EQUO Andalucía manifiesta su satisfacción tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha dado la razón a la Junta de Andalucía y a todos los que se opusieron a las decisiones del Ayuntamiento en relación al Plan especial de la carretera de Palma del Río, que preveía la regularización de las naves de Arenal 2000. La formación ecosocial, miembro del Partido Verde Europeo, reclama, por tanto, la restitución de la realidad preexistente, concluyendo con la demolición del 100% de lo construido y el cobro de la multa de 20,4 millones impuesta a su promotor, el constructor y concejal cordobés, Rafael Gómez, condenado en el caso Malaya.
Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO Andalucía, ha recordado la posición que ha mantenido EQUO en este asunto: «El hecho de que los cuatro grupos políticos representados en el Ayuntamiento (PP, UCOR, IU y PSOE) aprobaran este Plan por unanimidad ofreció una triste imagen de la administración, permisiva con el incumplimiento de las normas básicas de funcionamiento de nuestra sociedad, especialmente cuando los infractores son poderosos financiera y políticamente hablando». «Estamos de enhorabuena porque esta sentencia es el comienzo de la restitución de la legalidad y debería tener consecuencias políticas en el Ayuntamiento de Córdoba», ha añadido de Manuel.
Por su parte, para María Merello, coportavoz andaluza de la formación política, «es una buena noticia que se haya tumbado un plan que agravaba los problemas urbanísticos de la ciudad defendiendo unos intereses que, ni son los de la mayoría de la población, ni coinciden con el interés general que deben perseguir nuestros concejales. Desde EQUO Córdoba se ha venido denunciando esta complicidad inaudita de todos los partidos políticos representados en el consistorio, lo que evidencia la necesidad de un cambio profundo en la política cordobesa”.
Para EQUO, las actuaciones en materia urbanística deben planificarse con una visión a largo plazo, estableciendo claramente límites para proteger el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio, además de promover unos valores de respeto a la legalidad vigente y el bien común, así como un urbanismo compacto y sostenible.