Ante la reciente aparición en BOJA de una orden que modifica la regulación de las plazas concertadas en residencias de la tercera edad, el partido político EQUO entiende que la Junta de Andalucía aplica unos recortes injustificados en estos servicios sociales que supondrán despidos, bajadas de salarios y, en definitiva, una peor atención a nuestros mayores.
Las recientes modificaciones pretenden reducir la factura que abona la Junta de Andalucía a los centros concertados por garantizar servicios públicos. De esta forma, la Junta de Andalucía continúa con su política de austeridad encubierta, desplazando a los agentes privados que cubren servicios públicos que la Junta no ofrece los recortes que el gobierno del PSOE e IU dice rechazar. Para EQUO Andalucía no es más que una muestra de hipocresía para evitar asumir costes políticos por aplicar recortes directos sin tener que enfrentarse frontalmente con el gobierno central.
En palabras de María Merello, coportavoz regional de EQUO: “Con las nuevas normas, la Junta no paga por las camas concertadas vacías pero al mismo tiempo, obliga a las residencias a dejarlas en reserva por si las reclamara la administración autonómica, con lo que les produce perdidas, especialmente importantes para los pequeños centros que no dependen de compañías importantes. Si la Junta no quiere ofrecer directamente estos servicios públicos, es necesario que los dote adecuadamente, porque al final hablamos de empleos y de una atención de calidad a nuestros mayores.”
Por su parte, Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO Andalucía, apunta: “Esta política de recortes vergonzantes por parte de la Junta se está extendiendo a todos los sectores donde asociaciones o empresas privadas prestan servicios públicos que la Junta no puede o no quiere ofrecer. Que la gestión sea privada no significa que los ciudadanos y ciudadanas no tengan el derecho a esos servicios, que incluyen, además de las residencias a la tercera edad, centros de menores, pisos tutelados o atención a mujeres y menores víctimas de malos tratos, entre otros casos”.
EQUO entiende que este sistema conduce a una perdida sostenida de la calidad de los servicios públicos de gestión privada y reclama de la Junta que apueste bien por su gestión directa desde lo público, bien por una correcta dotación que garantice la calidad de los servicios y el empleo de calidad.