La diputada nacional de EQUO VERDES preguntará al Gobierno de España si este cambio legislativo es compatible con la legislación nacional y europea
“Andalucía marcha en sentido contrario al resto de Europa, y ello puede suponer elevadas sanciones económicas de la Comisión Europea” declara el portavoz de Verdes EQUO en Rota, Mateo Quirós
El gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, excluye la evaluación de impacto ambiental, a través de una disposición final en el Decreto-ley 3/2021 de medidas de agilización administrativa, pudiendo excluir cualquier proyecto de dicha evaluación ambiental, añadiendo un apartado 3 al artículo 16 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, textualmente con la siguiente motivación: “cuando su aplicación (de la evaluación ambiental) pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto.”
Esto supone de facto, que el Consejo de Gobierno andaluz, con una simple declaración motivada, acabe con toda la legislación que defiende nuestro medio ambiente, profundamente dañado por décadas de ladrillazo, nefasta gestión del territorio, contaminación “a toda costa” y vertidos en el ciclo integral del agua.
“Andalucía marcha en sentido contrario al resto de Europa, y ello puede suponer elevadas sanciones económicas de la Comisión Europea” declara el portavoz de Verdes EQUO en Rota, Mateo Quirós.
No en vano, ayer mismo, Día de Andalucía, se ha conocido que España es el país de la Unión Europea con más infracciones ambientales abiertas por la Comisión.
Durante 2020 la Comisión remitió tres últimos avisos a España sobre incumplimientos de la normativa ambiental que venía arrastrando y que no ha resuelto tras los plazos previstos, por una parte el asunto de las aguas residuales y su tratamiento, problema que ya está suponiendo para España el pago de una multa, tras una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
Además, España recibió un ultimátum sobre la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por los residuos de la agricultura y la ganadería intensiva, debiendo reducir a la mitad la contaminación por exceso de nutrientes y un 20 por ciento el uso de fertilizantes.
Y el tercer dictamen motivado, paso previo a los tribunales de justicia, llegó en diciembre pasado a cuenta de la falta de protección adecuada de la tórtola europea.
En julio, la Comisión abrió un procedimiento para urgir a España a que terminara de designar las Áreas de Especial Conservación para proteger hábitats o especies consideradas de interés general. España tenía pendiente de declarar 1.278 zonas cuyo plazo había «expirado hace mucho tiempo», según la Comisión Europea.
Otra de las materias en las que Europa exige a España que se ponga al día es la gestión de residuos. En octubre se iniciaron procedimientos de sanción por no tener resuelta la normativa acerca de la gestión de pilas, acumuladores y vehículos al final de su vida útil y también por la normativa de paquetes y envoltorios.
Verdes EQUO teme que la falta de evaluación ambiental obligatoria en Andalucía, suponga un aumento exponencial de infracciones, lo que vendría a suponer de nuevo, la privatización de los beneficios por dicha falta de evaluación en los proyectos, y la socialización de las pérdidas por el pago de las sanciones europeas con dinero público de los Presupuestos Generales del Estado.
Por todo ello la diputada nacional de Verdes EQUO, Inés Sabanés, preguntará al Gobierno de España si este Decreto Ley andaluz de medidas de agilización administrativa es compatible con la legislación nacional y europea, por si es constitutivo de recurso.
Así mismo Verdes EQUO planteará la tramitación de denuncia ante el Defensor del Pueblo y la fiscalía.