derecho a la vivienda y conmina a la administración pública a crear las condiciones para satisfacerlo y el concepto de función social de la propiedad. El derecho de propiedad encuentra su límite cuándo esta no se usa y al tiempo no se hace efectivo del derecho a la vivienda de las mayorías. Es un tema sensible y delicado. Pero que adquiere sus verdaderas connotaciones políticas y éticas cuándo hablamos de la gran bolsa de vivienda vacía en poder de los bancos y el drama de los desahucios.
El movimiento de las corralas apunta al corazón del problema y propone una solución. Poner en alquiler social las viviendas vacías en propiedad de los bancos a resultas de operaciones fallidas de la burbuja inmobiliaria, mediante acuerdo con los propietarios. Las vecinas y vecinos de La Corrala La Utopía, la primera y más emblemática, proponen a Bancaja hacerse corresponsables, a modo de cooperativa, de la gestión del alquiler y el mantenimiento del edificio. Bancaja no acepta esta fórmula, ha abandonado las conversaciones y presiona con una rápida solución judicial, al tiempo que ofrece acuerdos individuales caso a caso a cada una de las familias. Su estrategia de intentar dividir a las vecinas de las corralas encuentra apoyo en el ayuntamiento y altavoz en Diario de Sevilla. Pero la potencia de la Corrala está en su capacidad organizativa, en la oferta de una gestión colectiva de un bien común, en la creación de comunidad y organización allí dónde la sociedad produce individualismo, atomización y aislamiento. No es fácil. Pero si queremos una política social de vivienda sostenible, es la vía. Confiar en la capacidad de corresponsibilización y cogestión de la gente para afrontar el problema. La vivienda en alquiler social en España tiene que salir de la cultura asistencialista y marginal a la que la han llevado las políticas de vivienda de los últimos treinta años. Y para ello hay que dejar de considerar a quién necesita una vivienda como un asistido pasivo y empezar a considerarlo como un ciudadano organizado para satisfacer un derecho social básico asumiendo responsabilidades. Bancaja tiene todavía la oportunidad de dar un giro de 180º a su estrategia para demostrar que está dispuesta a cumplir su finalidad social llegando a un acuerdo ejemplar colectivo con La Utopía. Para eso tendrá que dar un giro de 180º a su actual estrategia.
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