Según el Seprona Andalucía volvió a liderar en 2013 la triste estadística del maltrato a perros con 2658 casos entre los cuales carencias higiénicas y sanitarias, perros robados, transportes inadecuados de canes, abandono, desnutrición, muerte a golpes, tiroteados y ahorcados. Estos datos s e refieren únicamente a casos comunicados a la Guardia Civil, por lo que no recogen notificaciones a la Policía Local, ayuntamientos, juzgados o centros de acogida. Para EQUO, esta realidad es indicativa de una falta de sensibilidad social que nos rebaja como sociedad y que las administraciones deben intentar reducir, por medio de leyes y medidas pedagógicas.
Sin embargo, actualmente, las expectativas en nuestra comunidad autónoma no son halagüeñas, pues los encargados de legislar y hacer cumplir las normativas sobre bienestar animal en Andalucía no han hecho bien los deberes. No trabajan en pos de conseguir que aumente el bienestar animal ni legislan para protegerlos, más bien todo lo contrario.
En palabras de Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO Andalucía “El nivel moral de una sociedad se puede valorar por la forma en que trata a los seres más desvalidos, entre los que se encuentran, sin duda, los animales. En Andalucía el peso de los lobbys que propugnan o toleran de una forma u otra el maltrato y la crueldad con los animales es muy fuerte e imponen su peso en las políticas de la Junta”.
La Junta de Andalucía ha destacado por su permisividad a la hora de controlar y sancionar el maltrato animal. La Ley de 2003, que se presentó como Protección de los Animales permite, entre otros despropósitos, las peleas de gallos «para mejorar la raza del gallo combatiente español», así como el transporte de rehalas en condiciones inadecuadas, la mutilación de perros de caza y los entrenamientos de galgos arrastrados o empujados con vehículos a motor.
Igualmente, tras la creación en 2012, con años de retraso, del Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, del mismo no forma parte ninguna representación de asociaciones proteccionistas ni colectivos animalistas andaluces, algo escandaloso, tanto que en Marzo de 2013 el Observatorio Justicia y Defensa Animal denunció ante el Defensor del pueblo andaluz que la Junta de Andalucía había excluido sorprendentemente a dichos colectivos del citado Consejo.