EQUO Andalucía quiere mostrar su apoyo a las 31 familias de la Corrala La Utopía ante el auto de desalojo del edificio decretado por el Juzgado nº. 3 de Sevilla, en el que se establece un plazo provisional para que se efectúe el mismo antes del quince de marzo. Por otra parte respalda los argumentos presentados por el grupo de abogados 17 de marzo en su recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla solicitando que se suspenda el proceso de desalojo en tanto se resuelva el mismo. Dicho recurso se fundamenta en que no se dan razones de urgencia que justifiquen la orden de desalojo y se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que especifica que para que se produzca un desalojo de este tipo, se requiere que las administraciones públicas tengan una alternativa para las familias, es decir, que si no hay alternativa el tribunal considera que estos desalojos son ilegales y no deben producirse porque producen un daño irreparable.
Para este partido político es urgente que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla se movilicen, asuman sus competencias y busquen o contribuyan a buscar una solución colectiva al problema de vivienda de las familias.
Desde EQUO Andalucía queremos mostrar nuestro respeto y cariño a todas las personas de la Corrala y, de manera especial, a Toñi Rodríguez en su séptimo día en huelga de hambre frente a la sede de Ibercaja en la calle San Fernando de Sevilla. “Su coraje y valentía nos empujan a encontrar urgentemente una solución”, ha declarado Esteban de Manuel, coportavoz de Equo Andalucía. También animamos al Grupo 17 de Marzo para que continúe con su labor de defensa jurídica de los vecinos y pide a la ciudadanía y a las organizaciones sociales que se sumen al trabajo de la Plataforma de Apoyo a la Utopía para buscar una solución definitiva. Por último apoyamos el esfuerzo que está realizando el Defensor del Pueblo andaluz en su tarea de intermediación ante Ibercaja.
Con este caso se ejemplifica la terrible paradoja que estamos viviendo en la que los ciudadanos desahuciados por los bancos se ven obligados a ocupar viviendas vacías para no verse obligados a dormir en la calle, mientras entidades financieras que han sido rescatadas con el dinero de todos los españoles se niegan a buscar soluciones que vayan más allá de su propio beneficio económico.